Por: Eliecer López, corresponsal de Antorcha.
Venezuela enfrenta una de las mayores emergencias sísmicas de los últimos años tras una cadena de movimientos telúricos que sacudió distintas regiones del país. Dos terremotos principales, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia, dando paso a una secuencia de más de 600 réplicas que mantuvieron en alerta a millones de personas. La tragedia dejó miles de afectados, más de 5.000 heridos y un saldo que supera los 1.700 fallecidos según los balances difundidos hasta ahora. Pero más allá del impacto natural, el desastre volvió a poner sobre la mesa una discusión profunda: las catástrofes no golpean a todos por igual, porque las desigualdades construidas por los modelos económicos también determinan quiénes pueden resistir y quiénes quedan más expuestos.
El terremoto no fue un fenómeno aislado ni limitado a un solo territorio. Los movimientos fueron percibidos en diferentes entidades venezolanas, generando daños en zonas urbanas, interrupciones en servicios y afectaciones en viviendas e infraestructura. La emergencia mostró la fragilidad de las ciudades frente a eventos extremos y abrió nuevamente el debate sobre la preparación de los países latinoamericanos ante desastres naturales. La tierra se movió bajo los pies de millones de venezolanos y venezolanas, pero también dejó al descubierto las fracturas históricas de un modelo de desarrollo donde la seguridad de una vivienda muchas veces depende de la capacidad económica de quienes la habitan.
La planificación urbana bajo el capitalismo suele reproducir una desigualdad evidente: mientras algunos sectores acceden a construcciones diseñadas con mejores materiales, supervisión técnica y condiciones de seguridad, las comunidades populares son obligadas durante décadas a levantar sus hogares en medio de la precariedad, la informalidad y la ausencia de inversión suficiente. Venezuela no escapa completamente a esa realidad. Aunque el proyecto bolivariano impulsó políticas sociales y programas de vivienda orientados a reducir la brecha histórica, las estructuras heredadas del sistema capitalista —la especulación inmobiliaria, la desigualdad territorial y la concentración de recursos— siguen teniendo efectos profundos. Los terremotos no crean esas diferencias: simplemente las hacen visibles.
También aparece otra contradicción: la solidaridad internacional y sus dobles estándares. Frente a una tragedia de esta magnitud, la ayuda humanitaria debería ser un principio básico entre pueblos, sin condiciones políticas ni cálculos geoestratégicos. Sin embargo, la historia reciente demuestra que algunos países reciben mayor atención mundial dependiendo de su relación con las potencias dominantes. Surge entonces una pregunta incómoda: ¿habría existido la misma disposición de ayuda si el gobierno venezolano no hubiera sido señalado durante años como un adversario por Estados Unidos y sus aliados? La experiencia con otras emergencias en el Caribe, como los huracanes que han golpeado a Cuba, muestra que no todas las tragedias reciben la misma cobertura ni la misma respuesta internacional. La solidaridad convertida en instrumento político pierde su sentido humano.
La reacción internacional frente a la tragedia venezolana también abre un debate sobre el carácter político de la solidaridad en el escenario mundial. Países como Estados Unidos, España, Francia, Brasil, Colombia, México, Chile, Argentina, Perú, Panamá y El Salvador anunciaron distintos mecanismos de apoyo, desde equipos de rescate hasta cooperación humanitaria. Al mismo tiempo, naciones que históricamente han mantenido relaciones cercanas con Caracas, como China, Rusia, Cuba, Irán y Turquía, también expresaron respaldo o disposición de ayuda. Más allá de las diferencias ideológicas, la emergencia reveló cómo la ayuda internacional suele moverse dentro de un tablero donde pesan las relaciones diplomáticas, los intereses económicos y las disputas por influencia regional.
La tragedia ocurre además en un momento marcado por una profunda disputa geopolítica alrededor de Venezuela, especialmente después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, un hecho que modificó el tablero político regional. En este contexto, sectores críticos señalan que la emergencia humanitaria también puede convertirse en un espacio para reposicionar alianzas, construir nuevas narrativas y disputar la dirección política del país. La ayuda, que debería responder principalmente al sufrimiento de las víctimas, corre el riesgo de transformarse en una herramienta de legitimación para distintos actores internacionales. La historia latinoamericana demuestra que las grandes potencias rara vez actúan únicamente desde la solidaridad; sus decisiones también están atravesadas por intereses estratégicos.
Como organización insurgente, hemos expresado históricamente nuestra solidaridad con los pueblos que enfrentan agresiones, bloqueos y ataques contra sus proyectos de transformación social. Venezuela atraviesa una tragedia que exige acompañamiento, reconstrucción y unidad popular. La crisis sísmica no debe convertirse en una oportunidad para profundizar conflictos políticos ni para utilizar el dolor de las víctimas como arma mediática. La verdadera solidaridad debe estar con quienes sufren, con las comunidades afectadas y con quienes trabajan por reconstruir sus territorios. Porque frente a la fuerza de la naturaleza, las diferencias impuestas por los intereses del poder deberían quedar en segundo plano: ningún pueblo merece ser abandonado.
