Por: Martha Elena Gaitán
El artículo 40 de la constitución política de Colombia enuncia que todo ciudadano tiene derecho a “Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática” como mecanismos de participación directa de la sociedad para “hacer parte de las decisiones” relacionadas con elementos fundamentales en materia de derechos, economía e inversión social en el país, tanto a nivel territorial como nacional; dichos mecanismos entran a jugar cuando el Congreso de la República quiere presentar una propuesta o manifestar desacuerdo con alguna iniciativa presentada como las reformas formuladas por el gobierno del Pacto Histórico.
El 18 de marzo del 2025, 8 senadores votaron a favor de archivar la reforma laboral, que a todas luces, era un proyecto de ley que buscaba reformar las condiciones laborales de las y los trabajadores, sin tocar elementos estructurales del régimen económico. Contenía artículos relacionados con: remuneración de horas extras, mayor control sobre los contratos por prestación de servicios, establecer límites horarios a las jornadas laborales, garantizar que los contratos laborales entren a regir desde el primer día y otros derechos que la clase trabajadora ha luchado y exigido hace años y que fueron arrebatados con las políticas del uribismo en 2009; esto se suma al paquete de reformas que no han logrado pasar en el legislativo y que, en respuesta, llevó al presidente Gustavo Petro a convocar una consulta popular.
Lejos de sorprender la votación a favor de archivar dicha iniciativa se abre de nuevo una discusión sobre lo que implica una real participación de la sociedad y la posibilidad de tomar decisiones en un sistema político viciado al servicio de los intereses del gran capital.
La convocatoria a la consulta popular se le presenta a la sociedad como una posibilidad de “decidir” sobre algunas de las reformas, sería equivocado plantear un desacuerdo con la idea de que la gente pueda participar cuando en el acuerdo de México que exponía la agenda de negociación entre el gobierno nacional y el ELN quedó consignado que, por esencia, las transformaciones se logran con la actuación protagónica de la sociedad; pero también sería equivocado no plantear que esta medida lejos de ser una salida a favor del pueblo es un escenario que busca a través de un mecanismo institucional medir las fuerzas de los actores políticos que se la van a jugar en las elecciones del 2026.
En los últimos 20 años se han realizado 49 consultas populares de carácter territorial con un 39,2% de votación vs 60,8% de abstencionismo y dos consultas populares de carácter nacional: la consulta anticorrupción y el plebiscito del 2016, ninguna de las dos tuvo resultados favorables; el presidente de Colombia podría interpretar esos datos y concluir que en una cultura política marcada por la falta de cumplimiento de acuerdos y por el abandono estatal, las cifras de participación ciudadana son bajas al corresponderse con una desconfianza con los mecanismos tradicionales de participación, los mismos que se vieron cuestionados en el marco del estallido social y que llevaron a un escenario favorable para su elección ¿Por qué esperar hasta el último momento para llamar a la sociedad a participar? ¿Qué hubiera cambiado en el panorama político si se hubiera cumplido con las promesas realizadas al pueblo antes de los llamados a la movilización y respaldo?
Es lamentable el escenario en el que se encuentra el pueblo colombiano que votó por la oportunidad de un cambio y que en la actualidad está ante la misma realidad marcada por: decisiones entre partidos políticos tradicionales, escenarios de participación ya realizados que terminaron en promesas vacías, esperanzas que se ponen a jugar en función de intereses políticos electorales y económicos, y una instrumentalización de la movilización social sin que se llegue a salidas concretas que atiendan las necesidades de pobreza, exclusión y precarización de la vida. Una derrota en la consulta popular puede significar una nueva derrota para el pueblo lo cual habilitaría nuevos escenarios de lucha como ha sucedido históricamente, la gente en la calle peleando por sus derechos ante un nuevo declive de las instituciones del estado.
El gobierno nacional tuvo la oportunidad de hacer valer la decisión del pueblo tomada en 2022, no solo esperar cada fracaso de las reformas para convocar a las calles dejando ver su decisión de irse por el camino de la permanente negociación con los que son sus aliados y a la vez sus verdugos, el pueblo le extendió la mano con su dignidad histórica y el camino fue crear un acuerdo nacional con el empresariado que no renunciará a su poder y una clase política que no está dispuesta a ceder ante sus intereses.
Presidente, el pueblo ya eligió, usted pudo hacer valer eso tomando el ejemplo de lucha y organización de las masas, pero solo quedó la esperanza que se desvanece en las manos del pueblo trabajador.
