El viejo libreto contra la insurgencia
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Por: Orlando Cienfuegos, corresponsal de Antorcha.

El pasado 27 de septiembre, los medios masivos de desinformación, al servicio de las élites, difundieron la noticia de que el ejército y la policía habrían desmantelado un laboratorio para la producción de cocaína en zona rural de San Cayetano, Cúcuta, Norte de Santander. Según el reporte, se incautaron 240 kilos de clorhidrato de cocaína, además de insumos químicos y equipos para el procesamiento. Sin embargo, la nota no se limitó a describir el operativo, sino que, sin pruebas en la mano señaló al Ejército de Liberación Nacional, como presunto responsable del laboratorio. Una acusación que no es nueva y que se enmarca dentro de una estrategia histórica de deslegitimación contra la insurgencia.

Los verdaderos dueños del negocio: Sijin, paramilitares y DEA

No es la primera vez que el Estado colombiano recurre a este tipo de señalamientos. Cada vez que se encuentran laboratorios, se lanza la acusación automática contra la insurgencia. Sin embargo, nunca presentan pruebas sólidas: no capturan a militantes, no muestran vínculos reales, ni establecen nexos claros. Se trata, más bien, de operaciones psicológicas y mediáticas que buscan asociar la guerrilla con el narcotráfico, mientras ocultan a los verdaderos responsables de este negocio.
En Cúcuta y su área metropolitana, operan más de 20 bandas criminales que se disputan el microtráfico, el sicariato, la extorsión y las rutas del narcotráfico. Todas ellas actúan bajo la tolerancia —cuando no bajo la dirección— de las fuerzas estatales, la Sijin, estructuras paramilitares y hasta con el apoyo de la DEA. El negocio de la cocaína en Colombia ha estado íntimamente ligado al propio Estado y a sectores de la burguesía que lo manejan directamente o a través de terceros.

Deslinde categórico: la posición histórica como ELN frente al narcotráfico

El señalamiento contra el ELN no solo es falso, sino que contradice la realidad del país, así como la palabra y los hechos con que la organización ha demostrado un deslinde categórico frente al narcotráfico. Desde los Congresos Nacionales -máxima instancia de definición política y militar-, nuestro ELN ha dejado claro que no cultiva, no produce, no transporta ni comercializa drogas. Quienes de manera individual han intentado transgredir esta definición, han sido sancionados de forma drástica. Casos como el de Arauca son ilustrativos: allí, gracias a la decisión de las comunidades y el respaldo del ELN, se erradicaron los cultivos de coca hace más de dos décadas.

¿Por qué, entonces, insistir en acusar a la insurgencia? Porque es parte del libreto de un Estado que necesita justificar su represión y mantener el estigma sobre quienes se levantan contra la injusticia. Es más fácil repetir la mentira de “guerrilla narco” que explicar por qué los carteles crecen bajo la sombra de las instituciones, por qué la DEA dicta la política antidrogas del país mientras trafica y por qué el ejército convive con el paramilitarismo en las zonas cocaleras.

Narcotráfico: un problema de Estado, no de la insurgencia

Frente a la política de mentira y criminalización, como ELN hemos realizado una propuesta seria y estructural: la legalización de las sustancias psicoactivas; un pacto de responsabilidad entre países productores y consumidores; planes alternativos para las comunidades campesinas que trabajan en los cultivos ilícitos que deben sustituirse; la persecución a todos los carteles del narcotráfico, tanto de producción, como de comercio y distribución, incluida la persecución a los bancos lavadores de narco-dineros en el sistema financiero internacional, paraísos fiscales y a los precursores de insumos químicos; y un trato en clave de salud a los narcodependientes, que no se les vean como delincuentes.

La verdad, tarde o temprano, se abre camino: el narcotráfico no depende de la insurgencia, sino del propio Estado y del imperialismo estadounidense que lo administra. Mientras tanto, el pueblo colombiano y como ELN seguiremos resistiendo a la maquinaria mediática y militar que intenta disfrazar de “noticia” lo que no es más que propaganda de guerra.


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