Por: Carolina Martínez, corresponsal de Antorcha Estéreo.
La defensa de los derechos humanos y el liderazgo social, político, comunitario o ambiental continúan siendo una actividad de alto riesgo en Colombia, por el contexto de conflicto armado que permanece y se recrudece en varias regiones del país como en el suroccidente colombiano, pero también por las pocas o insuficientes garantías que brinda el Estado a los líderes y lideresas sociales que ejercen la defensa de los derechos humanos.
En lo que va del 2024 se registran 21 masacres y más de 60 asesinatos de líderes y lideresas sociales. Según organizaciones de DDHH, entre enero y abril de 2024 se registraron 59 asesinatos, en lo que va del mes de mayo ya se registran 5 asesinatos. Algunos de estos líderes y lideresas contaban con esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin embargo, esto no sirvió para evitar sus muertes.
Asesinatos en mayo
Jaider García Uribe, líder cívico y político de Colombia Humana en San Luis, Antioquia. Asesinado el 4 de mayo, mientras se desplazaba en su carro por el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Su hijo David García, que también era líder político, fue asesinado hace 3 años.
Miguel Ángel Bautista Correa, líder comunal, del barrio 13 de marzo de Villa del Rosario, Norte de Santander. Asesinado el 5 de mayo en el barrio Montevideo II del municipio Villa del Rosario.
Diomara Cifuentes, lideresa campesina y comunal de la vereda Naranjal en Suárez, Cauca. Fundadora de la Asociación de Trabajadores de la Cordillera (ASOCORDILLERA). Asesinada el 6 de mayo en su vivienda.
John Jarry Vargas Sarabia, reconocido líder sindical de la Unión Sindical obrera (USO), en Norte de Santander. Fue asesinado el 9 de mayo en Tibú, Norte de Santander.
Emilse Bailarín Domicó, lideresa cultural y artesana de la comunidad Embera en Córdoba. La Asociación de Cabildos Indígenas Un Nuevo Amanecer (ASOCANU), había denunciado la desaparición de la mujer de 22 años hace una semana. Su cuerpo fue encontrado el 9 de mayo, en la vereda Tuis Tuis de Tierralta, Córdoba, con signos de tortura y violencia sexual.
En el 2023 fueron asesinados 188 líderes y lideresas sociales, se registraron 94 masacres con 303 víctimas. Los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Nariño son los que más registran asesinatos. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, han asesinados más de 400 excombatientes y más de 1500 líderes y lideresas sociales.
La negligencia del Estado y la violencia en los territorios
Desde mediados del 2022 se registra una disminución de los asesinatos de líderes y lideresas sociales. En el primer trimestre del 2023 se registró el número más bajo, 35 asesinatos, comparado con el primer trimestre del año anterior donde se registraron 53 asesinatos. Haciendo una comparación entre el 2022 y el 2023, en el año 2022 se registraron 187 asesinatos, mientras que en el año 2023 se registraron 188, se puede evidenciar que el incremento no es tan significativo. Pero lo preocupante sigue siendo la inoperancia y poca efectividad del Estado colombiano para esclarecer estos crímenes, frenar los asesinatos y brindar garantías para la defensa de los derechos humanos.
En la sentencia T-473/18 del 6 de diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales, respecto a la violación sistemática de los derechos fundamentales de líderes sociales y sus comunidades en todo el país, como respuesta a 20 acciones de tutela presentadas por líderes y lideresas sociales. El Tribunal declaró que el Estado colombiano fracasó en sus políticas y planes para frenar el asesinato de líderes y lideresas sociales, no brindó la protección y las garantías en las labores que estas personas desempeñan. Además se evidencia negligencia de instituciones del Estado para dar respuesta frente a las denuncias que se presentan y realizar las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los crímenes, lo que lleva a que la mayoría de estos queden en la impunidad.
El avance del paramilitarismo en los territorios y la connivencia con las fuerzas armadas del Estado continúan siendo la mayor amenaza para las comunidades y las personas que ejercen algún tipo de liderazgo social, proceso político alternativo o que confronte los poderes locales, defensa del territorio o medio ambiente. El genocidio se continua perpetrando en las comunidades que defienden el territorio y construyen planes de vida en contra de la violencia y el terror.
La Mesa de diálogos entre el ELN y el Gobierno nacional debe llevar a buscar soluciones a los problemas estructurales que históricamente ha padecido Colombia, donde las propuestas de las comunidades sean escuchadas y respetadas, donde hayan garantías para la defensa de los derechos humanos y la naturaleza.
Referencias:
Sentencia T-473/18. Corte Suprema de Justicia. 6-12-2023.
Violencia en Colombia. Informe 2023. Indepaz.
Muchas intenciones de Petro han sido buenas, lástima la gente detrás. Pueden decir lo que quieran pero no son buenos administradores, en esa bancada la visión se perdió hace mucho tiempo y mientras el muestra su “humanismo” a medias, está gente está dedicada a ganar terreno y a ganar poder que va a ser en su beneficio y eso lo sabe uno con las personalidades. Él lo que quiere es agotarlos, cansarlos para que firmen acuerdos donde le sea más sencillo tener el poder sobre las armas. Y el gobierno se dedica perpetuar la violencia, sin ningún interés de conservar los logros que se exigieron y se lucharon desde las célula urbanas. Se amerita los avances que hicieron líderes y liderezas. Esos logros no son de él.
Intenciones de juzgar los crímenes nada porque todo es una toma de poder. Desde Sincelejo nada ha cambiado. Habrá uno o dos que todavía tienen sentimiento de lucha. La bancada en Sincelejo que apoya a Petro es la misma gente con las mismas dinámicas, lo único que ha cambiado es el poder que han adquirido y que no saben administrar ni gestionar.