Por: Diego Armando Esteban Quito, corresponsal de Antorcha Estéreo.
Parece mentira, pero no lo es. En pleno 2025, más de 400 trabajadores de la salud en Cúcuta están a punto de cumplir tres meses sin recibir salario. Enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares… gente que salva vidas y sostiene el sistema de salud con su cuerpo y sus turnos de 12 horas diarias (sí, 12 horas). Todo esto en Medicuc IPS (Institución Prestadora de Servicios de Salud) una institución que parece aplicar el lema “trabaje mucho, cobre poco… o nada”.
¿La razón? Según la empresa, Nueva EPS (Entidad Promotora de Salud) no les paga, el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) tampoco, y bueno, toca esperar. Porque, claro, cuando se trata de salarios, parece que la salud también se cura con paciencia y resignación.
Pero no nos engañemos: esto no es una historia aislada. No es la primera vez que Medicuc se ve envuelta en escándalos laborales. Ya en meses anteriores, la empresa fue denunciada por jornadas laborales inhumanas: 26 turnos de 12 horas en un mes de 30 días. Eso sí que es eficiencia. ¿Los descansos obligatorios? Bien, gracias. ¿Derechos laborales? Depende del clima. Porque en Medicuc, si falta personal, los derechos se guardan en un cajón… o en la papelera de reciclaje.
Y lo más alarmante es que esta situación no es exclusiva de esta IPS. Según datos del Observatorio Laboral del Trabajo en Salud (OLTS) de la Universidad Nacional de Colombia (julio de 2025), más de 16.000 trabajadores de la salud en todo el país se encuentran hoy en procesos de reclamación por salarios atrasados, muchos desde hace más de dos meses. A nivel general, el Ministerio de Trabajo estima que aproximadamente 87.000 trabajadores en Colombia están enfrentando situaciones similares en distintos sectores, lo que representa una crisis laboral de proporciones grotescas.
La salud, como derecho fundamental, queda hecha trizas cuando se convierte en negocio. Medicuc, al igual que muchas otras IPS tercerizadas, reproduce la lógica de acumulación más pura: sacar el máximo beneficio con el mínimo costo. Y en este caso, el «costo» son seres humanos que no cobran, pero igual trabajan. Porque si no lo hacen, los domicilios con pacientes críticos se quedan sin atención. ¡Todo muy humano!
La contradicción es grotesca: trabajadores que salvan vidas, pero no pueden pagar la luz. Madres cabeza de hogar que hacen domicilios gratis. Profesionales que se ven obligados a parar para poder comer. ¿Y la empresa? Bien gracias, echándole la culpa a otra empresa. Y esa a otra, y a otra, y así sucesivamente. Una cadena de evasión que se parece más a un chiste de mal gusto que a una política de salud pública.
Durante la pandemia, estos mismos trabajadores eran héroes nacionales. Se les aplaudía desde los balcones, se les daba las gracias en televisión y hasta se les dedicaban canciones. Hoy, esos mismos héroes deben marchar bajo el sol de Cúcuta para que les paguen lo que ya trabajaron. La doble moral es tan grande que, si se vendiera en frascos, alcanzaría para tapar el déficit del ADRES.
Y si hablamos de responsabilidades, ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? Porque la entidad brilla por su ausencia desde hace más de tres meses, mientras los trabajadores hacen cartas, protestas y hasta malabares para sobrevivir. No hay sanciones, no hay soluciones, solo “averiguaciones preliminares” y discursos de buena crianza. ¿No se supone que el Estado es garante de derechos? ¿O solo funciona cuando el conflicto es con un vendedor ambulante?
Según el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, en su artículo 134, el salario debe pagarse de manera oportuna y periódica. El artículo 140 establece que si el empleador se atrasa, debe pagar los intereses moratorios, además de ser susceptible de sanciones. Y si hay más de un mes de atraso, como en este caso, se configura un incumplimiento grave del contrato laboral. Es decir, hay herramientas legales. ¿Y por qué no se aplican? Porque mientras el Estado se rasca la cabeza y dice “estamos mirando”, las empresas hacen lo que les da la gana.
¿Y ahora qué?
La solución más básica —y urgente— es sencilla: ¡páguenle a los trabajadores! No con excusas, ni con “estamos gestionando”, sino con dinero. Porque los arriendos, los mercados y los hijos no entienden de excusas. Pero más allá de lo inmediato, esto exige un llamado fuerte y claro al Estado y al Ministerio de Trabajo: no pueden seguir permitiendo que las empresas hagan lo que quieran con los derechos laborales. Porque cuando se normaliza el abuso, lo que se destruye es el tejido social entero.
Y si algo ha quedado claro es que los paros y las protestas son más que válidos: son herramientas legítimas y necesarias. Hoy es Medicuc. Ayer fue otra IPS. Mañana puede ser cualquier sector. Y cuando el Estado se hace el sordo, toca gritar más fuerte. Por eso es importante fortalecer la organización popular. Porque ningún derecho se ha conseguido con ruegos, sino con lucha.
Esta historia no debería repetirse, pero mientras el Estado mire para otro lado y las empresas sigan evadiendo responsabilidades, no queda otra que seguir peleando. Y eso sí, con la cabeza en alto. Porque si algo nos enseñaron estos trabajadores es que la dignidad no se negocia… aunque el sueldo aún no llegue.
