Por: José Emilio Uribe Escobar
Han pasado ya más de dos meses desde que empezaron las fallas en la construcción de la Hidroeléctrica de Ituango, el proyecto insignia de la ingeniería colombiana que prometió resolver el abastecimiento de energía nacional a largo plazo y generar excedentes para exportación. Pasa el tiempo y pocas son las soluciones para los más de 100 mil pobladores potencialmente afectados por el desastre; la zozobra se ha vuelto parte del paisaje para estas comunidades. Sin embargo, las entidades del Estado aún no han tenido la entereza para reconocer las fallas, la justicia no ha operado, y la clase empresarial y política han sido incapaces de ser autocríticos frente a la decisión de construir este megaproyecto.
Aislamiento, angustia y mala comida
En las últimas semanas, los desplazados por este proyecto, que fueron concentrados en albergues «temporales», han denunciado el abandono, desatención de sus necesidades y un régimen de aislamiento más bien parecido al de las cárceles, el cual les impide expresar sus inconformidades ante la opinión pública. Para la empresa EPM y el gobierno, lo único importante es que las comunidades no protesten, y por eso se han asegurado el control militar con Policía y Ejército sobre las zonas afectadas.
Noticias Uno publicó el pasado 4 de junio un reportaje donde queda en evidencia cómo representantes del Estado colombiano trataron de impedir que los damnificados ubicados en el albergue de Puerto Valdivia hicieran sus denuncias ante medios de comunicación (1). EPM, la Defensa Civil y la Policía obstruyeron la labor periodística y atemorizaron a la comunidad para que no diera declaraciones. Al final, detrás de las rejas, los pobladores gritaron «estamos presos por EPM» y dieron declaraciones como que «mandan a personas expertas en callar a los que estamos acá y no podemos hablar, el que hable le tapan la jeta, y cuando ven que la gente se va a rebotar, ahí mandan a otro experto en callar la jeta.»
Lo más escandaloso fueron las declaraciones de una funcionaria de la defensa civil ante la prensa, quien dijo: «EPM-UNE me da la orden de que ustedes pueden ingresar, me entrevistan a mí si quieren con mucho gusto, al Ejército, pero a ninguna de las personas.» Hay que recordar que no es la primera vez que la Defensa Civil actúa como complemento de las Fuerzas Militares y que ésta actitud es contraria a los fundamentos mismos de la constitución que dicen defender los agentes del Estado. Ninguna institución del Estado, ni mucho menos una empresa como EPM, pueden anular el derecho a la protesta o la libre opinión de la gente, que son universalmente protegidos como «derechos humanos».
¿Para qué tanta presencia militar?
La alta presencia de Ejército y Policía no son una casualidad. Se trata de la aplicación de la nueva doctrina de las fuerzas militares, para la cual es prioritario estar presentes y «enfrentar los desafíos» propios de situaciones de desastre natural y calamidades públicas. El mecanismo es sencillo: alimente el miedo de poblaciones vulnerables, intimídelos con una fuerza muy poderosa, preséntese como la única solución (un padre al cual acudir) y aproveche su debilidad para cambiarles el modo de vida de acuerdo a los intereses de grandes empresarios.
Este tipo de experimentos sociales es lo que llaman «La Doctrina del Shock». La escritora estadounidense Naomi Klein, ha documentado casos como los de la dictadura en Chile, el huracán Katrina, el terremoto en Haiti, golpes militares, tsunamis y otros desastres, donde el caos es aprovechado por grupos poderosos para despojar derechos a las comunidades, imponer privatizaciones y asegurar los intereses económicos de empresas multinacionales. En cada una de esas situaciones ha sido indispensable el aislamiento social de los afectados, aumentar su confusión y generar terror a gran escala, elementos todos presentes en el caso Hidroituango.
