El país que tenemos hoy se prefiguró hace más de 40 años, en la década del 70. En ese entonces, con el auge del neoliberalismo, la clase gobernante hizo un pacto en dos ví­as: una fue por la ví­a legal a través del Congreso de la República y otra por la ví­a violenta con la creación del paramilitarismo.

Desde esa época el consenso fue solucionar los problemas por la ví­a violenta, hasta el 2005, cuando sectores internacionales y nacionales decidieron avanzar en un proceso que debí­a darle salida polí­tica al conflicto social y armado. El movimiento social nunca depuso su vocación de paz, de ahí­ sus iniciativas que se encuentran a largo y ancho del paí­s, sembrando agendas comunes aún vigentes. Es por eso que compartimos la apuesta que entiende que la paz debe construirse desde los territorios, y donde el movimiento social sea su protagonista fundamental.

El Acuerdo logrado en la Mesa de La Habana por las FARC no contó con el protagonismo de la sociedad para que sus alcances fueran de más largo aliento. Por eso, la Mesa de Quito con el ELN no puede correr igual suerte. Allí se observa una apuesta por la paz que implique transformaciones, ratificándose esta verdad en el punto 3, titulado “Transformaciones para la paz”.

Ahora, si bien la participación contribuye a transformar las demandas sociales en propuestas de cambios, también es fundamental la participación de la sociedad para detener la imposición de la hegemoní­a económica y judicial que lesiona a los pobres y enriquece a los poderosos.

Poco favor le hacen a la salida polí­tica del conflicto las medidas económicas, judiciales y polí­ticas tomadas por el gobierno en pleno avance de las negociaciones con las FARC; la creación de más impuestos que lesionan el ingreso de los sectores pobres de la población; la implementación de un código de Policí­a que restringe las libertades y penaliza pecuniariamente a los ciudadanos. Así­ mismo, la implementación de paquetes legislativos como la Ley Zidres que legisla para entregarle la tierra a los ricos y poderosos del paí­s.

Estas polí­ticas son medidas de fuerza que favorecen a sectores que se han beneficiado históricamente de la riqueza del paí­s utilizando a su favor las ví­as legales e ilegales. Estas arrogancias del establecimiento le generan dificultades al proceso de paz, ya que generan incredulidad en el camino tomado.

Un enemigo de la paz, quizá el más importante, es la presencia y crecimiento del proyecto paramilitar. Organismos como Indepaz hablan de presencia paramilitar en 351 municipios, contradiciendo los pronunciamientos oficiales y señalando aumento del fenómeno frente a años anteriores.

Un primer acercamiento a la definición de paz, vista como goce pleno de los Derechos Humanos, señala que la participación debe traducirse en caminos para su consecución. Esos recorridos tendrán que hacerse con hombres y mujeres decididos a vivir la paz. A la sociedad de conjunto le corresponde participar en la búsqueda de solución política al conflicto; para ello, la participación del pueblo, más que sujeta a los diálogos, debe ser propositiva, actuante y protagónica.

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