Por: Elizabeth García, corresponsal de Antorcha.
Desde el 1 de febrero de 2026, el precio de la gasolina comenzará a bajar en Colombia, según anunció el Ministerio de Minas y Energía con respaldo del presidente Gustavo Petro. La medida, largamente esperada por amplios sectores populares, llega tras años de aumentos continuos que encarecieron el transporte, presionaron la inflación y deterioraron el ingreso real de millones de familias. Sin embargo, la reducción no puede leerse solo como un alivio económico: también expone las tensiones de fondo sobre quién controla la energía y con qué fines.
La baja se produce luego del cierre progresivo del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo que durante años evitó alzas abruptas, pero a costa de un fuerte peso fiscal. El gobierno optó por trasladar ese ajuste a la población, defendiendo la medida como un mal necesario. El resultado fue un desgaste político evidente, protestas sectoriales y un aumento del malestar social, especialmente en las ciudades, donde el transporte es un gasto cotidiano inevitable.
Aunque la reducción del precio de la gasolina tendrá un impacto positivo inmediato, sus efectos estructurales son limitados. El transporte público no baja automáticamente, los alimentos no retroceden de precio y los servicios básicos siguen atados a una lógica de mercado. Para los sectores populares urbanos —trabajadores informales, repartidores, conductores— la medida alivia, pero no transforma. La economía popular sigue pagando una estructura de costos diseñada sin su participación.
El gobierno habla de transición energética mientras ajusta el precio de un combustible fósil indispensable para la vida cotidiana. Esta contradicción no es solo técnica, es política. Colombia continúa dependiendo del petróleo mientras no exista una alternativa real, pública y accesible. Sin inversión masiva en transporte colectivo, energía comunitaria y planificación territorial, la transición queda en el discurso y el ajuste vuelve a recaer sobre el pueblo.
El precio de la gasolina no responde únicamente a decisiones internas. Está condicionado por el dólar, el mercado internacional y la inserción dependiente del país en la economía global. Esto deja al pueblo colombiano expuesto a crisis externas que no provoca, pero que siempre paga. Mientras la energía sea tratada como mercancía estratégica para el mercado y no como derecho social, la vulnerabilidad persistirá.
Aquí está el punto central que el debate oficial evita: la energía no debe ser definida solo por el modelo energético ni exclusivamente por el Estado. El pueblo colombiano tiene derecho a decidir. Decidir cómo se produce, cómo se distribuye y a qué precio se accede. Esto implica abrir procesos reales de participación popular, control social sobre los recursos estratégicos y construcción de poder desde los territorios urbanos y rurales. La baja de la gasolina puede ser un respiro, pero la transformación solo vendrá cuando la energía deje de ser un instrumento de ajuste y se convierta en una herramienta de justicia social. Sin organización popular, deliberación colectiva y disputa política desde abajo, cualquier alivio será transitorio. La verdadera transición no es solo energética: es democrática y popular.
