Editorial Revista Insurrección N° 926
Comando Central (COCE)
La matanza de líderes sociales es una tragedia en contra de la Constitución colombiana dijo la alta Corte, en una Sentencia que increpa a un Estado insensible ante el genocidio continuado de líderes de los de abajo, en sus luchas porque el país cambie.
Al referirse al asesinato de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y ambientalistas, hay que dar una explicación sobre el móvil de tales crímenes, que no es otro que impedir los cambios por la fuerza, práctica genocida tradicional en las élites dominantes en Colombia, que perpetran con diversas formas y modalidades de paramilitarismo, tales como cambiarse el brazalete de vieja usanza en las tropas del régimen, también a través de los escuadrones armados que mantienen los clanes que dominan en las regiones, y con los distintos carteles, mafias y bandas que perviven en el país.
El paramilitarismo como expresión degradada del conflicto social, político y armado lo han repotenciado, pese a las distintas escenificaciones que hacen los gobiernos de turno de la política pública de paz, tal enquistamiento en la esencia del viejo régimen obedece a que, ‘el paramilitarismo es el uso ilícito de la violencia contra los de abajo, para imponer los intereses de los de arriba’. Los intereses de los poderosos siguen estando alrededor del monopolio de la tierra, los megaproyectos de infraestructura, agronegocio y extracción de bienes naturales, con los que arrasan, desalojan y despojan a las comunidades, empezando por asesinar a sus líderes, para que imponiendo un clima de terror, la gente deje de luchar por la vida y el territorio.
Es una narrativa cómplice afirmar que “el asesinato de los líderes sociales obedece a una disputa por rentas ilícitas”, cuando pervive la doctrina de seguridad genocida, que clasifica de enemigo interno a quienes se oponen al viejo régimen y luchan por cambiarlo; persecución y exterminio en el que se alían intereses extranjeros, estatales y privados.
En esta coyuntura en que la Mesa de Diálogos de Paz entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, adelanta un Cese el Fuego Bilateral Nacional y Temporal, y resiste una arremetida paramilitar que aumenta la crisis humanitaria en varias regiones del país. Amenaza que obliga a hacer realidad el propósito contenido en la Agenda de negociaciones, que convoca a unir fuerzas para ‘erradicar todas las formas de paramilitarismo’.
