Por: Octavia Rebelde, corresponsal de Antorcha.
Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia no pueden leerse como un simple ejercicio democrático. Son, en realidad, la expresión formal de una disputa profundamente desigual en el terreno de un Estado históricamente configurado para garantizar los intereses del capital, la élite política tradicional y los poderes económicos transnacionales.
El triunfo del candidato de la ultraderecha, Abelardo De la Espriella, con una votación estrechamente disputada frente al bloque progresista encabezado por Iván Cepeda, no representa un “mandato popular”, sino la reconfiguración del bloque de poder dominante en medio de la crisis estructural histórica del sistema político colombiano. Más de 25 millones de personas acudieron a las urnas, pero lo hicieron en un escenario marcado por la desconfianza institucional, la manipulación mediática y discursiva, el miedo y la instrumentalización del hambre y la inseguridad como herramientas de control ideológico. El resultado electoral no expresa una voluntad colectiva sino la recomposición hegemónica del bloque oligárquico en medio del desgaste del reformismo impulsado por la administración anterior.
La calle como territorio de disputa
Desde sectores populares, organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles e indígenas, se ha denunciado históricamente que el proceso electoral no resuelve las contradicciones estructurales del país, sino que las profundiza. La aparente “normalidad democrática” en la que tanto insiste la oligarquía ha encubierto durante décadas un sistema de exclusión política donde las mayorías populares continúan sin incidencia real en las decisiones estratégicas del Estado.
La estrecha diferencia electoral abrió inmediatamente un escenario de tensión. Las denuncias de fraude, la desconfianza en el sistema electoral y la sensación de imposición política reactivaron expresiones de movilización en distintas ciudades del país, especialmente en Bogotá, Cali, Medellín y sectores del suroccidente. Las movilizaciones posteriores a los resultados no son un fenómeno aislado ni espontáneo: son la continuación de un ciclo histórico reabierto por el estallido social de 2021, donde amplios sectores de la juventud popular, el movimiento obrero y las periferias urbanas pusieron en cuestión la legitimidad del régimen.
Hoy, las contradicciones estructurales persisten: hambre, precarización laboral, desempleo juvenil, crisis del sistema de salud y concentración extrema de la riqueza. La calle vuelve a ser territorio de disputa, de seguro, en los siguientes cuatro años, será escenario cotidiano de confrontación contra el régimen. Será el momento para que el pueblo consciente y organizado se levante de nuevo y pelee por lo que le ha sido arrebatado.
El nuevo gobierno: autoritarismo neoliberal, disciplinamiento social e injerencia gringa directa
El gobierno de De la Espriella se perfila como un proyecto de profundización del neoliberalismo autoritario. Su programa político apunta al fortalecimiento del aparato represivo del Estado, la criminalización de la protesta social y la expansión de la lógica de seguridad como mecanismo de control de las mayorías empobrecidas. Desde los territorios, las organizaciones sociales alertan sobre un posible incremento de la militarización, especialmente en zonas rurales donde históricamente ha operado el paramilitarismo en articulación con intereses económicos locales y nacionales.
El riesgo de retrocesos en materia de derechos humanos es estructural, no coyuntural. La experiencia histórica demuestra que en Colombia la “seguridad democrática” ha sido la máscara bajo la cual se han legitimado prácticas de persecución política, estigmatización del movimiento social y violencia sistemática contra líderes sociales. Justamente, uno de los elementos más alarmantes es el vínculo directo que parece tener De la Espriella con el paramilitarismo, el cual ha persistido y se ha mantenido en creciente avanzada incluso expandiendo su acción a las ciudades, como hemos denunciado ya. En Colombia, «Seguridad Nacional» es sinónimo de paramilitarismo, doctrina conrtrainsurgente, política del enemigo interno, represión, persecución política, exterminio, desaparición, impunidad.
El gobierno entrante profundiza además la subordinación histórica de la oligarquía colombiana a Estados Unidos entrando en la alineación latinoamericana de gobiernos de derecha que han resultado luego de la injerencia de Donald Trump en varios países. La alineación política e ideológica con el proyecto de la derecha estadounidense —con su expresión máxima en el gobierno actual— implica el reforzamiento de una agenda de militarización regional, control migratorio y guerra contra los pueblos bajo el discurso de la “seguridad”. Esta orientación no es neutral: responde a la necesidad del capital transnacional de garantizar estabilidad para la extracción de recursos y el control estratégico de América Latina en un contexto de disputa global.
La lucha de clases está más vigente que nunca
Colombia no entra en un período de estabilidad, sino en una fase de agudización de la lucha de clases. El resultado electoral no ha cerrado la crisis; por el contrario, nos acercamos a una etapa de máximo tensionamiento que confrontará al pueblo históricamente organizado, que ha resistido y se ha mantenido en pie contra la expresión máxima de dominación y represión. El pueblo debe leer la situación que se avecina como un punto de reconfiguración de la resistencia y un paso hacia la ofensiva, es necesario mantener y fortalecer la organización de base en los territorios, defender la movilización social como derecho legítimo del pueblo, denunciar la represión y la criminalización de la protesta y preparar la articulación de un nuevo ciclo de lucha popular. La historia reciente demuestra que la consigna de Camilo continúa vigente «Las vías institucionales están agotadas» solo queda darle lugar a todas las formas de lucha posibles. El desafío inmediato no es solo resistir el avance del autoritarismo neoliberal, sino reconstruir la capacidad organizativa del pueblo para disputar el poder real, más allá de las urnas, más allá de la institucionalidad y más allá del miedo.
