Por: Camila Galán, corresponsal de Antorcha Estéreo.
En las últimas semanas la alcaldía de la ciudad de Cali se ha jactado de dar un fuerte golpe a la minería ilegal en Los Farallones. Autoridades afirmaron que en el marco de su supuesto compromiso con la llegada de la conferencia de la ONU – COP 16, han capturado a ‘El Zarco’ y nueve minas fueron intervenidas. Supuestamente buscando evitar que esta área protegida de la ciudad no siga siendo destruida.
Sin embargo, el pasado mes se confirmó que la Sucursal de la Resistencia sería sede de la Conferencia de la ONU – COP16 sobre biodiversidad, después de que acordaran todas las partes tomar acciones para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, al año 2030 por medio de un marco global consensuado entre todas las naciones que hacen parte de la ONU.
Lo que ha dicho este Gobierno es que la capital del Valle del Cauca, será sede teniendo como protagonistas las comunidades indígenas, campesinas y étnicas. Y que se elige esta ciudad por ser una de las más significativas en la lucha durante el estallido social.
Eso no nos demuestra mayor cosa, pues La Sucursal, la ciudad de los 7 ríos, hoy y desde hace unas décadas viene afectada por gobiernos locales que no garantizan la protección del medio ambiente del territorio. Pues según las cifras de «Cali cómo Vamos» en el 2022, 5 de los 6 ríos que atraviesan la ciudad registraron un deterioro de la calidad del agua tras su paso por Cali.
Además, Colombia es uno de los países más diversos con el 10% de la biodiversidad del mundo pero sus políticas no buscan conservar toda la riqueza de nuestros bienes naturales. En Cali por ejemplo, la minería ilegal está acabando con Los Farallones, en la cordillera occidental de nuestro país, pues vienen explotando, minando y ropiendo el territorio desde adentro, acabando con la fauna y flora, junto con todo un ecosistema para la biodiversidad de las especies.
A pesar que los gobiernos locales han intentado supuestamente frenar esta problemática, sus acciones son mínimas y su lógica de seguridad es enviar a la III Brigada del Ejército a «custodiar» los Farallones, y esto solo ha generado consecuencias en la comunidad pues la ha violentado y no le ha garantizado ni los derechos humanos a la población ni ha cumplido su papel en el cuidado y protección del Parque Nacional Los Farallones.
De esta misma manera, la contaminación de los ríos es consecuencia de las industrias, las basuras y la construcción en las riveras. Y a esto le sumamos, la minería ilegal fortalecida por el comercio ilegal, los intereses económicos de la «gente de bien» entre comillas y la corrupción de los gobiernos locales, solo han generado que esta problemática crezca y los más afectados sean la flora y fauna de nuestros territorios.
A pesar que se tiene información por parte de las autoridades de más de 300 mineros ilegales dentro de la zona, las autoridades no ejecutan acciones, pues entra y sale material por todas las trochas y caminos que hay para llegar a los Farallones. Y la misma comunidad ha comentado que no se judicializa a los responsables. Evidenciando que dominan los intereses económicos en la planeación de la ciudad. Mientras que la expansión urbana y el crecimiento de asentamientos en los cerros de la ciudad, la construcción en las riveras de los ríos como zonas de Pance y las industrias, agudizan la situación.
En ese sentido los gobiernos locales siguen siendo cómplices de las acciones dañinas hacia nuestros territorios. Que hoy la COP16 tenga lugar en la sucursal debe ser motivo de exigencia y atención a esta corrupción, displicencia y mala inversión de las administraciones municipales y departamentales para resolver problemáticas ambientales tan graves como las que hoy vivimos. Las y los caleños no podemos seguir siendo testigos de cómo acaban con la biodiversidad, los ríos y en especial Los Farallones de Cali.
Es necesario un cambio en el modelo de ciudad, donde no se pongan por encima los intereses económicos de la clase alta que solo fortalece dinámicas de economía ilegal como lo es la minería y muchos más ejemplos. Como tampoco seguir promoviendo proyectos de ciudad cimentados en la gentrificación que violenta la vida digna de las comunidades empobrecidas por los beneficios de unos pocos.
Un modelo de ciudad que con sus políticas no está garantizando la vida digna, que violenta y no solo explota a las comunidades sino también a su biodiversidad. Si después de eventos de los que hoy se habla como la COP16 no obligan a los gobiernos locales, departamentales y nacionales a transformar las políticas para el cuidado del ambiente ¡apague y vámonos! Y como sabemos que es un panorama predecible, será necesario seguir fortaleciendo el tejido social y acciones comunitarias que aporten al cuidado y protección de la flora y fauna de nuestros territorios desde la multiculturalidad de saberes y todas las trincheras de lucha.
