En estos primeros meses de gobierno del Centro democrático, hemos asistido a un significativo ascenso de la movilización social, de la protesta y del reclamo en las calles. Estas presiones sociales, junto al 27 por ciento de aceptación registrado por el Presidente, en las encuestas; son el signo político del momento.
Desde hace 6 semanas en Bogotá y en las otras ciudades capitales de Departamento, la movilización ha tomado las calles. Brotan multitudinarias manifestaciones, distintas actividades de parte de los estudiantes, marchas hacia la capital, desde varios puntos de la geografía nacional. Las movilizaciones del pasado 15 de noviembre fueron masivas, se hicieron sentir y además de los estudiantes, comprometieron a otros sectores que salieron a la calle, a exigir respeto a la educación pública, y el retiro de la Reforma Tributaria, en especial del gravamen del IVA para los productos de la canasta familiar.
Este miércoles, 28 de noviembre, está programada la Toma de las ciudades capitales. Se prevé que en esta ocasión, además de los sindicatos, los estudiantes y otros sectores urbanos, se han de vincular a la jornada, los campesinos, las regiones y el movimiento indígena. En esta convocatoria, han confluido las centrales sindicales, la Cumbre Agraria, las Dignidades, la ONIC, las organizaciones afros, las fuerzas estudiantiles, procesos regionales, otra multiplicidad de organizaciones sociales y la bancada parlamentaria de oposición. También, para el próximo 13 de diciembre, según informa la prensa, se está ventilando la propuesta de realizar un paro nacional.
Al resistirse el Gobierno, al diálogo con los estudiantes en las primeras semanas del paro y al negarse a soluciones que fuesen más allá de los “pañitos de agua tibia” y el engaño, el movimiento universitario se le fue agrandando, hasta juntarse con el rechazo ciudadano a la Reforma Tributaria, desatándose en estas semanas un amplio clima social de descontento, movilización y protestas.
A la fecha el rechazo generalizado a la reforma Tributaria anti popular y la movilización que ha desatado, ha hecho retroceder al Gobierno y lo ha obligado a replantear su proyecto inicial. ¿Hasta dónde lo va a modificar? Esto sigue dependiendo de la presión de la sociedad colombiana.
Para completar el desgobierno, la administración del Centro Democrático, ha venido pateando los procesos de paz. En este bajo propósito, no han conseguido la misma fuerza que tuvieron, cuando eran oposición y “hacían trizas” todo lo relacionado con el proceso de paz. En el Congreso, los seguidores del ex presidente Uribe sólo han podido sacar adelante, algunos de los proyectos dirigidos a seguir arrinconando los acuerdos de La Habana.
Duque en su agenda belicista ha suspendido la Mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, desconociendo los acuerdos que vienen desde el Gobierno anterior. Ha colocado requisitos inaceptables para reanudar el diálogo, precondiciones que acaban de ser negadas en las Comisiones primeras de Cámara y Senado, durante el Primer debate sobre la prórroga de la Ley 418, llamada de “Orden Público”.
El respaldo concedido por Duque al Fiscal General enlodado en el asesinato de testigos claves, sobre el escándalo de corrupción por contratos con Odebrecht, le reporta más rechazo ciudadano al Presidente. Respaldo suicida, que Duque otorga por tratarse del Grupo Aval, el conglomerado más poderoso del país, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el multimillonario que quita y pone presidentes en Colombia.
Estamos ante nuevas realidades en Colombia, donde la dominación de los de arriba no tiene la misma solidez que tuvo durante la presidencia de Uribe (2002-2010), lo que ofrece mejores condiciones para fortalecer la lucha por la paz y por las transformaciones, que mejoren la vida de las mayorías nacionales, objetivo al que le apostamos los revolucionarios.
