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Por: Camilo Manrique Giraldo Builes, corresponsal de Antorcha.

Han pasado casi cuatro semanas desde que una sentencia judicial ordenó el regreso de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) a las excavaciones en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. Sin embargo, la decisión sigue sin cumplirse. El despacho del magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a cargo de la medida cautelar no ha permitido la reanudación de los trabajos, pese a que la Sala de Apelaciones de la JEP fue clara en ordenar la articulación inmediata entre la UBPD y esa jurisdicción. El resultado es el mismo de siempre: familias que esperan, madres que insisten y un Estado que prolonga el silencio sobre miles de desaparecidos.

La Escombrera: Una fosa oculta en la ladera

La Escombrera se convirtió en un símbolo del horror que dejó la violencia en la Comuna 13. Allí, según registros de la UBPD, podrían reposar los cuerpos de al menos 502 personas desaparecidas en los años más crudos del conflicto social y armado padecido también en las ciudades. En ese territorio, las operaciones militares Mariscal y Orión (2001 y 2002), ejecutadas por la «Fuerza Pública» en coordinación con grupos paramilitares, impusieron el terror a la población. Asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento y violencia sexual marcaron una época de brutal represión contra quienes fueron señalados de simpatizar con las milicias insurgentes o, simplemente por pensar diferente.

El lugar fue denunciado desde hace más de dos décadas como un depósito clandestino de cadáveres, sepultados con maquinaria pesada bajo toneladas de tierra y escombros. Apenas en 2015 se realizó la primera excavación forense, sin mayores hallazgos. Años después, la JEP adoptó medidas cautelares para proteger el terreno y en 2024 se reiniciaron las intervenciones. Allí se han recuperado restos de al menos seis víctimas, con signos de violencia brutal. En el Comunicado 006 del 23 de enero de este año, la JEP confirmó que cuatro de ellas fueron ejecutadas con tiros de gracia y sometidas a torturas. La evidencia habla de crímenes de lesa humanidad, aún impunes.

La persistencia de las madres buscadoras

Frente al incumplimiento institucional, son las víctimas quienes sostienen la lucha. Las madres buscadoras, junto a colectivos como la Corporación Jurídica Libertad y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, han insistido durante años en mantener viva la exigencia de verdad. Ellas, con su presencia digna en las laderas de Medellín, son las verdaderas garantes de que este país no olvide a sus desaparecidos.

El conflicto entre la JEP y la UBPD no solo representa una disputa burocrática: es una afrenta a esas familias que llevan décadas reclamando verdad y justicia social. Cada día de retraso significa más sufrimiento y más impunidad. El Estado que prometió verdad y reparación se enreda en sus propias instituciones, mientras la tierra sigue ocultando los cuerpos de quienes fueron arrancados de sus hogares a la fuerza.

La verdad no puede esperar

La situación de La Escombrera desnuda la incapacidad —y muchas veces la falta de voluntad— del Estado colombiano para garantizar verdad y justicia social. La dilación de la JEP no es un asunto menor: impide el derecho fundamental de las familias a buscar a sus seres queridos y perpetúa la impunidad de los crímenes cometidos en la Comuna 13.

Como pueblo organizado, exhortamos al Estado a cumplir su deber, si es que en verdad quiere la PAZ. Denunciamos que La Escombrera en Medellín no es un terreno de disputa burocrática; es una herida abierta que clama justicia social.

A pesar de los obstáculos, las víctimas no claudican. Las madres siguen allí, con dignidad y esperanza, exigiendo lo que el Estado les niega: saber dónde están sus hijos, hermanos o esposos. Su persistencia es la mayor muestra de resistencia frente al silencio oficial. Mientras las instituciones se demoran en cumplir, la verdad sigue bajo tierra, esperando a ser desenterrada por las manos obstinadas de quienes nunca se resignaron a olvidar.


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