Por: Georgina Soto, corresponsal de Antorcha Estéreo
Los hechos sicariales que han ocurrido en los últimos días en Cúcuta, han empeorado la percepción de seguridad de las personas en Norte de Santander, por esto las exigencias ciudadanas de mejorar la seguridad, cada vez son mayores para el alcalde Jorge Acevedo y su secretario de seguridad. Los funcionarios argumentan que la falta de control y medidas eficaces se debe a la falta de presupuestos acordes a las problemáticas.
Lo que indican es que parte de los recursos que han recibido, han sido para: la movilidad de motos y carros exclusivamente para el Gaula, para poder adecuar las instalaciones donde va a funcionar el nuevo Gaula metropolitano, la dotación del moviliario de equipos tecnológicos y la seguridad ciudadana. El resto de recursos pasaron por algunas operaciones administrativas y la inversión hacia los centros de atención inmediata.
La inseguridad creciente para la población es fruto de la disputa por el control del territorio para consolidar los negocios de narcotráfico y microtráfico a través de la criminalidad y el sicariato, producto de esta disputa proliferan gran cantidad de bandas que imponen el temor y la zozobra a la población, un gran número de estas bandas están asociadas al paramilitarismo y vinculadas a los poderes políticos y económicos de la ciudad y su accionar se desarrolla de forma coordinada con policías y militares.
Estos negocios financian la carrera de los políticos locales y en contraprestación las bandas cogobiernan el territorio, a través de sobornos controlan a las fuerzas represoras del Estado haciéndolas funcionales a sus intereses particulares. No es de extrañar que los poderes políticos y sus fuerzas armadas sean incapaces de resolver una problemática ocasionada por un negocio del que hacen parte.
La seguridad de la población más humilde del territorio no puede ser garantizada por las instituciones armadas o políticas de la ciudad, la seguridad no proviene de mayores inversiones en armas, cámaras y vehículos para el control y la represión, en la historia de la ciudad los referentes de zonas seguras no provienen de las políticas públicas, sino de la organización comunitaria y popular que garantiza no solo la protección de los territorios empobrecidos, sino los proyectos comunitarios que resuelven las necesidades sociales que el Estado no garantiza.
