Por: Rachel Medina

El Paro Nacional iniciado el 28 de abril y que completa 40 días de movilizaciones, acciones de protesta y confrontación con las fuerzas represivas del Estado va dejando varias enseñanzas políticas para las generaciones más jóvenes que se han propuesto cambiarlo todo y va develando la verdadera cara del gobierno autoritario mostrando lo que esta dispuesto hacer para defender los intereses oligárquicos.

El balance en víctimas del Paro Nacional es muy grande y alcanza las diferentes regiones y ciudades capitales del país. La violencia política desatada por el Estado en contra de los manifestantes es desmedida y tiene el propósito de acabar la protesta por vía del asesinato, la violencia sexual, la detención arbitraria, la desaparición forzada y demás modalidades de violencia que la policía y los paramilitares han ejecutado en las calles y carreteras del país. Para los manifestantes no parece haber ningún derecho que proteja su integridad, todo lo contrario, son perseguidos indiscriminadamente y de forma sistemática.

A medida que trascurre el proceso de movilización y que el gobierno posterga una y otra vez la salida política y negociada con el Comité de Paro para hacer énfasis en las medidas represivas y la guerra contra la población, el número de víctimas y las modalidades represivas crecen y se intensifican contra la gente de a pie. Una de esta modalidades que menos atención ha tenido en la opinión es la desaparición forzada de personas a manos de agentes del Estado que comunmente van de la mano con la detención arbitraria, y que son ocultadas por el establecimiento.

La desaparición forzada, que no es nueva en Colombia, consiste en la privación de la libertad de una persona cometida por agentes del Estado seguida de ausencia de información y ocultamiento deliberado de su paradero por parte de las instituciones. Para que sea efectiva el Estado actúa deliberadamente en contra de las víctimas sin dar explicaciones, protegiendo a los victimarios y sin hacer seguimiento e investigación, favoreciendo la impunidad. Los detenidos desaparecidos en el Paro Nacional a un mes de iniciadas las manifestaciones se cuentan por cientos y el número preciso varian dependiendo la fuente de la información, ya sea independiente o estatal.

La situación es tan grave que ni siquiera las instituciones del Estado coinciden en los datos, para la Fiscalía General de la Nación al 7 de junio los desaparecidos en el Paro Nacional son 91 personas, y para la Defensoría del Pueblo la cifra llega a 123 desaparecidos a nivel nacional. Las fuentes independientes y relacionadas con la defensa de los DDHH (Informe de la comisión internacional de DDHH) contabilizan 181 desparecidos sólo en cinco ciudades principales y donde las protestas han sido particularmente fuertes (Cali, Medellín, Popayán, Bogotá y Pereira), así mismo, la Mesa de trabajo sobre desaparición forzada de la Comisión Colombia-Europa-EEUU habla de 327 desaparecidos desde el inicio de las manifestaciones.

Una muestra de la situación por ciudades la facilita los datos de la Comisión Internacional de DDHH para quien la desaparición forzada es una modalidad represiva más presente en Cali con 93 personas, Medellín con 71, Popayán con 9, y Bogotá y Pereira donde hay 4 desaparecidos en cada ciudad; desapariciones en el marco del Paro Nacional. La institucionalidad del Estado y las autoridades locales ocultan esta realidad y favorecen deliberadamente a los responsables al subestimar y desatender la gravedad de la situación.

Así, la desparición forzada se convierte en una estrategia represiva para combatir la manifestación masiva como si fuera el enemigo interno de la doctrina de Seguridad Nacional impulsada he implementada durante décadas en Colombia. Son comunmente conocidos los propósitos de esta práctica estatal la cual persigue eliminar opositores políticos, aterrorizar a la población movilizada, eliminar testigos de otros casos de violencia estatal y acabar con la presencia de población marginal que represente alguna “amenaza”. En resumen la desaparición forzada es la cara pública que adopta en este momento el terrorismo de Estado contra el Paro Nacional.

La brutal represión a manos de agentes del Estado (Fuerzas Armadas y Paramilitares) tiene una explicación clara y precisa, las ordenes han salido de Alvaro Uribe, Ivan Duque y el Centro Democrático quienes encabezan el régimen de terror. Han sido múltiples y públicos los llamados a la violencia estatal contra los manifestante, el señalamiento contra las organizaciones sociales y la presión ejercida sobre las instituciones y funcionarios locales para hacerle la guerra a la gente. El Decreto 575 de 28 de mayo de 2021 con el que se militarizan 7 departamentos y varias capitales del país alegando restablecer el orden público; “las ordenes” impartidas por redes sociales y medios masivos de Uribe y Cabal; y los reiterados llamados de Duque y sus ministros a actuar con determinación y contundencia contra el pueblo mientras se dilatan y desatienden las demandas del paro, así lo demuestran.

En conclusión, la violencia política, las cifras de desaparecidos y las declaraciones del uribismo en el poder evidencian la crisis política e institucional de Colombia, en la cual el Estado es incapaz de cumplir las obligaciones internacionales en materia de DDHH y el gobierno, siendo incapaz de atender las demandas ciudadanas, promueve en su lugar la violencia política y el terrorismo de Estado. La crisis hoy anuncia los tiempos de cambio.

“Pero cuando el pueblo se decide a luchar hasta el final, no hay ninguna potencia que pueda ser superior a la potencia de ese pueblo que quiere su libertad”. Camilo Torres Restrepo