Por: Octavia Rebelde, corresponsal de Antorcha.
La expansión del paramilitarismo, la connivencia con las fuerzas armadas del Estado y la relación estrecha e histórica mantenida durante décadas entre la clase política y corrupta de la ciudad y un sin fin de bandas que se dedican al crimen se ha convertido en una bomba de tiempo que mantiene a la clase popular en una verdadera emergencia humanitaria.
La ciudad de Cúcuta cubre aproximadamente 8 kilómetros de frontera con nuestro país vecino Venezuela. Frontera en la que confluyen diversas problemáticas sociales, políticas y económicas propias de las fronteras del mundo: El alto tránsito de personas en situación de vulnerabilidad y desprotección, el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de personas, la explotación sexual, entre otras que a su vez se suman a las problemáticas «normales» del crecimiento y la planeación urbana capitalistas como los problemas de agua y saneamiento publico, la informalidad laboral, condiciones laborales injustas, pobreza y miseria, barreras en el acceso a salud, educación y vivienda, etc. Unido a esto, la situación de guerra que vive nuestro país en donde resaltan dos planes que los gringos han impulsado y que afectan profundamente a toda la región: la estrategia contrainsurgente comandada desde los Estados Unidos y secundada por los gobiernos arrodillados de Colombia para exterminar a nuestra organización revolucionaria bajo la lógica del enemigo interno que incluye a liderazgos sociales que estén en contra de los intereses de la oligarquía colombiana o de los Estados Unidos; y el plan de desestabilización del gobierno revolucionario de Venezuela que hizo frente durante mucho tiempo a los intereses yanquis en su tierra y su petróleo, el cual también fue impulsado desde los gobiernos colombianos en repetidos episodios de la historia. Recientemente, en la guerra que hemos librado contra la banda del 33 (frente 33 de las disidencias de las FARC) se ha evidenciado el crecimiento de varias de las problemáticas mencionadas, este crecimiento tiene que ver en gran parte con la sed de control territorial, económico y militar por parte de este grupo y de otros como el Clan del Golfo que establecen dentro de sus objetivos y sus formas de operar el lucro que obtienen de estos negocios.
Como expresión de las problemáticas mencionadas, se configura un entramado nocivo para la clase popular: la expansión del paramilitarismo que se extiende valiéndose de nuevos «brazos» (las bandas locales) a través de los cuales controlan el negocio del narcotráfico y el contrabando en alianza y complicidad con las fuerzas armadas del Estado presentes en el territorio. Así es como tanto el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC como las bandas transnacionales como los AK-47 y el Tren de Aragua se hacen con nuevas alianzas que involucran a bandas más locales del tipo la Familia P, los Mexicanos y los Turcos que se especializan en el sicariato, en el control de ollas del microtráfico y en «favores» a los anteriores. Los actores más grandes guardan relación tanto con esferas amplias de la política corrupta de la ciudad como con las autoridades que van desde policía hasta cuerpos especializados del Ejército que atienden a su vez a los intereses de las élites, del capital, de la estrategia contrainsurgente y de los planes gringos en frontera. En resumen, son evidentes las alianzas entre el paramilitarismo, las élites políticas y corruptas de la ciudad, las fuerzas armadas y las bandas locales que sumadas a los problemas estructurales de Cúcuta se condensan en una gran Emergencia Humanitaria denunciada por liderazgos sociales, organizaciones internacionales de derechos humanos y el movimiento social en general.
Una de las expresiones del incremento de control paramilitar y la conflictividad en la ciudad son los constantes asesinatos a liderazgos sociales que no cesan, así como la intensificación de masacres en la zona urbana y suburbana de Cúcuta. Quizá uno de los casos que más ha conmocionado al país en las últimas semanas, fue el asesinato del periodista Cristian Herrera quien denunció en muchas ocasiones las alianzas entre el paramilitarismo, las bandas locales y la clase política de la ciudad, amenazando de forma directa los intereses de las mismas. Su asesinato no tuvo otro motivo más que ese mismo, la respuesta del Estado a las amenazas previas que ya había recibido fue un esquema de seguridad de la UNP, que como sabemos, no es en ningún caso suficiente; hoy, la Policía Metropolitana de Cúcuta presenta a unos culpables: tres sicarios y un jefe de banda que ya está en la cárcel, como si el asesinato a periodistas no fuera sistemático, como si condenar a tres individuos desmontara todo un aparato criminal en el que ellos mismos están involucrados. Lo peor, es que el caso de Cristian no es el primero, ni el último, según la FLIP, en los últimos 4 años han sido asesinados tres periodistas en Norte de Santander, dos de ellos en Cúcuta haciendo de esta ciudad un lugar de alto riesgo para ejercer este oficio. Adicionalmente, en lo que va de este año se han reportado al menos dos masacres en la zona urbana y suburbana de la ciudad, incrementando los índices de violencia y sumándose al número nacional de masacres que hoy ronda las 54.
La avanzada paramilitar y su alianza con los sectores políticos, las élites y la fuerza pública en el país es cada vez más evidente aunque los gobiernos locales y el nacional intenten ignorarlo y ocultarlo. Resolver La situación que atraviesa la ciudad de Cúcuta pasa por dar solución a las principales problemáticas que aquejan al pueblo, brindar verdaderas condiciones de dignidad para que la clase popular viva de forma en que no sea posible alimentar a los grupos que se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes no tienen acceso a derechos. Por otro lado, el entramado paramilitar y de corrupción debe erradicarse como política de Estado, desmontar desde las entrañas mismas del Estado y los gobiernos locales, departamentales y regionales las alianzas que son parte constitutiva de este sistema enfermo. La doctrina de seguridad nacional que persigue, asesina, desaparece y tortura sistemáticamente debe ser cambiada para que la denuncia y el pensamiento crítico no sigan siendo objetivo militar. Como Ejército de Liberación Nacional, el único proyecto insurgente activo en el país, nos hemos dado a la tarea de pelear contra estas lógicas al mismo tiempo que contrarrestamos los planes gringos en el territorio porque creemos en la soberanía, creemos en que se necesitan transformaciones estructurales que acaben de raíz con los males que han aquejado a nuestra tierra y a nuestro pueblo. Seguiremos en pie de lucha, combatiendo en el campo y la ciudad con certeza en la victoria popular.
