En el Ejército de Liberación Nacional hemos sostenido que a la hora de esclarecer lo ocurrido en esta compleja guerra que sufre Colombia desde hace décadas sólo hay un principio que suma a la construcción de una paz verdadera: “verdad toda, verdad todos”. Es decir, en la construcción de paz todas las partes deben aportar verdad sobre todo lo ocurrido. Y ese todos es muy amplio en una guerra poliédrica como la nuestra: Fuerzas Militares, Policía, Poder Judicial, Instituciones nacionales, departamentales y locales, empresarios, terratenientes, multinacionales, medios de comunicación, cooperación internacional… Y, por supuesto, movimientos insurgentes como el ELN o las FARC-EP.

La verdad, además, debe ser sobre todo: la violencia directa armada, la violencia generada por la corrupción, el lucro por causa de la guerra, el despojo de tierras, las operaciones irregulares para las concesiones minero energéticas, la violencia cultural, el racismo, la negación de derechos…

Esta verdad, estas verdades, sobre todo y de todos son las que las élites dominantes siempre han rehuido. Unas veces de forma directa y otras, con subterfugios y tretas para evitar honrar la palabra empeñada, por ejemplo, en el acuerdo de paz firmado con las FARC-EP en noviembre de 2016.

Miren si no: el viernes pasado los medios de comunicación del establecimiento hicieron ‘fiesta’ con la citación en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), de algunos comandantes de las FARC-EP por su responsabilidad en los casos de retenciones. La ‘fiesta’ quizá era porque al final, en sólo año y medio, se han torcido tanto los acuerdos sobre la JEP, que sólo serán las FARC-EP las que aporten su verdad sobre los hechos que el régimen decida. Las mismas FARC-EP que ya han realizado varios actos unilaterales de reconocimiento temprano de responsabilidad en hechos de guerra; las mismas que han perdido perdón y han puesto en marcha mecanismos de reparación directos con las comunidades afectadas.

De forma casi paralela se conocieron varios hechos inquietantes. Primero, se hizo pública la sentencia de la Corte Constitucional de noviembre de 2017 sobre el autodenominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición por la que excluyó de la JEP a los terceros civiles (empresarios y agentes estatales que no pertenecen a las Fuerzas Armadas). Esta exclusión, justificada con argumentos jurídicos espurios, acabó de un plumazo con el espíritu del Sistema y hurtó a Colombia una parte muy importante de la verdad porque en la violencia estatal y paraestatal ha jugado un papel clave la alianza de empresarios, funcionarios de registros y agentes locales en los territorios.

La exclusión de los victimarios no militares lo denunciaron algunos de los paramilitares judicializados dentro del llamado proceso de “Justicia y Paz”, pero ni la justicia ordinaria, ni ahora la transicional, han dado pasos decididos para develar lo que se oculta en las cajas fuertes de algunos de los millonarios más famosos del país. Eso lo devela el hecho de que el ministro de Defensa actual venga de la Asociación nacional de industriales (ANDI) y el que sigue llega desde la Federación nacional de comerciantes (FENALCO). ¿Puede haber más prueba de la alianza tenebrosa entre empresarios-ejército, que esta constatación pública?

El segundo hecho que aún colea es la reglamentación de la JEP aprobada en el Congreso –y que probablemente tumbe la Corte Constitucional-, en la que se congela y protege a los miles de militares involucrados en casos de delitos de lesa humanidad y delitos de guerra. Es decir, tampoco conoceremos “su verdad”, esa que, según el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016-2018 del Ministerio de Defensa tiene como meta “construir la memoria histórica de la Fuerza Pública bajo una visión de victoria, transparencia y legitimidad en el conflicto”. Todo está dicho: “Su verdad” ya nace con el sesgo victorioso apoyado por personajes tenebrosos como el actual Ministro de Defensa, Villegas, quien dijo en estos días que nadie puede acusar a un medio de la fuerza pública de atentar contra los líderes sociales (aunque en el prontuario de esas instituciones de guerra haya miles de casos de falsos positivos y miles de soldados y un puñado de oficiales condenados por la justicia ordinaria, antes de que se inventaran el fuero militar para lavar los trapos sucios ‘en casa’).

En resumen: el establecimiento sigue negándose a reconocer su papel protagónico en estas guerras que se han sucedido, aunque todas las pruebas los señalen como el principal violador de los derechos humanos en el país.

El problema es que así no hay paz posible. Puede haber silenciamiento aparente de los fusiles, pero la paz sin “verdad toda, verdad todos” no tiene cimientos y equivale a la paz de los cementerios, del silencio, del miedo, del dolor reprimido. El presidente saliente, Juan Manuel Santos, repite como un mantra que las víctimas son el centro del proceso de paz. Quizá intente que una mentira tenga visos de verdad de tanto repetirla porque, de ser cierta esa sentencia, la verdad debería ser completa y de todas las partes involucradas.

Desde el ELN insistimos en que nosotros estamos dispuestos para asumir y relatar la verdad, para reconocer los errores y pedir perdón allá donde sea necesario, pero también insistimos en que un proceso de paz es un asunto de varios, no de un solo actor. El régimen –y las Fuerzas Militares- llevan años construyendo un falso y exitoso relato del “enemigo único” en el que la guerra, las guerras, sólo es atribuible a las insurgencias. Si un día se abriera paso el principio “verdad toda, verdad todos” que nosotros defendemos, esa narrativa mentirosa y vulgar se desmoronaría como un castillo de naipes. Entre otras cosas, porque los cómplices necesarios en la construcción y difusión de ese relato –los medios de comunicación- también deberían contar “su verdad” y el aparato de guerra informativa empezaría a mostrar su verdadera esencia.

¿Están listas las élites dominantes para la “verdad toda, verdad todos”? No lo parece.