Por: Margarita Henao, corresponsal de Antorcha Estéreo.
En las últimas semanas, la Alcaldía de Cali anunció un plan contra los asentamientos irregulares en la ciudad. Con el actual plan que anuncian las autoridades, apoyarán el DAGMA, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), y la Policía Metropolitana de Cali. Afirman que supuestamente la idea es monitorear con drones, cuadrillas de Halcones del Dagma, Halcón de Policía y maquinaria de la Uaesp. Y que hasta ahora con este plan se han podido recuperar 90 hectáreas de predios invadidos. Además, afirman que en el 2025 han realizado 37 desalojos para recuperar más de 40mil hectáreas.
Según un estudio de Secretaría de Vivienda y Univalle, en Cali hay alrededor de 280 ocupaciones irregulares. En especial esta problemática de vivienda se ha presentado en la ladera de la ciudad, en corregimientos como Los Ándes, Pance, La Buitrera, La Elvira, Villacarmelo y Golondrinas.
Sin embargo, este gobierno local con un oligarca de clase alta como Eder en la cabeza, pretende dejar como siempre la responsabilidad al pueblo sobre problemáticas sociales que deberían ser resueltas y atendidas por las autoridades. Pues para nadie es un secreto que el problema de vivienda digna en Cali no es de ahora y las políticas del gobierno tampoco garantizan que esta realidad se transforme.
A esto se le suman otras variables como la gentrificación y la gran desigualdad social que se presenta en la ciudad, la falta de inversión de infraestructura sumado a la falta de inversión social, ha generado que la problemática de la vivienda sea una realidad social, política y económica en la capital.
La defensa de la propiedad privada termina respondiendo a los intereses de una clase en el poder, así como sucedió hace un par de meses con el predio del Club Campestre, cuando cientos de familias viven en la miseria en nuestra ciudad y los ricos evaden impuestos, privatizan la tierra y excluyen al pueblo.
Por otro lado, los asentamientos irregulares han sido también atravesados por el crimen organizado en la ciudad, así como sucedió en su momento en el corregimiento de Navarro al suroriente, donde sujetos revendían predios a las personas para que luego sean desalojadas violentamente, como siempre lo ha venido haciendo la fuerza estatal. Estos desalojos revictimizan a las comunidades en sus territorios y no se legislan políticas que busquen la reubicación y la dignificación de la vida del pueblo.
Finalmente, estas problemáticas se mantendrán en el territorio y en el diseño de ciudad de las grandes urbes de nuestro país hasta que no hayan transformaciones estructurales que garanticen los derechos de las comunidades. Será necesario fortalecer el tejido social, la organización comunitaria y las exigencias desde las diferentes formas de lucha para lograr cumplir la liberación y justicia de los pueblos.
