Por. Rachel Medina

El paramilitarismo es una política de Estado contra el pueblo, definida e implementada a lo largo de la historia del conflicto social y armado colombiano para impedir los cambios políticos de democracia, justicia e igualdad que las mayorías reclaman desde hace décadas.

El lugar que ha tenido la acción paramilitar en la represión del Estado colombiano son diversos y responden a cada momento histórico, en unos casos la represión del Estado ha sido más legal con estados de sitio y violencia oficial, y en otros la represión ha sido más encubierta y a cargo de grupos de violencia privada que cumplen con el mismo propósito evitando que la responsabilidad recaiga sobre los organismo oficiales del Estado.

En la coyuntura actual de Paro Nacional, el Estado ha combinado acciones represivas a cargo de la policía y el ejército, pero también de fuerzas paramilitares, que alegando un supuesto derecho de seguridad privada asesinan e intimidad indiscriminadamente a la población movilizada, buscando ahogar la protesta en sangre y miedo para que todo siga igual.

Acciones de este tipo de han presentado en Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira, Manizales, Ibague y Popayán, además de municipios como Yumbo, Buga y Tulua en el Valle del Cauca; consecuencia de ello hay muertos y heridos a manos de estos grupos al servicios del Estado, el caso emblemático de esta modalidad de violencia estatal en este Paro Nacional es Lucas Villa, un joven asesinado por paramilitares en Pereira, además las descenas de desparecidos a manos de estas Fuerzas que actuan con connivencia y complicidad de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las ONGs de DDHH que hacen seguimiento a la movilización, la combinación de represión legal e ilegal del Estado contra el Paro Nacional tras 36 días de protesta popular son: 3.825 violaciones a los DDHH entre los cuales se encuentran 75 asesinados en el marco de las manifestaciones. El informe de las ONGs que hacen seguimiento a estas violaciones denuncian 1248 casos de violencia física a manos de la policía, 1649 detenciones arbitrarias, 705 intervneciones violentas, 65 victimas de agresión en sus ojos, 187 heridos por armas de fuego y 25 casos de violencia sexual. Así mismo son 129 los casos de desapareción forzada a manos de fuerzas represivas del Estado, incluyendo los paramilitares, cifras propias de un Estado que esta en guerra contra la población civil.

El tratamiento de guerra que recibe la población y los jóvenes movilizados a manos de las fuerzas criminales del gobierno de Duque-Uribe, merecen el rechazo de la población en su conjunto y llaman a mantener la movilización masiva, a fortalecer la organización popular, a construir los espacios de deliberación popular y democracia directa que permitan preparar las jornadas de movilización y acción política que en los próximos meses derroten al uribismo y con él entierren el neoliberalismo que lo sostuvo en el poder por más de 20 años.

Agitamos la consignas

¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!