Por: Manuela Montoya, corresponsal de Antorcha Estéreo.
La semana pasada se llevó a cabo la segunda cumbre de alcaldes del pacífico, que tuvo como temáticas seguridad y educación como supuestas prioridades para la región. Esa cumbre se hace para que los gobiernos locales presenten necesidades urgentes al Gobierno Nacional y así adquirir recursos para resolver dichas necesidades. La cumbre tuvo al rededor de 90 alcaldes de diferentes municipios de la región, los cuales denunciaron el incremento de la inseguridad entre la delincuencia común y la presencia de grupos armados ilegales articulados con el microtráfico. Mientras que alcaldes como el de Morales, Cauca planteó una inversión social en los territorios.
Sin embargo, el paramilitarismo y las bandas que se articulan al mismo se han fortalecido en toda la región del pacífico colombiano. El Clan del Golfo y las para-Farc han estado sembrando terror desde el Chocó hasta el Cauca, mientras los gobiernos locales y nacional, no generan acciones contundentes al respecto. Es más, se ha evidenciado cómo se presenta en algunos casos connivencia con las fuerzas armadas del Estado, fortaleciendo así su accionar.
Mientras el gobierno nacional solo plantea más militarización para los territorios, las comunidades siguen desplazándose, los lideres y lideresas sociales siguen siendo asesinadas en todo el país. Según Indepaz, en estos primeros tres meses del año se han presentado 35 asesinatos a líderes sociales, siendo el departamento del Cauca el territorio con más cifras, evidenciando cómo la región del suroccidente colombiano está siendo una zona de alto riesgo para nuestro pueblo y sus líderes.
La comunidad no solo está siendo asesinada sino también instrumentalizada por parte de grupos paramilitares como las para-FARC. Rompiendo el tejido social y la autonomía de los territorios, sembrando terror. Y las fuerzas armadas afirman tener ataques y operativos contra estos grupos desde Jamundí hasta el sur del Cauca y Nariño, pero cada vez hay más denuncias evidenciando así su fortalecimiento.
En ese sentido, seguirá siendo prioridad no permitir más la violencia del tejido social, apostando al fortalecimiento del movimiento social y las comunidades de los territorios, defendiendo su autonomía, rechazando la militarización y la política guerrerista como principal solución al conflicto armado. Es necesario insistir y priorizar soluciones POLÍTICAS al conflicto, que busquen el diálogo social y la construcción de justicia social en el territorio.
Hemos sido testigos que la política de guerra de la derecha y hasta de este actual gobierno, no resuelve las problemáticas y el conflicto armado del país, se requieren políticas y acciones que generen transformaciones estructurales donde prime el diálogo y la participación del pueblo en estas decisiones.
Finalmente, eventos como la cumbre de alcaldes del pacífico no resolverá a profundidad las problemáticas estructurales si sus políticas y visión de región sigue defendiendo y buscando ‘seguridad’ para las clases ricas de la región y no a las más empobrecidas quienes son las principales víctimas del conflicto.
