Por: Laura Díaz, corresponsal de Antorcha Estéreo.
Al 6 de septiembre de 2022, prácticamente a un mes de que Gustavo Petro haya asumido la presidencia, un galón de gasolina estaba a $9.455, ya para el pasado 6 de julio, 10 meses después, la gasolina tuvo un precio de $12.962. Un incremento de 37%
El gobierno del expresidente Uribe Vélez, acudió al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, un programa estatal que buscaba subsidiar el precio del combustible cuando estuviera muy alto y ahorrar cuando bajara. Sin embargo, desde su creación en 1998 ese fondo ha tenido un permanente déficit presupuestal, pero en realidad nunca bajó lo suficiente negando la posibilidad de ahorrar.
Con la llegada del Gobierno de Gustavo Petro, se ha intentado transformar este fondo para poder tomar el dinero que se invertía en subsidiar la gasolina y direccionarlo a la inversión social. Según analistas económicos, los cambios que plantea Petro pueden representar 2 puntos para el Producto Interno Bruto, produciendo este porcentaje para inversión social.
Teniendo claro que el país produce el 80% de la gasolina que consume por medio de la empresa Ecopetrol, el Estado le paga a la compañía el valor internacional del combustible para el consumo interno. Según expresan expertos, de no hacer esto, se reducirían los giros de utilidad al Gobierno y al pago de la renta.
Sin embargo, a raíz de la pandemia los precios siguen aumentando y no se ha generado una estabilidad. Y lo que esperaba el Gobierno Petro es que la inflación disminuyera para poder estabilizar los precios del mercado en general.
Todo esto ha conllevado a que el movimiento social y los sectores más afectados por el aumento de gasolina se manifiesten en contra del actual Gobierno, por la falta de claridades y de políticas que pudieran controlar la afectación de la gente con estos precios. Como por ejemplo ha sucedido con el gremio de los taxistas, se podría generar la tarifa diferencial que tanto prometió el presidente y que hoy los taxistas exigen. El ajuste pretende no solo estabilizar la economía, sino evitar el despilfarro, el sobreuso del combustible y demás.
Finalmente, a largo plazo, no solo se plantea estabilidad en los precios quitando el subsidio a la gasolina, sino que se puedan generar políticas que nos aporten a salir de una dependencia del combustible fósil y dar paso a la transición energética.
Consideramos que estas propuestas no logran recoger el sentir del pueblo, porque siguen afectando en gran medida a la clase popular. Si bien el consumo de gasolina también se da por la clases alta, es evidente que hay una mayor afectación a la clase popular, ya que por ejemplo, a los transportadores de alimentos y al transporte público se le aumenta el precio del combustible.
Se deben pensar propuestas que permitan la no afectación de la mayoría de personas; legislar para cobrar equitativamente los costos, donde la clase alta que que tiene capacidad económica para pagar la gasolina a precio internacional lo haga, y gremios como los taxistas que requieren de una tarifa referencial tengan acceso a ella. Se debe seguir tributando a los ricos, no solo en gasolina sino también en el pago de mayores impuestos. Esto acompañado de una pedagogía popular, donde se le explique al pueblo que los ricos al tener mayor adquisición económica deben pagar lo que la clase empobrecida no puede.
A esto le sumamos, la exigencia para que el Gobierno no siga invirtiendo en burocracia, nuevas instituciones, infraestructura y puestos públicos que no resuelven las problemáticas de la población, pero si alimentan la burocracia de este país, en muchas ocasiones comprando tecnología guerrerista y armamento que no es usado o que no beneficia a las mayorías, ese dinero podría ser distribuido en la sociedad por medio de la inversión a educación, salud y vivienda.
Además, es un desacierto del Gobierno Nacional hacer promesas que no podrá cumplir, así como lo hace la derecha, haciendo promesas para ganar votos o sectores.
Como ELN seguiremos siendo críticos con la legislación del actual gobierno, porque creemos que así como se lucha desde otros frentes, la lucha institucional debe beneficiar a la totalidad del pueblo, debe generar políticas que transformen la sociedad, como es la apuesta de transición energética. No debemos caer en la idea que un gobierno alternativo logre cambios estructurales que por décadas a afectado a la sociedad. Por ende, seguimos alentando al pueblo colombiano a organizar, movilizarse y participar para lograr los cambios verdaderos que se requieren para soñar con una vida diferente.
