Por: Harriet Montoya, corresponsal de Antorcha Estéreo.
La seguridad ahora y como ha sido por décadas, es un negocio donde empresas y sectores del país se benefician de quienes tienen como pagarla. Haciéndonos creer que con apps, cámaras de seguridad o fuerza armada se garantiza la seguridad; cuando ya vimos durante este tiempo en la COP16 que no es cierto, seguimos siendo víctimas de la desaparición forzada, de la explotación infantil, del robo y el narcotráfico en nuestros barrios.
Así como la educación y la salud, la oligarquía y los más ricos del país, han querido volver estos derechos un negocio redondo. Privatizando y ‘garantizando’ su acceso solo a quienes tienen cómo pagarla. Es ahora el caso de la seguridad, con la política de seguridad democrática promovida por el uribismo desde inicios del siglo.
Una visión de seguridad que no pone toda la responsabilidad en los entes gubernamentales sino que considera que la sociedad debe tomar un papel activo contra la inseguridad en los territorios. Estas políticas no buscan atacar las causas estructurales por las cuales existe la inseguridad y han roto el tejido social por décadas en los territorios.
La inseguridad con la delincuencia común o el crimen organizado, en realidad es la consecuencia de la falta de oportunidades en poblaciones como los jóvenes y en no garantizar una vida digna para las comunidades. La población empobrecida no tiene muchas oportunidades para subsistir, los y las jóvenes entre las opciones que encuentran en el sector popular está sumarse a las filas de la fuerza armada, bandas delincuenciales, el narcotráfico, ser parte de la fuerza de trabajo o morir de hambre.
En este contexto, la política de seguridad democrática con su visión fascista busca que las comunidades se unan para ser informantes y organizarse para atacar a la delincuencia, como consecuencia es la misma clase popular quien ataca a la población empobrecida que por falta de oportunidades delinque. Así como sucede con la guerra, son los empobrecidos y la clase históricamente excluida quien termina defendiendo al propiedad privada y a los ricos de este país que no les importa el pueblo.
En el marco de esta situación, actualmente el Grupo Atlas lazó una nueva app para buscar supuestamente ‘conectar a la ciudadanía con entornos seguros’, llamada CYGU. Afirma que podrá ser usada por personas o empresas, garantizando moverse en la ciudad con ‘total tranquilidad’; con rutas seguras y reportes de seguridad en tiempo real. Hay que recordar que el Grupo Atlas junto con otras cientos de compañías supuestamente autorizadas para proteger a la gente con o sin armas, venden servicios por más de 12 billones de pesos en el 2023. Junto con empresas como VISE del Grupo Empresarial Bavaria, Grupo Altum quien ahora presta el servicio de escoltas que se le quitó al DAS, entre muchas otras empresas.
El Grupo Atlas quien hoy lanza su app, fue fundado en 1974 por un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia y empresarios del Valle del Cauca, que se enriquecen con la necesidad de seguridad de las comunidades. Y no bastándoles con la app en versión gratuita, tendrán una versión premium, muy parecido a los grupos de WhatsApp que se manejan en la ciudad, donde hay que pagar para entrar a ellos tanto para seguridad como para situaciones de tránsito y movilidad.
Esta app al igual que la seguridad democrática uribista y fascista, busca organizar a la comunidad en contra de la delincuencia, cuando en realidad deberían ser los entes gubernamentales y públicos quienes nos garanticen la libre movilidad y el habitar nuestro territorio con tranquilidad. Al no atacar las causas estructurales como la desigualdad social, el desempleo, el acceso a la educación gratuita; se quedan en la idea de que con tecnología, cámaras y fuerza armada podrá resolverse la inseguridad; además que todas esas cámaras las termina pagando el bolsillo del pueblo. Mientras la ladera y el distrito al oriente de la ciudad sigue siendo la población a la que más le vulneran sus derechos.
La app CYGU que hoy lanza el grupo Atlas y de la cual la gobernación del Valle ha hecho show mediático al respecto, no garantizará a la comunidad una verdadera seguridad como ya lo vimos durante estas últimas semanas. Nuestras calles y cielo repletos de fuerza armada pero sigue siendo inseguro transitar en las noches, las bandas siguen delinquiendo y las comunidades siguen siendo víctimas.
El tejido social se tiene que fortalecer no organizando a la gente en contra del mismo pueblo o para defender la propiedad privada, sino organizándose para exigir los derechos que le han sido arrebatados por décadas. Para que el gobierno y los entes gubernamentales locales brinden empleo, educación, acceso a la cultura y a la salud a TODA la población, no a quienes tienen cómo pagarla.
Hasta que las causas estructurales no cambien y se transformen, seguiremos en un circulo vicioso donde la población empobrecida es la afectada; y no podremos caminar hacia una verdadera justicia social.
