Contra el paramilitarismo: poder y justicia popular

Por: Fg. Omaira Montoya Henao.

A principios de este año fueron capturados Eduardo Molina Berrio (padre) y Eduardo Molina Obando (Hijo), ambos acusados de pertenecer y dirigir una banda que se dedicaba a la venta de armamento de la fuerza pública, más concretamente del ejército a las diferentes disidencias de las Farc en los departamentos de Cauca y Nariño, además de otros grupos criminales y a civiles en todo el territorio nacional, todo esto con su socio, el Sargento(r) Jhonny Moreno, principal comprador y distribuidor de municiones y granadas robadas en la tercera brigada del Ejército Nacional en el Batallón Pichincha al sur de la ciudad de Cali. Todo lo anterior mencionado se hacia en colaboración con militares activos y retirados que pertenecen a esta estructura que manejan el armamento del Estado con fines privados, lucrándose los bolsillos a partir de sus negocios sucios con diferentes carteles del narcotráfico, sin importar en ningún momento el asesinato de civiles inocentes, y así alimentando desde adentro y en participación activa, todo el andamiaje contra-insurgente del Estado. Sin olvidar que todas estas acciones «corruptas» son también parte de la doctrina militar y estos comportamientos no son ajenos al qué hacer militar del Estado.

Quizá lo anterior no suene raro, conociendo la institución podrida del ejército, no es descabellado pensar que esto esta dentro de sus posibilidades e incluso a una mayor escala de la conocida, incluyendo dentro de este tipo de prácticas a los más altos mandos de las FFMM.

Dentro de las denuncias adelantadas y las pesquisas hechas dentro del caso, sale a relucir algo mucho más grave que no solamente salpica a unos cuantos soldados o civiles que se lucran con el armamento del Estado, el cual hipotéticamente debería de servir para cuidar a toda la sociedad civil, sino que también para salvaguardar la seguridad Nacional.

Según los audios revelados por Caracol Radio (y que se encuentran en manos de la justicia) esta red de corrupción de las putrefactas fuerzas militares, fue la encargada de distribuir y financiar a los grupos de civiles armados que atacaron con disparos de armas reales (no traumáticas) de corto y largo alcance a los manifestantes durante el estallido social del año 2021. Demostrando así que todo lo sucedido especialmente los días 28 y 29 de mayo no fueron resultado de acciones al azar, ni de ciudadanos en «legítima defensa», sino que al contrario, fueron operaciones medidas, calculadas y financiadas por parte de la cúpula militar nacional, policial, los “agentes del orden” en la ciudad de Cali y civiles de los sectores más pudientes de la ciudad.

Hagamos una pequeña píldora para la memoria de los sucesos del bravo paro nacional llevado acabo por la sociedad civil: recordemos que el día 28 de marzo el entonces General Eduardo Zapateiro hace su famosa alocución en donde se ufanaba y aseguraba que iba a recuperar el orden en la ciudad y «limpiarla» de los «bándalos» que estaban «atentando» contra los pobres habitantes de barrios como el de Ciudad Jardín y Pance. Ese mismo día aunque horas antes en la madrugada, el entonces presidente Iván Duque viajaba a la ciudad de Cali a reunirse con las autoridades locales y con grupos de civiles, los llamados «ciudadanos de bien», sobre todo en el sur de la ciudad y en un acto de cobardía extrema termina por devolverse ese mismo día en la madrugada, huyendo de una ciudad que lo detestaba, en donde su imagen y legitimidad estaba por el suelo, además evadiendo la responsabilidad de lo que en horas más tardes sería uno de los hechos más lamentables y vergonzosos de el accionar del Estado en contra de la protesta social.

Ya la orden estaba dada y era clara, enfrentar a los manifestantes con las armas del Estado en manos de civiles. Ya todo estaba cuadrado con la policía y el ejército quienes los iban a cubrir y apoyar con municiones y con «largos» (fusiles). Y es que esto no es que fuese algo novedoso, de hecho este accionar ya venía adelantando y preparando desde el primer día del estallido, pero aquel 28 de mayo las dudas quedarían por fuera y lo que tal vez solo eran sospechas o pequeños indicios, se convertirían en la prueba irrefutable de que el Estado, en la ciudad de Cali reprimía, asesinaba y desaparecía jóvenes protestantes que tan solo salieron a las calles a exigir un mejor futuro. No podemos olvidar durante todo el estallido social en la ciudad de Cali, se llevaron a cabo 3 consejos de seguridad presididos por el ministro Molano, en donde nunca señalaron la violencia paramilitar como algo preocupante.

Tenían recursos de personas pudientes de la ciudad de Cali y además de girar dineros para poder mover la gente que accionó las armas en contra de los manifestantes. Como se escucha literalmente en los audios publicados por Caracol Radio, Eduardo (hijo) llama y pide de a 5 millones para arreglar la vuelta, y el otro hombre le habló sobre la compra de municiones y de traer todas las armas, el lugar que servía para la distribución de todo este material que salía del ejército, era «Lavautos» un pequeño lavadero de autos que queda en inmediaciones del batallón Pichincha.

