Un importante número de denuncias se conocen sobre corrupción al interior de la Secretaría de Tránsito de Popayán. Las irregularidades más comunes, de las que la comunidad es testigo, tienen que ver con la desviación de recursos a manos de particulares producto de los impuestos anuales, los comparendos y las sanciones aplicadas a vehículos automotores matriculados en la ciudad. Lo anterior explica los -cada vez mas frecuentes y arbitrarios- operativos de control al tránsito y la movilidad que le han permitido al municipio un incremento en sus ingresos fiscales de más del 50% en los últimos años. Dinero, que si bien es registrado en las cuentas de la administración local, no logra beneficiar a la ciudadanía; por el contrario, pasa a acrecentar las arcas de las mafias enquistadas en las instituciones públicas.
Quienes se enriquecen a costa de las decisiones que relacionan al tránsito y la planeación municipal han identificado numerosas maneras para captar recursos públicos… para robar. A diario se sorprenden las y los payaneses con la abundancia de bolardos, reductores de velocidad y conos reflectivos en las vías de la ciudad. Sin estudios técnicos, ni consultas con la comunidad, estos objetos son instalados en las calles, muchas veces sin un sentido lógico, causando numerosos accidentes de tránsito. Mientras que se perjudica a la comunidad con supuestas soluciones a la caótica y lenta movilidad en Popayán, otros pocos se benefician de los millonarios contratos por la instalación de estos bordillos y delineadores viales.
No contentos con ello, las mafias del tránsito se adueñaron de otro lucrativo negocio: las fotomultas. En próximos días llegarán a la capital caucana los dispositivos de fotodetección automáticos y móviles que funcionarán las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Lo anterior, pese a las olas de denuncias sobre las irregularidades en su implementación en vías nacionales y urbanas. Además, existen antecedentes polémicos en las administraciones de otras ciudades, que con el propósito de aumentar sus recursos tributarios y violando en muchas ocasiones el debido proceso, incurrieron en abusos, atropellos y asaltos contra los conductores y los propietarios de vehículos. Más grave aún, para sacar adelante este sistema de detección, la alcaldía se dispondría a realizar convenios con operadores privados para la instalación de los equipos, en los cuales los operadores terminarían ganando más que los propios municipios.
Pero la corrupción va mas allá! Quieren ir por todo, esta vez mediante la legalización del robo o la privatización de los servicios de tránsito. Se avecina la puesta en marcha de un proyecto de negocio para entregar a un operador privado los rentables servicios que hoy presta de manera directa la Secretaría de Tránsito Municipal a 37.561 vehículos automotores matriculados: 21.682 carros y 15.879 motocicletas, sin tener en cuenta los comparendos aplicados a muchos automotores matriculados en otras ciudades. Resulta evidente que los perjudicados serán los usuarios y sus bolsillos. Seguramente este operador, con fines altamente lucrativos, incrementará de forma arbitraría las tarifas tal como sucedió años atrás con el servicio de aseo. Lo anterior devela que alrededor de este servicio rondan interéses particulares; pues no hay un argumento financiero ni jurídico para entregar éste jugoso negocio a manos privadas, más cuando el mismo municipio desmontó hace unos meses el contrato de grúas, dado que, en los últimos tres años por este concepto los particulares recaudaron 3500 millones de pesos; mientras el municipio no recibió un sólo peso.
La comunidad está llamada a cerrarle el camino a las mafias y a la corrupción. Hoy más que nunca cobra vigencia la lucha por las transformaciones y los cambios de fondo en el sistema político y económico del país, que permita estructurar instituciones funcionales y en beneficio de la población, basadas en una cultura de la decencia y un nuevo gobierno de paz y equidad social.
