Editorial Revista Insurrección Nº 606
Vivimos días de movilizaciones y protestas de importantes sectores de la sociedad. Son las expresiones legitimas de miles de colombianas y colombianos víctimas del incumplimiento estatal, de las políticas históricas de exclusión y empobrecimiento de las mayorías nacionales.
La dignidad del campesinado se hace sentir en las carreteras. No aguantan un muerto más por la intransigencia del gobierno de no aplicar los Programas de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, e imponer la erradicación forzada dictada por el gobierno de los Estados Unidos. Los pueblos indígenas en su valerosa Minga por la Vida le exigen el cumplimiento de más de 1.300 acuerdos pactados en movilizaciones anteriores, relacionados con problemas como territorialidad, educación y salud. Hay que resaltar el valor de los cincuenta días de huelga de los pilotos colombianos por mejores condiciones laborales; pese al embate en su contra por parte de los dueños de la empresa Avianca y del gobierno de Santos.
En ese panorama, resulta incomprensible ver a un gobierno -que dice estar por la Solución Política al Conflicto- aplique salidas represivas en contra de la protesta social, que se encuentran a lo largo y ancho del país; empleando a los medios hegemónicos de comunicación para desarrollar una campaña de desprestigio y criminalización, mostrando a las comunidades agredidas como “temidos agresores”; restringiendo la información a destacar las consecuencias y no las causas de los levantamientos populares.
Las denuncias cuentan de agresiones por parte de la policía militarizada (Esmad, Goes), y del uso de tácticas y armas de guerra en contra de la población inerme. Tal como lo advirtió la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, “el gobierno le da un tratamiento de guerra a la protesta social”, al referirse a la represión desproporcionada a las recientes marchas campesinas del Catatumbo.
Las movilizaciones, paros y protestas no van a cesar, hasta tanto se incluya al pueblo en la solución de los problemas estructurales que vive el país. Para la construcción de Paz no sólo se deben habilitar espacios con las insurgencias; ni limitarse a intercambios epistolares y de alta diplomacia con los sectores políticos enraizados en el poder. Para trazar un camino hacia la Paz será necesario el protagonismo del pueblo en las decisiones sobre los rumbos del país.
El reto está dicho. Para lograr una Colombia soberana, democrática y con justicia social, tendremos que sumar fuerzas todas y todos los indignados, los que hoy por hoy, estamos movilizados en las carreteras y desde los territorios; será la confluencia de las víctimas del incumplimiento, de las mayorías por la Paz. Cuenten con nosotras y nosotros como fuerza insurgente en la organización, en la movilización y en la participación para avanzar hacia la Solución Política al Conflicto Social y Armado, camino indispensable para resolver los problemas de este pueblo y de esta nación.
