Por: Jacob Gonzalez

Mientras los poderes económicos, con asiento en gobernaciones y alcaldías, firman grandes Megaproyectos en lujosas y alejadas oficinas, el pueblo asume el ejercicio ciudadano de resistencia, y la Mano Negra cumple la sucia tarea -de la clase dirigente- de silenciar sus reclamos. El caso de Hidroituango, que hoy protagoniza los titulares de la prensa nacional, no es ajeno a la situación antes nombrada.

El Proyecto Hidroituango pretende generar el 17% de la energía del país, para lo cual fue desviado el Río Cáuca, poniendo en vilo el territorio donde los pobladores de los municipios Ituango, Briceño, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Yarumal y Valdivia, desarrollan su vida. Al lado del proyecto, donde dividen acciones en pares la Gobernación de Antioquia y las Empresas Públicas de Medellín, se ha gestado la resistencia organizada de los habitantes de algunos de los municipios afectados. Tal es el caso de la Asociaciòn de Victimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) y y La Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA).

Resulta importante resaltar estas dos organizaciones, pues antes de que el país pusiera su atención en la inminente catastrofe ambiental y humana del Megaproyecto Hidroituango, éste ya había arrojado víctimas mortales. Los albergues ubicados en Puerto Valdivia no alcanzaron a salvarle la vida a Hugo Albeiro George, pertenenciente a la organización ASVAM y a Luis Alberto Torres de la Asociación de Pequeños MIneros y Pesqueros de Puerto Valdivia. Quienes fueron asesinados el 2 y 9 de mayo del presente año, en el municipio de Valdivia, a través de la modalidad de sicariato.

Las aguas del Río Cáuca, que destruyeron al menos 200 casas del corregimiento Puerto Valdivia el día sábado 13 de Mayo, además de lodo y piedras, llevaban el grito ahogado de estas dos nuevas víctimas del exterminio sistemático de líderes y liderezas sociales, el cual desde 2016 se ha llevado la vida de 261 personas. ¿Qué intereses defienden los perpetradores de estos crimenes? En anteriores ediciones hemos presentado nuestra postura respecto a la sistematicidad de los asesinatos, que configuran el crimen de genocidio contra el pueblo organizado colombiano. Este caso en particular da cuenta de una de las modalidades del exterminio: las víctimas del “desarrollo”, abanderado por las grandes empresas y sus aliados desde los altos puestos del poder burocrático.

Esta coyuntura, como radiografía de una situación nacional, debe permitirle a las comunidades hacer eco de sus reclamos, los cuales, en un país que pretende construir la paz, no pueden seguir siendo resueltos a plomo. Es necesario que la voz de los pobladores sea protagónica en las definiciones sobre sus territorios. El paradigma de prosperidad económica que la clase dirigente le impone al país, debe estar abierto al dialogo, sin ello no hay esfuerzo de paz que valga. No es posible que los Megaproyectos hidroeléctricos no estén en discusión. El modelo económico es una muralla ante la cual se estrellan los reclamos de las comunidades. La clase dirigente es sorda y repite que no es posible desaprovechar el activo económico presente en el agua, desconociendo los daños ambientales y sociales que acarrean este tipo de proyectos.

El Ejército de Liberación Nacional exalta la memoria de los y las luchadoras por la vida y la permanencia en los territorios; se une al llamado miles de colombianos porque cese la persecución y asesinato de líderes y liderezas sociales, esa fue una de las causas por las que consideramos conveniente entrar a revisar el Cese al Fuego Bilateral (CFBTN) pactado en el año 2017 en la Mesa de Diálogos; y, finalmente, reiteramos la propuesta de un Gran Diálogo Nacional, en el cual toda Colombia, la profunda, esa que hoy paga los costos de las decisiones de la clase dirigente, pueda construir una nación del tamaño de sus sueños y esperanzas. La sordera asesina de la clase dirigente sólo alimenta odios y atiza el fuego con el que la Guerra se nutre.