Editorial revista Insurrección N 607
Son tiempos difíciles para el movimiento popular y las tendencias políticas que están por los cambios en Colombia. A pesar de las expectativas generadas por los beneficios que traerían los Acuerdos de paz para las comunidades históricamente olvidadas; la situación de exterminio contra las organizaciones y líderes de esas mismas comunidades no cesa; peor aún, viene en aumento alarmante, con el agravante que a sus víctimas las presentan como actores potenciales del conflicto armado. ¿Un líder social, un activista político, una trabajadora sindicalizada, una defensora de Derechos Humanos son parte contendiente del conflicto armado?: ¡Claramente No!
Es claro que las acciones del conflicto armado -en las décadas que ha existido-, ha dejado miles de víctimas. Lo que no se dice abiertamente, o se trata de ocultar es que las víctimas de crímenes de Estado son, en cantidad, mayores que las del conflicto armado. Bien lo identifica el investigador Javier Giraldo, cuando afirma que:
“Un 80% de víctimas de la represión no tienen nada que ver con el conflicto armado, aunque hayan intentado mediáticamente hacerlas aparecer como relacionadas con el mismo. La única manera que tienen los agentes del Estado de darle alguna apariencia legal a un crimen de ejecución, desaparición, masacre, bombardeo, etc. es presentar a las víctimas como “combatientes”.
Giraldo se refiere al exterminio de fuerzas políticas, de sindicalistas, de movimientos campesinos, afros o indígenas, de opositores políticos, de activistas sociales, de defensores de Derechos Humanos, todos ellos no combatientes. Es así como viene en creciente desarrollo un genocidio en Colombia por parte del régimen y su accionar legal e ilegal.
Para que el conjunto de estos hechos violentos se considere como un genocidio, basta resaltar algunos conceptos y relacionarlos con las estadísticas de muertes, amenazas y persecución. Un crimen que afecte a la humanidad y busque destruir la identidad de grupos se supone un genocidio, en la medida que: busca destruir la identidad nacional del grupo oprimido e imponer -a los sobrevivientes- la identidad nacional del opresor. Otra característica enfatiza en que los hechos violentos se deben enmarcar en un plan y unos propósitos específicos, que sean sistemáticos.
Otro elemento que ayuda a caracterizar el genocidio, son las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que orienta ir más allá de los perpetradores inmediatos, ante los crímenes de Estado, porque:
“Resulta imprescindible analizar el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron, diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente, así como de las personas o grupos que estaban interesados o se beneficiarían del crimen(…) En consecuencia, no se trata solo del análisis de un crimen de manera aislada, sino inserto en un contexto (…)”.
En relación a lo anterior, hay que estudiar los casos más recientes de movilizaciones y protesta social, para identificar los mecanismos represivos y el trato estigmatizante, que el régimen da a quienes están en oposición a sus políticas.
La reciente Minga Indígena que se desarrolló en 22 departamentos del país, denunció que 41 indígenas fueron heridos por el Esmad, el Ejército y la Policía, quienes dan un trato de guerra a la protesta social. Según Todd Howland de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU:
“Están intentando crear un entendimiento de que los indígenas son lo mismo que un grupo armado ilegal, y esto es ridículo, inapropiado y estigmatizante”, (…) “Hay necesidad de tratar la protesta social como protesta social de civiles. Esto es bien distinto a cuando estamos en área de conflicto armado. Estamos hablando de gente que no tiene armas, que son civiles, y que la policía tiene la jurisdicción para tratar protestas sociales en Colombia. Estamos indicando, por favor, que se siga la Constitución en razón de las respuestas de estas protestas”.
El Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP– en su Informe “Tumaco: ¿víctima de quién?”, dice que, en el primer semestre de 2017, se le atribuye a los paramilitares un total de 389 victimizaciones y a actores armados no identificados, 484 victimizaciones. Comparado con el primer semestre de 2016, hay un incremento de 26 por ciento respecto a victimizaciones cometidas por paramilitares.
El Banco de Datos del CINEP clasifica como violencia político-social los crímenes cometidos contra personas con participación en procesos políticos y sociales, pero cuyos presuntos responsables se desconocen. En el primer semestre de 2017 se registraron un total de 482 victimizaciones de este tipo. Y el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) de la Policía, solamente en el primer trimestre de 2017, perpetró 273 agresiones contra la protesta social.
Estos datos son la muestra fehaciente del actual proyecto genocida que victimiza al opositor social; a diferencia de las matanzas de hace 30 años contra movimientos de izquierda como la Unión Patriótica, A Luchar, y el Frente Popular. Acciones que tienen un patrón sistemático, que exige una neutralización inmediata.
Ya lo advirtió el Padre Giraldo en la última entrega de la Revista Noche y Niebla:
“Vivimos en el mismo país genocida de antaño y el envenenamiento de los medios masivos contra las insurgencias y sus idearios político sociales; contra ‘las izquierdas’; contra los movimientos sociales; contra toda protesta social y contra las organizaciones de base, es quizás más refinado, pero igual de empedernido que antaño”.
En ese sentido, insistimos que es “un objetivo primordial mejorar la situación humanitaria de la población” durante y después de Cese Bilateral al fuego; por esto exigimos que el régimen cese la agresión contra el movimiento popular y las tendencias políticas que están por los cambios en Colombia, y tomar medidas concretas frente a las autoridades y los mandos de la Fuerza Pública, que están aliados con el paramilitarismo.