Estos preparativos estallaron el día 28 de mayo cuando un grupo grande de «ciudadanos de bien» esperaban como buitres de carroña una movilización que terminó en inmediaciones de la Universidad del Valle, ya se estaba dispersando a eso de las 3:30 de la tarde, cuando llegan en camionetas estilo «narcos» en compañía de un grupo nutrido de policías toda la «gente de bien» en ese momento y sin mediar palabra empiezan a abrir fuego en contra de los civiles que corrían atemorizados por su vida, mientras los paramilitares como Andrés Escobar se escondían detrás los uniformados de la policía que lo único que hacían era alentarlos y cubrirlos, cumpliendo así la orden emitida por el Gral. Vargas de la policía, El Gral Zapateiro, el entonces ministro de defensa Diego Molano y el presidente Iván Duque. Todos fuimos testigos de estas acciones, ya que los vídeos del día en cuestión fueron ampliamente conocidos, es donde sale Andrés Escobar y demás paramilitares de «ciudad Bacrim». Todo esto sucedía mientras los mega ricos de la ciudad jugaban tranquilamente Golf en el club campestre de Cali a pocos minutos del lugar de la masacre, mientras se servían coñac y ron, esperando atentamente el registro de bajas, porque para ellos si era claro que estaban en guerra, en guerra contra una clase popular que se había cansado de esperar la muerte a las sombras del gran capital.

Todo este plan criminal fraguado desde el interior del sector mas reaccionario del país, con la idea de castigar a la ciudad que más pelea le dio al enemigo y que terminó siendo uno de los epicentros de la protesta social durante el estallido. El costo que tuvo que pagar la ciudadanía fue enorme, todos los días al caer la noche, detrás del sereno también caía un manto de incertidumbre sobre los manifestantes, donde las tristes preguntas frecuentes eran ¿Será que hoy me toca a mi? ¿Hoy también vendrán a dispararnos? ¿Esa agua que nos donaron tendrá veneno? Para nadie era un secreto que con la llegada de la noche, se alborotaban los sicarios del régimen, que como hienas venían a devorar la alegre rebeldía de nuestros jóvenes, según datos de INDEPAZ y otras Ong’s como Temblores, el saldo de la represión a la protesta social en el país entre el 28 de abril y el 15 de Junio fue 83 HOMICIDIOS, 35 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, 103 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA OCULAR, 1661 CASOS DE VIOLENCIA FÍSICA y 2053 DETENCIONES ARBITRARIAS CONTRA MANIFESTANTES.

Esto deja en evidencia que el Estado paramilitar y las Bacrim de las FFMM cada día innovan en su accionar contra los sectores populares del país, en las ciudades vienen creando grupos paramilitares vestidos de civiles y con armas estatales, sin la necesidad evidente de pertenecer a un macro grupo u organización paramilitar ya conocida aparente, ni moviendo grandes unidades, sino más bien pequeños colectivos armados que son salvaguardados por unidades policiales, quizá también en la necesidad de calmar ese fetichismo burgués de asesinar e ir por la ciudad como si de una cacería se tratase, asesinando jóvenes pobres que solo irán sumando en un listado de bajas y que en sus agendas Louis Vuitton o Versace añadirán como una baja, en la mayoría de los casos, estos sicarios del régimen capitalista son civiles entrenados bajo la doctrina militar actual, convirtiéndolos en unidades de combate disponibles.

A la par de que sucede todo lo acontecido y los procesos avanzan a paso lento como estamos acostumbrados en este país macondiano, viene haciendo eco la voz del joven Julian Palacios Obregón, quien es el principal testigo contra Maria Fernanda Cabal, esposa del dirigente ganadero José Félix Lafaurie, en el caso de creación de grupos paramilitares en Cali. El joven Julian Palacios es el principal testigo, ya que cuenta con el material probatorio de unos audios que se añadirían a esta investigación en contra de la actual senadora del uribismo. Y como ya es costumbre lo que sucede con los testigos del uribismo, el Joven Julian Palacios a finales del mes de marzo sufrió un atentado en contra de su vida, donde alcanzó a salir herido uno de sus escoltas asignados.

Es importante que la sociedad Colombiana exija la reparación y la justicia sobre este caso, e impedir que llegue a la impunidad como muchos otros oscuros momentos de nuestra historia. Quedan muchas preguntas que el gobierno y el estado le debe de aclarar a la familia de las víctimas y a la sociedad en general, ¿Quiénes financiaron? ¿Cuál es la relación de la policía con civiles armados? ¿De dónde sacaron el material de guerra? ¿Quién dio la orden? ¿Quién es el funcionario de la alcaldía que tanto se menciona en los audios?

Es importante reconocer los esfuerzos que se vienen dando desde diferentes sectores que están en contra de la brutalidad policial y van más allá del ejercicio denunciante, sino que también van aunando esfuerzos y haciendo demostraciones por la necesidad de reformas estructurales que le impidan seguir siendo una herramienta de represión para el pueblo colombiano, esfuerzos como el de la Mesa De Trabajo por la Reforma Policial. Exigir también al actual presidente Gustavo Petro que cumpla con sus promesas de campaña y que reformar la policía significa más que cambiarle el nombre a algunas dependencias o vestirlos de otro color, requiere estrategias que cambien la raíz estructural de la policía. También está la necesidad de revisar y cambiar la actual doctrina militar que sigue buscando al enemigo interno y con esta directriz se excusa para que la tortura, la represión, el asesinato, la intimidación, los bombardeos humanitarios y demás practicas que violan el DIH sean el diario vivir de todo el país.

Mientras el actuar de las FFMM del Estado colombiano sigan actuando bajo parámetros criminales, mientras sigan siendo el enemigo de la población en cada rincón del País, el ELN seguirá con su política de defensa del pueblo colombiano, de su derecho a la protesta y salvaguardando su integridad y dignidad. Los sucesos mencionados solo nos legitiman en nuestro accionar contra la fuerza pública, también legitiman nuestras acciones directas, como las realizadas por nuestras unidades urbanas en Puerto Resistencia el 7 de enero del 2023 y muchas más que han castigado el actuar terrorista del Estado. El derecho a la rebelión en este país es cada día mas vigente. El ELN se sigue posicionando como la única fuerza actual con capacidad de combatir el paramilitarismo en selvas, montañas, llanos y ciudades de Colombia.