Por: Lenin Santos, corresponsal de Antorcha.
El reciente anuncio de la incautación de cerca de media tonelada de cocaína y marihuana en la vía San Faustino, zona rural de Cúcuta, volvió a colocar a Norte de Santander en una guerra de propaganda. Las autoridades atribuyeron el cargamento y un supuesto laboratorio a nuestro Ejército de Liberación Nacional (ELN), presentándolo como un golpe contundente contra las finanzas de la guerrilla. Sin embargo, más allá del sensacionalismo de las cifras y las imágenes oficiales, el caso reabre preguntas de fondo sobre cómo se construyen estos señalamientos vacíos, qué pruebas se hacen públicas y qué intereses políticos se juegan en un territorio atravesado por economías ilegales, disputa armada y una histórica fragilidad institucional.
Según los supuestos reportes oficiales, el operativo permitió ubicar estupefacientes, insumos químicos y estructuras artesanales que, de acuerdo con la versión estatal, servil a la oligarquía, harían parte de una cadena de producción vinculada al ELN. Sin embargo, el relato no menciona los otros grupo que, amparados por el mismo ejercito gubernamental, convergen en el territorio, es decir paradisidencias, bandas locales, redes transnacionales y estructuras que mutan con rapidez.
Analistas de seguridad y organizaciones de derechos humanos han advertido que en regiones como el área metropolitana de Cúcuta y municipios cercanos como San Cayetano operan, desde hace tiempo, redes criminales con distintos niveles de protección institucional y corrupción. En el pasado se han desmantelado laboratorios y bodegas sin que quede claro quién ejercía control sobre ellos, o mejor dicho, encubriendo la verdad de que estos dependen en su mayoría de grupos paramilitares junto con la Sinjin. Por eso, cuando se adjudica de inmediato una instalación de estas a la guerrilla, la propaganda y la desinformación priman, vale preguntarse ¿qué evidencia técnica, judicial o de inteligencia se puede conocer tanto del hecho como de la supuesta relación de esto con la insurgencia?
El ELN, por su parte, ha sostenido en distintos momentos que como organización revolucionaria, tiene una política de deslinde categórico con el narcotráfico y que su relación con estas economías es nula. Sin embargo, el Estado oligarca, insiste en la etiqueta de “narcoguerrilla”, para desligitimar la lucha insurgente y popular, lo que simplifica realidades complejas y puede servir para ampliar la estigmatización sobre territorios y comunidades.
Este episodio de San Faustino muestra la necesidad de un periodismo que combine vigilancia al poder, rigor con las fuentes y sensibilidad frente a las poblaciones que viven en medio de estas dinámicas. Exigir pruebas, contexto y transparencia es un derecho, pues el pueblo merece la verdad y no propaganda de las fuerzas gubernamentales. Solo así será posible escapar de narrativas automáticas, prejuiciosas y mal intencionadas, lo que permitiría acercarse a diagnósticos más honestos sobre responsabilidades, omisiones estatales y poderes criminales locales persistentes.
