Un gobierno autoritario, guerrerista y criminal
El gobierno autoritario colombiano hace oídos sordos a los llamados que provienen desde distintos organismos internacionales, quienes han hecho eco a las permanentes denuncias de organizaciones sociales, por la continuidad del genocidio contra el movimiento popular, la acción irregular y criminal de las mismas fuerzas militares, y el incumplimiento en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Igualmente Duque desconoce los llamados de la ONU y el Papa para la realización de ceses al fuego de conflictos armados, como medidas humanitarias en el marco de la Pandemia, llamados a los que el ELN ha respondido con voluntad, con la realización del cese unilateral realizado en Abril y la propuesta que mantenemos de Cese Bilateral.
Contradictoriamente, mientras Duque desconoce los llamados que le hacen desde la comunidad internacional, es parte de una campaña contra el legítimo gobierno de Venezuela liderada por el imperialismo estadounidense, acude a escenarios internacionales y regionales para ejercer medidas que afectan al conjunto de la población venezolana e inmiscuye a nuestro país en una posible confrontación regional, ya que promueve y participa de acciones militares irregulares, encubiertas, de desestabilización e incursión al hermano país, en conjunto con fuerzas paramilitares, mercenarios internacionales y desertores venezolanos, en el marco de los planes intervencionistas gringos.
El actual gobierno esta plenamente alineado con las fuerzas más retardatarias y fascistas en la región y el mundo, con el paramilitarismo y los narcotraficantes que tratan de expandir su poder, así como permite y promueve el desarrollo de una accionar criminal al interior de las fuerzas militares, de lo cual son ejemplo los distintos escándalos en la fuerzas militares que vinculan a los más altos cargos de la cúpula militar, obligandolo a hacer cambios para tratar de tapar toda la podredumbre que rodea su gobierno autoritario, guerrerista y criminal.
Resistiendo al genocidio y al gobierno oligárquico
El genocidio sistemático en Colombia no se detiene contra el movimiento popular y contra todo aquel que se oponga e interfiera en los proyectos de la oligarquía, así como siguen generando el desplazamiento de comunidades para el desarrollo de megaproyectos de extracción de recursos y de infraestructura para la movilidad de mercancías, que benefician a los mismos a costa de la miseria de las mayorías colombianas. Para cumplir sus objetivos actúan violentamente contra las comunidades y pueblos, que dignamente resisten y se niegan a abandonar sus territorios.
En las últimas semanas registramos los siguientes asesinatos: En Algeciras, Huila, fue asesinado un líder social; en Morales, Cauca, fue asesinado un lider comunal; en Bajo Baudó, Chocó, asesinaron a un líder comunitario y docente indígena de la comunidad; en El Tambo, Cauca, 2 lideres afrodescendientes fueron asesinados; en Tumaco, Nariño, un líder indígena de la comunidad Awa fue asesinado; en Puerto Caicedo, Putumayo, fue asesinado un líder indígena. A esto se suma el asesinato del hijo de un miembro de la Guardia Indígena, asesinado en Toribío, Cauca. Y recientemente comunidad organizada campesina del Catatumbo denuncia que el grupo paramilitar Los Rastrojos realizó una masacre en zona rural de Tibu, Norte de Santander, en la que asesinaron alrededor de 6 campesinos.
Los asesinatos contra miembros de la desmovilizada FARC-EP siguen aumentando, recientemente: un excombatiente fue asesinado en Nariño, otro en la Uribe, Meta, y otro más en Pitalito, Huila. También fueron asesinados dos familiares de un excombatiente en Algeciras, Huila, mientras otros familiares se encuentran desaparecidos. Y un grupo de mas de 70 personas dejaron la zona de reincorporación de Ituango por los constantes asesinatos, amenazas y hostigamientos que han sufrido de parte de grupos paramilitares. Este grupo se dirigió hacia Mutatá, Antioquia. Esta situación sigue evidenciando el incumplimiento del gobierno nacional para cumplir el acuerdo de paz con las FARC y garantizar la seguridad de los excombatientes.
De igual forma, en distintos territorios soldados y policías continúan desarrollando acciones de erradicación forzada, hace poco en zona rural de Puerto Asis, Putumayo, la comunidad se opuso y las fuerzas militares reprimieron con gran fuerza, dejando 2 campesinos muertos y 3 heridos (2 de ellos por arma de fuego).
