Por: Miguel Jiménez, corresponsal de Antorcha Estéreo.
A principios de noviembre, se publicó el libro: «Tribunal Popular en Siloé: Conmemorar, dignificar, resistir». Insumo que documenta las audiencias, los elementos de la represión a los jóvenes durante el estallido de 2021; y la sentencia de febrero de 2023, que recopila los hechos violentos por parte del Estado hacia los manifestantes.
Este espacio como experiencia alternativa en la búsqueda de la verdad y la justicia, hoy en día recoge buena parte de las expectativas de las familias y la comunidad afectada por el terrorismo de Estado. Las clases populares están encontrando formas diferentes de participación y verdad, distanciadas de las que ofrece la vieja y amañada institucionalidad.
El tribunal popular ha contado con un proceso riguroso de documentación y procedimientos técnicos, apoyado y respaldado por organismos de derechos humanos internacionales, más los magistrados que aportaron a la redacción de la sentencia. Siendo un aspecto novedoso de la organización popular en función de dignificar la memoria de las víctimas, ya que los victimarios se negaron a asistir, aunque fueron citados.
Mientras el congreso de la república es un espacio cada vez menos legítimo para los intereses de las mayorías, se parece más bien a una casa reality, en la cual las y los congresistas alternativos se pelean entre sí, la derecha sigue saboteando constantemente las reformas del gobierno, y el pueblo buscando alternativas para ser escuchado y tomar las riendas de los problemas de Colombia.
Las altas tasas de abstención y voto en blanco en las elecciones regionales, tampoco son mecanismos donde el sentir generalizado de la gente se exprese en participación y decisión en los rumbos del país. Y de la fiscalía en cabeza de Franciso Barbosa, ni se diga. Sus espectáculos y mentiras en contra del ELN y los procesos alternativos, han caído más rápido y con más fuerza, de lo que los medios de desinformación posicionan. Es un ente al que no le interesa la justicia para los jóvenes víctimas de la represión del Estado, dejando relegadas las investigaciones del terror paramilitar y alimentando la impunidad.
A más de 2 años del estallido, y casi año y medio del nuevo gobierno, la situación de los jóvenes es muy parecida a la de décadas anteriores: tasas de desempleo en septiembre de 2023, cercanas al 20%, según los informes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ocupando el octavo lugar en desempleo juvenil de este organismo de países. Siguen siendo escasas las oportunidades para la educación, y las reformas no han garantizado la ampliación y acceso a derechos básicos de vida digna.
En la última semana, el equipo investigativo de la Revista Insurrección, documentó 6 asesinatos a jóvenes y líderazgos sociales. Muestra clara que el régimen de exterminio sigue intacto. O como lo calificó el Tribunal Popular de Siloé, el genocidio continuado contra la juventud sigue en curso. Por lo que es de gran importancia, la construcción de formas y metodologías de participación que no estén contaminadas por las del régimen corrupto.
En esa línea, el ELN sigue poniendo en disposición la mesa de diálogos, e invitando de manera transparente a la sociedad a la participación y construcción de los cambios urgentes que el país necesita. Con una premisa integral para superar la impunidad histórica, que requiere voluntad de paz de los enemigos del pueblo: Verdad toda, verdad todos.
