Por: Elizabeth García, corresponsal de Antorcha.
A cinco años del estallido social de 2021 en Colombia, las calles que alguna vez ardieron de indignación hoy parecen atrapadas en un silencio incómodo. Las promesas de cambio que emergieron de aquellas jornadas —y que catapultaron al poder al presidente Gustavo Petro— enfrentan un balance cuestionado: reformas incompletas, demandas sociales sin resolver y una creciente sensación de desencanto popular.
El paro nacional de 2021 marcó un punto de quiebre en la historia reciente del país. Jóvenes, trabajadores, comunidades indígenas y sectores populares se volcaron a las calles exigiendo transformaciones estructurales: acceso a educación, empleo digno, reforma policial y justicia social.
Ese clima de movilización fue capitalizado políticamente en 2022 con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, bajo la promesa de encarnar las demandas del estallido. Su discurso de “cambio” conectó con una ciudadanía agotada del modelo tradicional. Sin embargo, cinco años después, muchos de esos reclamos siguen sin respuestas tangibles.
Uno de los principales cuestionamientos al gobierno Petro radica en el lento avance —o estancamiento— de sus reformas clave. La reforma a la salud, la laboral y la pensional han enfrentado obstáculos políticos, dilaciones en el Congreso y falta de consensos.
Mientras tanto, temas urgentes como el acceso a la educación superior, la precarización laboral juvenil y la violencia en territorios periféricos siguen siendo problemáticas estructurales. Las cifras de desempleo juvenil y la informalidad continúan siendo altas, lo que evidencia una brecha entre el discurso gubernamental y la realidad social.
Aunque el gobierno ha insistido en una narrativa de transformación, en muchas regiones del país la percepción es distinta. Líderes sociales continúan siendo asesinados, y los procesos de paz total no han logrado consolidar resultados verificables.
El estallido social no solo fue una protesta contra medidas económicas, sino contra un modelo de exclusión histórica. En ese sentido, el cambio prometido debía ser profundo y estructural. Sin embargo, para amplios sectores, las políticas implementadas no han alterado significativamente las condiciones de vida.
Sobre esto ¿qué se ha dicho sobre el estallido? Diversos análisis en medios latinoamericanos han coincidido en señalar que el estallido social fue una expresión legítima de descontento acumulado. También han advertido que el reto no era solo ganar elecciones, sino transformar esa energía en políticas públicas sostenibles.
Cinco años después, la discusión ha girado hacia la falta de resultados concretos. Columnistas, analistas y organizaciones sociales han señalado que el gobierno no logró canalizar adecuadamente las demandas populares, lo que ha derivado en una desmovilización progresiva y en una pérdida de confianza institucional.
El balance a cinco años del estallido social no puede reducirse a una simple narrativa de fracaso, pero tampoco puede ignorar el desencanto creciente. La experiencia deja una lección clave: el cambio no se agota en la llegada de un gobierno, sino que requiere organización social sostenida, control ciudadano y construcción colectiva de poder desde abajo.
Más allá de liderazgos individuales, el desafío sigue siendo construir una agenda política que surja de las comunidades, que articule demandas reales y que mantenga independencia crítica frente a cualquier gobierno. El estallido social abrió una grieta en el sistema; lo que sigue es decidir si esa grieta se cierra con frustración o se convierte en un camino hacia transformaciones reales.
