Por: Lenin Santos, corresponsal de Antorcha.
Durante cuatro años, un grupo de empresas fachada —seis en total— tejió un contrato criminal con la corrupción institucional para despojar al pueblo colombiano de lo que le pertenece: el petróleo de Ecopetrol, proveniente del oleoducto Caño Limón–Coveñas, usado para la acumulación fraudulenta de unos pocos mientras millones carecen de lo más básico. Así lo denuncian los fiscales que han seguido el rastro del saqueo, los documentos falsos, la alteración del producto, la complicidad silenciosa.
Esta red, autodenominada “Los de Cuello Negro”, al mejor estilo de los de cuello blanco, constituyó una estructura empresarial ilegal pero revestida con apariencia de legalidad: empresas lícitas en papel, con sedes en Barrancabermeja, Sabana de Torres, Galapa, Barranquilla y Cúcuta. Desde esas ciudades salían los camiones, los documentos, las mezclas y las falsificaciones que enturbiaban el origen del crudo robado.
El sistema de robo incluyó sustracción directa tanto desde los pozos convencionales de Ecopetrol como del mismo oleoducto. Esa materia prima vital para nuestro desarrollo fue extraída de forma ilícita, transportada clandestinamente, luego “lavada” —por decirlo en términos simples— mediante plantas de tratamiento de aceites y aguas residuales, mezclas químicas, pruebas de densidad, documentos adulterados, para parecer que esos barriles habían sido producidos legítimamente.
El monto es descomunal: cerca de 2.000 millones de pesos mensuales, ganancias para los implicados, mientras el Estado y el pueblo cargan con las pérdidas. En cuatro años, el patrimonio de esta red criminal incrementó más de 9 millones de dólares, al tiempo que lavaron más de 32.500 galones de petróleo robado, que ingresaron al mercado nacional como si nada, dañando no solo la economía, sino la moral pública, los controles ambientales y el derecho del país a decidir sobre sus propios recursos.
Los nombres de los capturados revelan que no fue una operación de bajo nivel, ni aislada: Germán Arturo Sánchez Sánchez aparece como presunto cabecilla; Ricardo Pacheco López, administrador de planta de tratamiento; Luis Beltrán González Acuña, responsable del acopio y comercialización; Óscar Luis Pastrana Martínez, encargado de alterar las densidades, mezclar sustancias; junto con otros como Fabricio Patiño Cabrejo, Adriana Durán Otavo e Ingrid Galeano Rojas, todos cómplices en distintas partes de la cadena que permite ocultar el origen ilícito del petróleo.
Pero no basta con detener a unos cuantos. En las pesquisas, la Fiscalía señala posibles complicidades de miembros de la fuerza pública y de funcionarios de Ecopetrol mismo, lo que sugiere que esta red corrupta no operó en la sombra total: hubo puertas abiertas, negligencias voluntarias, ausencias de control y posible encubrimiento institucional. Esa complicidad del Estado, activa o pasiva, es una traición al pueblo que paga impuestos, sufre la contaminación ambiental, ve cómo se deterioran los territorios petroleros, mientras la riqueza extraída se desvía al bolsillo de los que tienen los medios para estructurar empresas fachada, sobornar, falsear papeles.
El impacto no es solo económico: es político, social. Cada barril hurtado significa menos inversión en salud, educación, infraestructura, ecología; significa también el fortalecimiento del poder de los corruptos, el debilitamiento de la soberanía sobre el recurso más estratégico del país, el petróleo. Significa que la idea misma de lo público —que algo pertenezca a todos— es saqueada por unos pocos. Es evidente que este crimen organizado no solo roba hidrocarburos: roba dignidad, futuro, posibilidad para los trabajadores, las comunidades.
Porque mientras “Los de Cuello Negro” amasaban ganancias millonarias, los territorios afectados soportan contaminación, inseguridad, abandono del Estado, falta de oportunidades. Esa es la otra cara del saqueo: no solo lo que se roba, sino lo que se deja de hacer con lo que podría ser para el bien colectivo.
Este caso debería abrir no solo investigaciones y juicios, sino una transformación radical: castigar y corregir de raíz, reformar los mecanismos de control, participación popular, supervisión ciudadana real, transparencia verdadera. Y sobre todo recuperar lo robado, para ponerlo al servicio del pueblo colombiano.
