Editorial Revista Insurrección N° 938
Comando Central (COCE)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta semana hizo una denuncia terrible contra el régimen colombiano, por haber asesinado el 83 por ciento de los Defensores de Derechos Humanos (DDHH), que mataron en todo el continente en 2023.
Según la CIDH la persecución y exterminio sistemático están dirigidos contra líderes populares que defienden el medioambiente y el territorio, sobre todo en el suroccidente colombiano (Cauca, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca), a quienes además estigmatizan, porque según esta Corte, “es de especial preocupación, que provengan desde las más altas autoridades, que de manera pública y reiterada cuestionan la independencia y veracidad sobre el trabajo realizado por organizaciones defensoras de DDHH”. Consumado este genocidio, las élites dominantes lo tapan con impunidad, por lo cual la CIDH llama al Estado a investigar, juzgar, sancionar y reparar estos crímenes de lesa humanidad.
Al ser una persecución y exterminio sistemáticos, revisten el carácter de Genocidio continuado, que nunca se detiene y se incrementa según sea la crueldad del gobierno de turno; el supuesto posconflicto que debía darse luego de la desmovilización de las Farc en 2016, mutó hacia una mayor ferocidad contra los líderes populares y contra la protesta social. Según documenta Indepaz, este es el acumulado de asesinato de líderes en los últimos años: en 2016 (109), 2017 (163), 2018 (249), 2019 (219), 2020 (252), 2021 (165), 2022 (187), 2023 (105).
La historia de la humanidad enseña que debe investigarse la ruta del dinero detrás de cada crimen y Honoré De Balzac sentenció que: “detrás de cada gran fortuna hay un delito”; detrás de este Genocidio del liderazgo popular se encuentra el viejo régimen especializado en perseguir y exterminar a quienes se le oponen, y en la defensa de la vida y el territorio se alzan las comunidades y sus líderes, exigiendo ser consultados, tenidos en cuenta y no despojados, por cuenta de los megaproyectos mineros y de infraestructura, que saquean los bienes naturales a nombre del modelo económico extractivista, autodenominado Locomotora Minera.La reparación de las víctimas de este Genocidio que exige la CIDH, implica que desmonten la Doctrina de Seguridad que manda a perseguir y exterminar, que desarmen los brazos que perpetran esta matanza, que asuman responsabilidades los determinadores y que haya un cambio en el modelo productivo, que no implique depredar la Madre Tierra ni diseminar la penuria y el dolor como una peste.
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