Una de las principales consignas en la pasada contienda electoral fue la lucha contra la corrupción. Esta bandera también la retomaron los seguidores del ex presidente Uribe para lograr el triunfo de Iván Duque, por lo que la coalición gobernante se vio obligada a votar en el Congreso a favor de la realización de una Consulta popular anticorrupción, el próximo 26 de agosto.
Al día siguiente del triunfo de Duque, al jefe del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, ya no le importaba honrar la palabra y anunció que prefería apoyar en el Congreso, los Proyectos de ley del Presidente electo en este tema, en vez de apoyar la Consulta popular anticorrupción, que durante la campaña electoral habían aprobado por conveniencia.
La Consulta anticorrupción, inicialmente impulsada por el Partido Verde, fue respaldada por millones de colombianos y colombianas, quienes firmaron esta iniciativa y la presentaron ante el Congreso de la República para su aprobación. La Consulta contiene 7 medidas, que de ser implementadas, contribuirán a neutralizar esta falla estructural del sistema:
- Reducir los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado,
- Pena de cárcel para los corruptos y prohibición de contratar con el Estado,
- Contratación transparente y obligatoria en todo el país,
- Presupuestos públicos elaborados con participación ciudadana,
- Los Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión,
- Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de los elegidos popularmente y extinguirles el dominio como pena,
- Coloca un tope de máximo tres periodos de elección en corporaciones públicas.
Desde luego que a los operadores políticos de oficio, adictos a los sobornos -llamados comúnmente “mermelada”-, no les convienen las medidas anticorrupción, ni tampoco la vigilancia y control de sus actuaciones personales. Por esto no respaldan la Consulta anticorrupción.
Complementariamente, los esfuerzos de la coalición del gobierno están dirigidos a mantener el dominio de la Contraloría General de la República, órgano de control fiscal y vigilancia de los recursos del Estado; por ello acaban de hacer un pacto entre los expresidentes Uribe, Gaviria y Pastrana, para asegurar la elección de un Contralor de su mayor conveniencia.
Uribe y sus seguidores propusieron a J.F. Lafaurie como Contralor, quien se encuentra implicado en grandes escándalos y procesos legales que van desde tráfico de influencias, hasta la conformación, consolidación y expansión del paramilitarismo en Colombia.
La histórica reunión de tres expresidentes es otro pacto político similar al que ellos mismos hicieron en 1958, que dio lugar al Frente Nacional, en el que se repartieron el poder y la burocracia de manera alternada, excluyendo a otras vertientes políticas y dando inicio al actual periodo de contrainsurgencia, donde clasifican a quienes se les oponen, como “enemigo interno”.
Si quienes dominan en Colombia se apoderan del ente estatal encargado de vigilar el poder, ¿Qué le espera a la sociedad colombiana?
Entonces, la corrupción no puede entenderse simplemente como el delito establecido en la legislación penal. La corrupción y la violencia juntas, han funcionado como mecanismos de mantenimiento del poder económico y político de las elites.
A través del uso clientelar del Estado las clases dominantes aseguran las fidelidades necesarias al interés propio, a la vez que funciona como un mecanismo de sometimiento de los más pobres, en la medida en que la corrupción asigna los recursos a las huestes clientelares, en detrimento de las clases populares. Por ello, en realidad la corrupción se puede medir por las vidas que se pierden por inanición, hambre o enfermedades curables o tratables. Es decir la corrupción tiene unas víctimas visibles y concretas: la corrupción mata.
La corrupción se encuentra en los mismos genes del capitalismo, se encuentra en cada una de las etapas por las cuales este sistema ha transitado. En América Latina, ciertas familias y ciertos círculos sociales se han dedicado a nutrirse del producto y de los bienes colectivos, han hecho de nuestros países un negocio particular y sobre la imagen de estas clases sociales oligárquicas y corruptas, han construido sistemas políticos especializados en la conservación de esos privilegios y del poder.
El discurso neoliberal de la corrupción se ha enfocado en las instituciones públicas, al interior del Estado, pero oculta la corrupción sistémica y la corrupción de la empresa privada y transnacional. Acabar con la corrupción implica hacer un cambio profundo en nuestras sociedades y discutir las relaciones de poder y el modelo económico. Sin embargo, es importante el avance que se pueda lograr en la Consulta anticorrupción de este 26 de agosto y el avance de un movimiento fuerte que devele y neutralice a las elites que se han mantenido en el poder, a través de la violencia y la corrupción.
Si el encargado de “rondar al alcalde”, lo nombra el alcalde, ¿qué le espera a Colombia, en los cuatro años de este Gobierno? Vendrá más concentración de la riqueza y pasar del tercer al primer lugar, como el país más desigual del mundo. Pero también le esperan a Colombia, cuatro años de lucha y resistencia de un movimiento por la paz y la vida, que crece y se fortalece en la búsqueda de verdaderas transformaciones.
