En la semana anterior el país conoció los resultados de la última encuesta bimestral de Gallup Colombia, en la que el 64 por ciento de los encuestados, expresaron que la implementación de los acuerdos de paz con las FARC van camino del despeñadero. Y el 64 por ciento, está de acuerdo con que el Gobierno Nacional reanude los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional.
El sentido común dicta enderezar el mal camino, en que el incumplimiento estatal ha postrado la implementación de los acuerdos firmados con las FARC; y también aconseja al Gobierno reanudar la Mesa de conversaciones de paz con el ELN.
Pero el Gobierno del Centro Democrático sigue haciendo todo lo contrario, que es aliarse con el Presidente Trump en el propósito de extraditar jefes de las FARC que firmaron la paz, tomando como excusa montajes judiciales. Conspiración contra la paz que apenas es un eslabón más de la cadena de incumplimientos a lo acordado sobre verdad, justicia, tierras, reforma política, amnistía, proyectos productivos, planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, etc.
Frente al ELN, este Gobierno mantiene congelada la Mesa de diálogos, mientras arrecia grandes operativos militares en todos sus territorios; a lo que agrega una guerra mediática con “noticias falsas” en nuestra contra. A la vez que nos conmina a dejar de hacer acciones de respuesta a las operaciones ofensivas de sus Fuerzas Militares y paraestatales.
La política de los seguidores del ex presidente Uribe persigue truncar los esfuerzos de paz, hechos los últimos años; pretende reemplazarlos por guerra a los países vecinos y contra los campesinos cultivadores de coca; genocidio contra los líderes sociales y trato de guerra a la protesta social; para lo que destina aún más presupuesto para la guerra y reduce el destinado a educación y salud públicas.
El discurso del Presidente Duque quiere hacer creer a las colombianas y colombianos, que su propuesta de paz equivale a rehacer el país de acuerdo a las 50.000 leyes existentes. Este formalismo deja de lado la esencia del problema, porque la legalidad se construye en torno al diálogo por la paz, no alrededor de la guerra.
Nunca es tarde para rectificar el camino y dejar de ir hacia un despeñadero, en el que colapsaría el acuerdo de paz, al consumar el acto de venganza que constituiría la extradición de líderes de las FARC hacia los Estados Unidos; desplome que impactaría terriblemente en el camino de solución política que transita el ELN.
La conformación de unas mayorías nacionales por la paz constituyen una severa advertencia para Uribe y sus seguidores, a quienes les cuesta tener voluntad para el cambio y la conciliación. En estos millones de colombianas y colombianos está la presión necesaria, para hacer que la élite dominante deje a un lado los dictados de Trump y piense más en la nación colombiana.
La sociedad colombiana puede seguir contando con el ELN para lograr los objetivos pactados en la Agenda de conversaciones: “Terminar el conflicto armado y acordar transformaciones para una Colombia en paz y equidad”.
Al reanudarse la Mesa de conversaciones con el ELN, está por pactar un nuevo cese al fuego bilateral, como el cumplido durante 101 días al finalizar 2017; como un aporte desde ya a rebajar la intensidad del conflicto y llevar un alivio humanitario al país.
No hay que olvidar el mensaje del Papa Francisco, durante su visita a Colombia en 2017:
“La paz es un acuerdo para vivir juntos, un pacto social y cultural… Por la justicia y no la venganza; por la reparación en la verdad y no en el olvido”.
Ojalá el Papa le haya recordado esto, a la familia de Duque, en su visita al Vaticano de hace una semana.
