El mínimo es miserable
Todos los años los sectores populares vemos cómo el mismo debate del salario mínimo ridiculiza a la clase trabajadora que lucha diariamente por sobrevivir, en un país que le niega oportunidades a las mayorías y perpetúa gobiernos incompetentes que están a favor de las clases altas.
Centrales obreras sentadas en una negociación con los empresarios teniendo de “mediador” al gobierno nacional que siempre ha estado de lado de estos últimos, precisamente acudiendo a los argumentos de la economía neoliberal para no desequilibrar la eficiencia, pero sí desmejorando el bienestar social. Gobierno que la mayoría de veces impone un decreto oficializando aumentos de miseria que se desvanecen con la inflación y los nuevos impuestos que cada 2 años suben con reformas tributarias.
La consigna de Duque y Carrasquilla es bajar impuestos a las empresas y cobrar más impuestos a trabajadores y trabajadoras, mientras la gente se expone a laborar en condiciones indignas, sin estabilidad laboral, acrecentando lo informalidad, arañando unos pesos para la comida diaria, para el arriendo de la casa, la ropa de los hijos y tantas necesidades que pasa la mayoría. Vemos cómo después de cada diciembre nos alcanza para comprar menos cosas, tenemos que reajustar presupuestos, consumir productos de menor calidad que afectan la salud y ganando en el mejor de los casos el famoso salario mínimo y en muchos casos peores menos que eso.
Se hace conveniente reflexionar sobre esta situación para plantear que en la dinámica de la economía capitalista el salario mínimo significa la canasta básica que el patrón (empresario) paga al obrero para que sobreviva y al día siguiente vuelva a su puesto de trabajo con la función de seguir produciendo ganancias para otro. Esa canasta básica no es justamente lo necesario para que una persona se alimente y viva dignamente, pues en Colombia el salario mínimo ni siquiera alcanza para dicha canasta que en realidad sobrepasa 1,300.000 pesos, incluyendo los gastos vivienda, los alimentos, la educación, salud, recreación y comunicaciones.
Se ha anunciado recientemente que la puja entre centrales obreras y el empresariado iniciará con la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) exigiendo el incremento del 12% y de la CGT (Confederación General de Trabajadores) exigiendo el 10% de aumento, mientras que los empresarios ya avisan que no están dispuestos a que el salario se incremente más del 6% y amenazan con que si el aumento es mayor que la cifra que ofrecen despedirán trabajadores. En esos términos, todo seguirá igual y con la calidad de vida de los colombianos y colombianas para el suelo, la única novedad es que el gobierno a través de Alicia Arango (Ministra de Trabajo), quien fuera la secretaria privada de Uribe, anunció que irá a la mesa de negociación con propuesta propia de aumento para que el gobierno ya no sea un “conciliador” si no que exista una tercera propuesta.
Sin embargo, demos por hecho que tal propuesta será algo de propaganda porque el gobierno de Duque es uno de los principales amigos de los empresarios del país y no favorecerá en nada a trabajadores y trabajadoras. Tengamos en cuenta nada más que desde que inició su gobierno el Centro Democrático solo ha perseguido a la clase trabajadora para mantener la ilusoria estabilidad económica.
No importa cómo termine esta repetida negociación salarial, en últimas quizás se defina nuevamente por la imposición de un decreto y no exista un consenso para favorecer a las clases populares, más cuando la mayoría de la gente se la rebusca en la informalidad porque a los sedientos de ganancias económicas poco les interesa que la gente viva bien. Hay que seguir agitando la movilización y la lucha en las calles, que los sectores alternativos puedan abrir opciones en la institucionalidad y existan cada vez más expresiones de pueblo organizado exigiendo nuestros derechos, que no son cosas de mínimos, son cosas de dignidad y de necesidades humanas.
La movilización sí sirve
Si no miremos un momento y que nos sirva como ejemplo la situación actual de Francia, cuando el presidente Emmanuel Macron decretó impuestos a la gasolina y la subida de precios en varios servicios que aumentan el coste de vida de los franceses. Las protestas no han parado desde entonces y el mes pasado se conformó el movimiento de Los Chalecos Amarillos como expresión organizada del pueblo, el resultado: El gobierno francés ha retirado esa política por lo menos por seis meses y esa presión lo hizo acceder a sentarse con la oposición y Los Chalecos Amarillos.
Devolviéndonos a nuestro país, dos ejemplos recientes son el paro y las movilizaciones de estudiantes que tienen sentado al gobierno en negociaciones para rescatar la educación superior pública, existen algunos acuerdos insuficientes pero la fuerza de movimiento se ha hecho escuchar y acompañar de amplios sectores de la sociedad. Además de las también masivas protestas en contra de la ley de financiamiento que provocaron el hundimiento de la propuesta retardataria de subir el IVA a la canasta familiar.
En ninguno de los casos hay victorias absolutas para el pueblo, pero son vivos ejemplos de que las élites siempre nos quieren condenar a vivir de manera miserable y debemos hacerlas retroceder en sus pretensiones . Reafirmamos que las luchas populares son por condiciones de vida digna, por satisfacer las necesidades del ser humano y no por aspectos mínimos que los grandes magnates nos quieran ceder, por eso no nos escandalice cuando un trabajador exija justamente el aumento de su sueldo, ni que las personas protesten por tener mejor atención en hospitales y clínicas, o los estudiantes se movilicen por el incremento de los presupuestos de las universidades y debatan por el cambio de modelo educativo.
Todas estas voces que se levantan son el síntoma del malestar de la sociedad ante un modelo que se sigue desbordando y la expresión de que es un deber mirar hacia horizontes de cambio. Se podrán llegar a acuerdos parciales con las oligarquías, pero no olvidemos que es esencia de las clases dominantes incumplir y traicionar, por eso los acuerdos y victorias parciales obtenidas hay que defenderlas y hacerlas cumplir en las calles. O como nos guía el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos: “Todo pueblo cuyos derechos fundamentales son gravemente ignorados tiene el derecho de hacerlos valer especialmente por la lucha política y sindical, e incluso, como última instancia, por el recurso de la fuerza”.
