Por: Elizabeth García, corresponsal de Antorcha.
Entrar a una clínica estética para salir convertida en una desaparecida. Esa es la brutal realidad que vuelve a sacudir a América Latina tras los casos de Yulixa Toloza en Colombia y Blanca Adriana Vázquez en México, dos mujeres que acudieron a centros clandestinos para realizarse procedimientos estéticos y terminaron asesinadas, abandonadas o convertidas en un expediente más de impunidad estatal. Lo que debería ser un escándalo continental se ha transformado en una rutina macabra: clínicas ilegales operando con total libertad, redes de corrupción sanitaria y gobiernos incapaces —o desinteresados— de frenar una maquinaria que lucra con los cuerpos de las mujeres pobres y trabajadoras.
El caso de Yulixa Toloza, en Bogotá, expuso con crudeza esa estructura de abandono institucional. La mujer de 52 años desapareció luego de someterse a una lipólisis láser en una clínica estética ilegal del barrio Venecia. Videos de seguridad mostraron cómo fue sacada inconsciente del lugar por dos hombres y subida a un vehículo particular. Días después, su cuerpo apareció abandonado en una carretera de Cundinamarca. Las investigaciones revelaron que el establecimiento operaba sin permisos sanitarios y aun así funcionaba abiertamente. Incluso, algunos sospechosos fueron liberados por errores procesales, dejando en evidencia una justicia incapaz de responder ante delitos que involucran desaparición, negligencia y feminicidio.
En México, la historia se repite con aterradora similitud. Blanca Adriana Vázquez ingresó a la llamada “Clínica Detox” en Puebla para una supuesta liposucción “express”. Nunca volvió con vida. Las cámaras captaron a personas sacando un cuerpo del establecimiento mientras la familia era engañada con versiones contradictorias. La clínica operaba sin licencias, en un inmueble habitacional y bajo la conducción de personas sin acreditación médica. Pese a las denuncias y las irregularidades visibles, las autoridades actuaron tarde, cuando la mujer ya había sido hallada muerta en Tlaxcala.
La gravedad de estos casos no reside únicamente en la existencia de clínicas clandestinas, sino en el entramado de indiferencia estatal que las sostiene. Durante años, gobiernos y organismos sanitarios han permitido que estos centros proliferen en barrios populares, promocionándose en redes sociales como “alternativas económicas” para mujeres atravesadas por mandatos estéticos y precariedad económica. Cuando ocurre una tragedia, el discurso oficial se limita a prometer investigaciones mientras las familias cargan solas con la búsqueda de justicia. La impunidad se convierte entonces en política de Estado: no hay controles suficientes, no existen campañas preventivas serias y las redes criminales vinculadas a procedimientos ilegales continúan operando con absoluta normalidad.
Pero detrás de cada titular hay algo todavía más profundo: una violencia estructural contra las mujeres que convierte sus cuerpos en territorios de explotación y descarte. América Latina arrastra cifras alarmantes de desapariciones y feminicidios, mientras las instituciones responden con burocracia y silencio. Estudios recientes en México muestran que incluso las leyes contra el feminicidio no han logrado disminuir las desapariciones ni los asesinatos de mujeres en contextos de impunidad sistemática. La pregunta ya no es cómo siguen ocurriendo estos crímenes, sino por qué los Estados siguen permitiéndolos. Porque cuando una mujer desaparece tras ingresar a una clínica ilegal y nadie actuó antes para impedirlo, no se trata de un caso aislado: se trata de una cadena de responsabilidades políticas, judiciales y económicas que sigue dejando cuerpos en las carreteras y familias destruidas buscando respuestas que nunca llegan.
Además, frente a esta crisis humanitaria, distintas organizaciones feministas, movimientos populares y sectores de izquierda vienen planteando la necesidad de una transformación estructural del sistema sanitario y judicial en América Latina. La propuesta no pasa únicamente por clausurar clínicas clandestinas después de cada tragedia, sino por construir un sistema público de salud verdaderamente gratuito, universal y controlado socialmente, donde los procedimientos médicos y estéticos no estén subordinados al negocio privado ni a las mafias que lucran con la necesidad y la presión estética sobre las mujeres. También exigen la creación de unidades especializadas en desaparición y violencia de género como parte de las políticas de Estado, mayores controles estatales sobre centros médicos privados y campañas masivas de educación popular que enfrenten la mercantilización del cuerpo femenino. Porque mientras la salud continúe siendo un privilegio y no un derecho garantizado por el Estado, seguirán existiendo redes clandestinas alimentadas por la desigualdad, la precarización y el abandono institucional.
A todas las mujeres que hoy marchan, denuncian, investigan y sostienen la memoria de las desaparecidas, este artículo también les pertenece. Son ustedes quienes, enfrentando el miedo, el silencio y muchas veces la indiferencia política, han logrado que estos casos no queden enterrados en el olvido mediático. Cada protesta, cada mural, cada consigna y cada abrazo colectivo se transforma en una barrera contra la impunidad. La lucha de las mujeres organizadas ha demostrado que ningún gobierno entrega justicia por voluntad propia: la justicia se conquista en las calles, en los barrios y en la resistencia cotidiana. Por eso, seguir denunciando no es solamente un acto de memoria, sino también una forma de defender la vida de miles de mujeres que aún hoy continúan expuestas a un sistema que las precariza, las desaparece y después intenta silenciarlas.
