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La masacre de la familia López Durán el pasado 15 de enero en la vereda La Valera Municipio de Tibú, Norte de Santander, se convierte por sus características en un crimen repudiable cometido por miembros activos del denominado Frente 33 de las ex-Farc, para luego endilgar el hecho al ELN. Esta naturaleza traen a la memoria sucesos que en el pasado marcaron la historia de estos territorios.
La región del Catatumbo conoce bien que habíamos advertido, que si el Frente 33 de la ex-Farc continuaba atentando contra la población e incumpliendo compromisos no quedaba otra salida que la confrontación armada como efectivamente se viene desarrollando.
Pero para comprender, debemos retroceder un poco…
El frente 33 de la ex-Farc es producto del fracasado proceso de paz, y muestra de ello es que parte de su comandancia y combatientes son desmovilizados de las antiguas FARC-EP que fungen como “firmantes de paz” al tiempo que operan como combatientes o milicianos del 33.
Desde el ELN hemos sido críticos de lo que acordó la ex-FARC con el gobierno Santos, hemos respetado el desarrollo de esos acuerdos y a los excombatientes que se comprometieron seriamente con ello desde la legalidad.
Mientras “Richard Suárez”, jefe del 33, personaje siniestro y perverso, aterrizado en la región desde El Caguán para pretender imponer su ley a las y los Catatumberos, cual emperador a destiempo, amenaza con venganza y muerte en el territorio, el presidente Gustavo Petro llegó a Tibú para anunciar “Estado de Conmoción interior y militarización”, mientras sigue aplazando la firma y la ejecución del llamado Pacto Territorial por el Catatumbo, acuerdo comprometido por el Gobierno Nacional y exigido por las comunidades para que el Estado empiece a pagar la histórica deuda social con esta zona del país.
Se repite la historia, a un profundo problema social responden con salidas de guerra.