Una forma de enfrentar el «Shock» es la comunicación y unidad entre las comunidades, estar informados. Sólo de esta manera, la conciencia colectiva puede derrumbar las manipulaciones y ejercer la soberanía de los pueblos que en últimas son los únicos dueños del territorio. Es por esto que en Hidroituango, el gobierno y la empresa le tienen tanto temor a las denuncias y a que la gente deje de sentir angustia y miedo. Si las comunidades se reconocen mutuamente como un conjunto de afectados pueden hacerle frente a los atropellos y a los intereses de muchas empresas multinacionales que hasta el momento no han podido acabar con la minería comunitaria en la región del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Es de esperarse que en medio de este caos, muchas empresas mineras estén pensando en invertir en «ayudas», para así entrar al territorio a explotar el oro, plata, platino y otras riquezas; recordemos cómo los Emiratos Árabes fue el primer país en ofrecer inversión para la reconstrucción de Mocoa después de la avalancha.
La imagen corporativa del fascismo
Para el fascismo, el ser humano no importa, sólo el poder vale, sólo los fuertes pueden existir, sin consideraciones éticas o morales. En un proyecto de país pensado para enriquecer a los más fuertes, no importa poner en riesgo a 100 mil pobladores, sus economías, ni los ecosistemas. Los intereses de la nación («Hidroituango es necesario para el desarrollo») se justifican como superiores a las vidas y sueños de humildes pescadores, campesinos y mineros de Antioquia, Sucre y Córdoba.
Para las empresas que hacen megaproyectos poco importan las comunidades, por eso siempre sus peticiones y reclamos son tratados como problemas para «el desarrollo». A EPM poco o nada le importa la vida de 100 mil personas, por eso poco le importa desplazarlos de sus territorios y hacinarlos en albergues como presos. Este procedimiento de encerrar comunidades completas y aislarlas, es propio del facismo. Lo vimos en la Segunda Guerra mundial con los pueblos gitanos, judíos y negros, en el Apartheid sudafricano, en las dictaduras con los desaparecidos, con la situación carcelaria de los presos en Colombia y lo vemos en el tratamiento a los migrantes ilegales en Estados Unidos.
También es propio del fascismo lavar su imagen para convencer de que los intereses de «La Compañía» son nobles y coinciden con los intereses de la sociedad. Es por esta razón que EPM, sus aliados en los medios de comunicación y el gobierno, se han dedicado a limpiar su imagen, intentando presentarse como una empresa responsable con los impactos del proyecto. A finales de junio pasado EPM entregó en Puerto Valdivia un albergue construido con $3.140 millones de pesos, el cual se muestra como un beneficio para las comunidades: «Con capacidad para hospedar 500 familias, cerca de 2.000 personas, cuenta con espacios acondicionados para mayor comodidad de las personas, con carpas individuales por familia, baños, duchas, zona de comida, espacios de recreación y refugios para mascotas(…) Cuando baje el nivel de alerta, el mega albergue Sevilla quedará como una capacidad instalada en la atención de emergencias en el municipio de Valdivia, como un aporte de EPM a sus habitantes.»(2) El lavado de imagen de «La Compañía» intenta llevar a las comunidades a actuar con agradecimiento por su bondadosa atención y con ello desdibujar su responsabilidad como causantes de la tragedia. Como en la «Doctrina del Shock»: el victimario pasa a ser el padre bondadoso al cual las comunidades víctimas deben agradecimiento y obediencia.
Revertir el Shock
Es así que las comunidades deben estar informadas y analizar otras experiencias que ya han sido afectadas por los megaproyectos y los manejos antidemocráticos que se le da a los desastres desde el gobierno y las compañías privadas. El gobierno de Iván Duque claramente representa la antidemocracia, los intereses de las multinacionales y las grandes compañías, y además cree en la mano dura de la autoridad militar. El peligro que viene ya se está viendo en la violencia contra los líderes sociales, donde un ejemplo macabro es el ataque violento contra el Alcalde de Pueblo Rico Risaralda por supuestamente haber «apoyado al candidato Petro».
Viene un período de violencia contra los que piensan distinto al régimen, contra los más débiles de la sociedad, los diferentes en cuanto a opción sexual, credo y convicción política; sólo estando unidos podrán los pobladores defender el territorio y resistir a los abusos de los poderosos; sólo la organización de las comunidades y la movilización pueden salvar la vida humana y de la naturaleza.
(1) https://canal1.com.co/noticias/defensa-civil-policia-intenta-evitar-damnificados-puerto-valdivia-hablen-los-medios/
(2) https://analisisurbano.org/epm-construyo-mega-albergue-en-valdivia-para-damnificados-por-emergencia-en-hidroituango/
