Editorial Revista Insurrección Nº 865
Comando Central (COCE)
Muchas dudas genera la firma del convenio entre el Gobierno y Fedegan, que permitiría la compra de tres millones de hectáreas de tierra. La apropiación por medio del despojo es la forma histórica de acumular de los terratenientes y de la agroindustria.
Las Guerras en Colombia están signadas por la disputa por la tierra, manteniéndose confrontaciones desde la independencia de España; la llamada Violencia de mediados del siglo XX y el Terrorismo de Estado de las últimas cuatro décadas, han sido Guerras de despojo para viabilizar el proceso de concentración y centralización de la tierra en manos de los terratenientes.
Las cifras aceptadas oficialmente calculan que en los últimos cuarenta años, utilizando el paramilitarismo, se dio una contrarreforma agraria con la expropiación de más de siete millones de hectáreas y el destierro de más de nueve millones de pequeños y medianos campesinos, indígenas y afros. Se amplió el latifundio e implementó el modelo neoliberal, con el extractivismo minero-energético, los monocultivos agroexportadores, convirtiendo además a Colombia en el primer exportador mundial de coca, y facilitando la extranjerización de la tierra con la entrega de vastas zonas de interés para los macroproyectos del capital extranjero.
En medio del anterior contexto es sorprendente el acuerdo del Gobierno de Gustavo Petro para comprarle a precios comerciales tres millones de hectáreas al gremio de los ganaderos, Fedegan, quienes han estado vinculados al fomento del narcoparamilitarismo, y por tanto, al proceso de despojo; es indudable que este gran negociado que puede costar cerca de 60 billones de Pesos favorece enormemente a los victimarios.
En los procedimientos jurídicos los terratenientes han tenido el poder para sobornar los funcionarios -destacando al Exfiscal Mario Iguarán- y así garantizar la propiedad legal sobre las tierras que robaron a sangre y fuego, mientras que sus víctimas siguen siendo masacradas en sus intentos por la restitución de sus tierras; también se conoce que muchas fincas fueron expropiadas, compradas a bajos precios con base en amenazas, presiones militares, asesinatos, masacres, entre otros.
¿Cuál será el tratamiento y la solución que este Gobierno dará a los nueve millones de desterrados? ¿Quiénes son los nuevos propietarios de los siete millones de hectáreas que expropiaron los narcoparamilitares? ¿Cuánta de esa tierra expropiada será ahora vendida al Gobierno? ¿Cuáles son los mecanismos para evitar que este negocio del Gobierno con Fedegan, se convierta en la legalización del despojo?
Una Reforma Agraria Integral como la planteada por el Gobierno de Petro no puede reducirse a la restitución de las tierras usurpadas, como tampoco solo a la solución para los campesinos sin tierra; sino que debe resolver todas las condiciones e infraestructura productiva y social, los insumos, la asistencia tecnológica, los créditos subsidiados, el acceso a los centros de mercadeo.
Un nuevo modelo agropecuario implica parar la depredación ambiental y ecológica, implementar la producción orgánica, lograr la autosuficiencia alimentaria y de las materias primas que requiere la industria; los grandes gremios de agricultores y ganaderos siempre han tenido los beneficios del Estado, ahora se trata de garantizar una economía sostenible para los pequeños y medianos productores.
El Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo ha dicho que no hay dinero para comprarle las tierras a Fedegan, así que mucho menos habrá los recursos para hacerlas productivas; pero más grave que las carencias financieras es la falta de una transformación en las políticas estatales, donde sigue imperando el Terrorismo de Estado y el Genocidio para garantizar la reproducción ampliada del capital y la tierra sigue anegada en sangre.
Una propuesta de Paz exige la superación de las causas estructurales que han generado la Guerra interna y la violencia, donde el problema de la tierra es una de las prioridades a solucionar.
