No pasarán: audiencia pública ante la JEP de falsos positivos en Casanare

Por: Paula Villamizar, corresponsal de Antorcha Estéreo.

El 18 y 19 de septiembre, se realizó en Yopal, la audiencia pública de reconocimiento por casos de ‘falsos positivos’. Esto hace parte del desarrollo de las audiencias realizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso número tres y el subcaso de Casanare. En esta audiencia pública participaron 23 comparecientes que reconocieron su responsabilidad por desaparecer y asesinar 303 personas entre enero 2005 y 2008.

Una organización criminal en la que han estado involucrados 367 personas que se implantó en la Brigada 16 del Ejército Nacional entre 2005 y 2008. De los imputados dos oficiales no aceptaron la responsabilidad y serán investigados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. A los involucrados en este caso, la Sala de Reconocimiento les atribuyó el crimen de guerra de homicidio a persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Algunos de los crímenes de guerra con la utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades y también el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.

Entre los aspectos y testimonios más relevantes de esta audiencia está el general retirado Henry Torres que admitió su responsabilidad total afirmando: «asumo con vergüenza el señalamiento de máximo responsable». Este general es señalado de haber impulsado un plan criminal por emitir ordenes donde fueron asesinadas ilegítimamente y presentadas como muertes en combate 196 víctimas en 141 eventos operacionales. Hasta ahora Torres es el oficial de más alto rango que ha hecho tales reconocimientos. Torres expresó que Uribe en sus visitas a la Brigada 16 decía que: «si no podían con el cargo, avisáramos para que pues él pudiera gestionar un relevo. Era presión también por ese cumplimiento. Era bien complicada la situación de tantas personas quejándose». Frente a esta clase de declaraciones, el expresidente Álvaro Uribe, principal responsable de la política de seguridad democrática que dio como resultado más de 6.000 falsos positivos en el país, afirmó que «La JEP estimula a reconocer delitos no cometidos».

Frente a estas investigaciones desarrolladas por la JEP se pudieron identificar tres modalidades de estos criminales: primero, lo hacían con personas capturadas en operaciones inicialmente legales para luego asesinarlas; segundo, con personas señaladas a partir de ejercicios de inteligencia que realizaban y la tercera modalidad era por medio de reclutamientos por parte de informantes que engañaban a los jóvenes y los llevaban desde las ciudades.

Esto según las investigaciones de la JEP, fueron resultado de dos políticas que se volvieron sistemáticas, por un lado la voluntad de los mismos militares de querer aniquilar a la población y por otro lado por las presiones e incentivos que les otorgaban por cada baja que hacían. Las víctimas que estuvieron participando durante la audiencia tuvieron la oportunidad de expresar su dolor y exigir la verdad sobre los crímenes causados contra sus familiares. Entre los testimonios de las víctimas se encuentra, Mauren Tumay: «Nosotros aún tenemos que pasar noches de desvelo haciéndonos preguntas como ¿por qué a ellos? ¿qué hicieron? ¿qué les quitaron para que ustedes tomaran la cruel decisión de quitarles la vida?». Como también el testimonio de Carolina Castro quien comentó: «Hablen… es la oportunidad que les está dando el Estado a ustedes para que por lo menos nos alivien un poco este dolor y esta frustración que hemos tenido por años por la impunidad».

El ejercicio de la JEP en todo su avance por la búsqueda de la verdad por medio de las audiencias de reconocimiento de la verdad, ha puesto en evidencia cómo la política de seguridad impuesta por Álvaro Uribe cobró la vida de tantas personas inocentes. El derecho a la verdad ha sido fundamental en la construcción de la justicia para las víctimas de este conflicto de décadas en nuestro país.

Sin embargo, a pesar que se siga avanzando en la búsqueda de la paz, hacen falta transformaciones en las instituciones que hoy siguen perpetrando prácticas paramilitares como sucedió hace unos días en Tierralta, Córdoba. Los militares siguen violentando a las comunidades, esto como resultado de una cultura paramilitar que está inmersa en la sociedad y que deberá erradicarse.

Esta cultura paramilitar deberá seguir siendo confrontada desde todos los ámbitos de la sociedad, apostando al fortalecimiento del tejido social, la defensa de los territorios y la lucha armada contra un régimen que desangra y violenta a nuestras comunidades, en pie de lucha, siempre junto al pueblo.