Editorial Revista Insurrección Nº 896
Comando Central (COCE)
En los procesos de legalización de bandas paraestatales inculpan a los ejecutores de crímenes, a la vez que encubren a las élites que los determinan, realidad interrumpida por confesiones como la de Mancuso, el jefe paramilitar, que señala a los responsables de la guerra sucia contra el pueblo.
En el conocido Informe de 1962 “La Violencia en Colombia”, de los maestros Guzmán, Fals y Umaña, leemos: “cómo estaría de entronizada la impunidad, que nada se hizo y el «Cóndor» siguió campante haciendo de las suyas y el fiscal tuvo que renunciar para salvar su vida y su decoro”. “El Cóndor”, jefe de “Los Pájaros”, sicarios en el Valle y otros departamentos, ordenó en los años cincuenta el asesinato de más de cuatro mil liberales. Apenas detenido cinco días, fue liberado por Rojas Pinilla, quien le impuso la Cruz de Boyacá, condecoración por su ayuda al Ejército. Anunciada su falsa muerte, más de doscientas personas que la celebraron terminaron asesinadas. Este famoso paramilitar acabó ajusticiado por un familiar de una de sus víctimas.
En ese libro aparece con nitidez una verdad: la existencia de bandas que se lanzaron al crimen; “cumplían la cita que otros” les señalabandesde los centros de poder; “los verdaderos profesionales que, luego, habrían de usufructuar a plenitud” el despojo de millones. “Su privilegiada posición logró la total impunidad para su solapada actuación criminal, vigorizada por el fácil triunfo económico y político”.
En ese año 1962, el general gringo William Yarborough encabezó la misión ordenada desde Washington, para reforzar estructuralmente la estrategia paramilitar que ya tenía experiencia nacional, indicando que ésta debía usarse para exterminar la oposición política de izquierda en Colombia. Las Fuerzas Armadas se criaron bajo esa tutela, se amamantaron de la Doctrina de Seguridad Nacional y hemisférica que Estados Unidos (EEUU) proyectó, crecieron y se desarrollaron hasta el día de hoy con las premisas del Enemigo Interno y la guerra total.
Más de sesenta años después, ante un tribunal del aparato estatal, reaparece otro “Cóndor”, hoy defenestrado o depuesto. Se apellida Mancuso. Su biografía es ya conocida. Responsable de miles de asesinatos, desapariciones, torturas, masacres, declara y confiesa desde una prisión en EEUU. Frente a víctimas y funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), ha hecho revelaciones no del todo nuevas, pero que esta vez escalan por el detalle, ratificando parte de lo ya probado desde hace al menos quince años cuando bajo la Ley de Justicia y Paz se investigaron crímenes, se señalaron fosas comunes, la plena coordinación de paramilitares con las Fuerzas Armadas y la agencia estatal de espionaje, DAS, el conocimiento de delitos y su auspicio. Hoy Mancuso formaliza agregados importantes, mencionando por supuesto a Uribe Vélez, Pastrana, Samper. No sólo a presidentes, sino confirmando lo que dijo en 2007: cómo el ex vicepresidente Francisco Santos ordenó crear una poderosa estructura narcoparamilitar Bloque Capital, y así mismo otros políticos y empresarios de diferentes regiones.
Hay tres observaciones fundamentales fruto de un análisis sobre la impunidad estructural. Primera, la más importante, es que no se trata de casos aislados ni de épocas desconectadas sino de un Genocidio
continuado, es decir, histórico, organizado y orgánico. Como el Tribunal Permanente de los Pueblos lo sentenció en 2021. Segunda: en correspondencia con su prolongación, se ha configurado un sistema de denegación de justicia plena, compuesto por engranajes normativos y por la alineación misma de los operadores políticos y judiciales insertos en una lógica del ocultamiento y la recompensa, sea para mantenerse, ascender o para salvar la vida, como el fiscal amenazado por “El Cóndor” hace 70 años. Tercera: aunque la misma ley de Justicia y Paz (975 de 2005) y todavía más los Acuerdos de La Habana con las FARC en 2016, se concibieron para dosificar con cálculo extremo la verdad, de tal modo que la impunidad del Genocidio se asegurara, protegiendo a jefes políticos y promotores del narcoparamilitarismo, es cierto que en el funcionamiento mismo de esas lavadoras no se ha podido del todo tapar la sangre que ha dejado la política perpetrada desde el régimen.
Los académicos Fals, Umaña y Guzmán escribieron en 1962, que la impunidad reinaba en este país santanderista de “doctores en leyes”, en el que “los pájaros”, “chulavitas”, y hoy “paras” u otras denominaciones, se “institucionalizan” en la actividad conjunta con la fuerza armada estatal. Señalaron, y eso les costó amenazas, que existían “autores intelectuales” (los profesionales de la violencia de privilegiada posición económica y política), “miembros de las clases dirigentes políticas tradicionales de ciudad, [que] poco sufrieron en carne viva la violencia que muchas veces conscientemente impulsaron y explotaron”.
La arquitectura de la impunidad de la violencia de clase y del poder dominante inducida para descomponer funcionalmente al país, para brutalizar a miles de obnubilados por la misión de aniquilar al Enemigo Interno, no se va a derrumbar por las graves aseveraciones que Mancuso ha vertido a pedazos, tardíamente, aunque éstas sirvan un poco a la verdad relativa que pueda rescatarse. Escasamente algo se tambaleó por unos instantes. Y nada más. Los de arriba siguen indemnes mandando a matar.
El propósito recurrente y concurrente en el modelo de pacificación puesto en práctica por el régimen desde hace treinta años, que ha perseguido la desmovilización y el desarme insurgente, ha sido prometer o diseñar en simultánea unas cuantas medidas propagandísticas, paliativas o decorativas frente al narcoparamilitarismo, las cuales han sido del todo ineficaces. La fuente sigue estando dentro, en la concepción de las Fuerzas Armadas y agencias de gobiernos extranjeros que adoctrinan para montar una y otra vez diferentes formas de narcoparamilitarismo y mercenarismo, mediante bandas de diferentes siglas, como las que porta Antonio Medina y otros “Pájaros” como los del Clan de Golfo y otras mafias. Un sabio refrán nos dice que “la fiebre no está en la sábana”.
El ELN tiene un compromiso con la verdad toda, de todos, y por esa razón, tanto en nuestra juridicidad y mandato para dialogar, nos oponemos a cualquier pacto de inmunidades y encubrimiento que entierre la responsabilidad por los Crímenes de Lesa Humanidad. Establecimos en el Acuerdo de México el 10 de marzo de 2023, que es nuestra única agenda y carta de obligaciones a cumplir en la Mesa con el gobierno, construir sobre la memoria de la vida y luchas de todos los afectados, por garantías de no repetición y no olvido, buscando “La erradicación de toda forma de paramilitarismo para que no se repita” (punto 5.3.).
La propuesta de Paz Total ojalá no sea de donde de nuevo emanen impunidades para las élites, lavado de dineros vinculadosal Genocidio, al etnocidio y al ecocidio, así como reciclajes de “Chulavitas” contemporáneos que pueden en unos años, ya venidos a menos, comparecer ante nuevos tribunales, sin cambiar nada, mientras quienes han diseñado esas estructuras de muerte, y se han beneficiado de ellas, permanecen intocables. La impunidad en nada se ha removido. “Nada se hizo y el «Cóndor» siguió campante haciendo de las suyas”.
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