Ante este desgarrador panorama la esperanza se mantiene firme con las resistencia de este digno pueblo. Desde hace algunas semanas comenzó la Marcha por la Dignidad, propuesta de movilización que ha buscado articular al campo y la ciudad denunciando el genocidio en marcha contra el movimiento popular, las acciones del gobierno contra actores de la oposición en el país, y la crueldades contra la población civil -que involucran a militares y paramilitares-, así como la ilegítima e ilegal llegada de tropas militares estadounidenses al país, y las inadecuadas e ineficaces medidas tomadas por el gobierno nacional durante la pandemia. Hace poco llegó la Marcha a Bogotá, donde fue recibida por diferentes organizaciones sociales y desarrollaron una marcha por la ciudad. Durante su recorrido desde el Cauca la Marcha fue hostigada por miembros de distintos cuerpos de las fuerzas militares. Fueron fotografiados y han querido conocer la identidad de los diferentes integrantes del ejercicio de movilización y denuncia.
Y recientemente han comenzado otras 2 nuevas rutas de la Marcha por la Dignidad, que desde su comienzo han sido hostigadas e intentado ser detenidas por las fuerzas militares, pero siguen avanzando, sorteando las dificultades. Una de ellas salio desde Barrancabermeja y la otra desde Saravena, ambas se dirigen hacia Bogotá. Estos ejercicios de movilización son fundamentales para hacer frente a las políticas del gobierno oligárquico, y para ir reactivando los ejercicios de resistencia, ante el miedo y el control que el gobierno ha promovido aprovechando la pandemia que vive la humanidad.
Contra las crueles y degradas fuerzas militares
Los hechos siguen demostrando la degradación de las fuerzas militares, y las acciones de purga interna con las que tratan de tapar los hechos. Hace poco se conoció que el sargento que denunció la violación de la niña indígena emberá fue retirado del ejercito, él comandaba al grupo de los 7 soldados que cometieron la violación, y aunque obviamente ejercía un mando sobre los soldados, no podemos desconocer que prontamente actuó para denunciar los hechos y que no quedaran en medio del silencio impune que suele reinar en las fuerzas militares. Este hecho también recuerda la situación de los dos policías que fueron parte de las intervenciones realizadas al mafioso Ñeñe Hernandez y que demuestran los fuertes vínculos de la mafia y el narcotráfico en la campaña a la presidencia de Ivan Duque, estos dos policías fueron destituidos y ahora son acusados por la fiscalía de actuar en contra de la ley.
Aunque triste, no dejaremos de mencionar que en Carlosama, Nariño, hace poco 2 menores fueron abusadas sexualmente por 2 soldados, así como 8 infantes de marina fueron destituidos por su participación en la violación a una mujer en Puerto Leguizamo, Putumayo. Según cifras -que muy posiblemente son mayores en la realidad-, la Fiscalía investiga 506 casos, con 544 investigados, por abusos sexuales de parte de miembros de las fuerzas militares.
Ante estos hechos la indignación del pueblo colombiano ha sido generalizada, y aun en medio de la pandemia se han realizado movilizaciones y plantones para denunciar las violaciones y abusos sexuales de las fuerzas militares a la población civil, el más reciente fue el plantón realizado por diversas organizaciones sociales en la ciudad de Cali al frente de un cuartel militar.
Ya van dos años del gobierno del subpresidente Duque en los que se han hecho evidentes sus intereses, mientras las grandes mayorías sufren las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena, sigue gobernando a favor de la oligarquía y en contra del pueblo; promueve por acción e inacción el genocidio contra el pueblo organizado; se arrodilla ante los imperialistas gringos y promueve la guerra en la región. Sus vínculos con la mafia, el narcotráfico, el paramilitarismo, van siendo cada vez más evidentes, y aunque mantienen sendos esfuerzos en acciones conjuntas entre militares y paramilitares para golpear a la insurgencia, los elenos y elenas seguimos en pie, haciendo frente también a la política genocida del gobierno. Por eso, así como desde hace más de 56 años, seguimos firmes en nuestra consigna de ¡Ni un paso atrás, Liberación o Muerte!, y al pueblo colombiano le decimos, ¡Adelante! Pueblo digno en defensa de la Vida y la Paz.
