Editorial Revista Insurrección Nº 916
Comando Central (COCE)
Colombia está exigiendo en las calles cambios democráticos, el principal de ellos es que a quienes piensan distinto al viejo régimen, los dejen de perseguir y exterminar con armas y ataques desde los grandes medios de comunicación.
Los dueños de los grandes medios de comunicación agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se quejaron porque un grupo de indígenas le rompieron un vidrio a las oficinas de la revista Semana, indignados por los ataques que reciben de este semanario. Esto evidencia la crisis que sufre Colombia, que los empresarios reclamen por la rotura de un vidrio y no por las noticias falsas y los discursos de odio racista que cada minuto difunden los medios de comunicación propiedad de los mayores monopolios económicos del país.
La mayoría de la sociedad colombiana es víctima de la epidemia de desinformación y polarización que ejecutan tales medios de comunicación, propiedad de 8 grupos de empresarios de la prensa, que monopolizan el 78 por ciento de la audiencia, hegemonía que la SIP defiende y denomina como prensa libre, detrás de la cual se esconde un negocio que es doblemente rentable, al producirles ganancias en dinero y una enorme ventaja para la defensa del viejo régimen, es por ello que atacan a las personas y sectores que buscan que el país cambie a favor de la gran mayoría de Colombia, para que llegue la paz duradera y la reconciliación nacional, que estará más cerca de lograrse si estos empresarios se desmovilizan y dejan de ejecutar su guerra mediática.
La Constitución Nacional dice que los colombianos tienen el derecho inalienable a la información veraz, si se constata que los empresarios de la gran prensa lo violan a diario, entonces ¿quién defiende este derecho?, ¿la SIP lo haría?, ¿o la FLIP?, ¿alguna Fiscalía, Procuraduría o Defensoría?… la respuesta es que hasta ahora no han defendido a la sociedad de estos violadores; vacío que debe resolverse cuanto antes.
Una forma de perseguir y exterminar opositores es la estigmatización y la criminalización mediática, agresiones que son contrarias a lo que deben hacer los medios de comunicación social, dentro de una visión de buscar la solución política del conflicto, que les exige promover el debate con altura, el diálogo, la conciliación y las soluciones negociadas que concluyen en acuerdos, con lo que harían un gran aporte al logro de la paz.
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