Por: Elizabeth García y Eliecer López, corresponsales de Antorcha.
La inflación vuelve a golpear el bolsillo popular. Según un reciente informe del ranking mundial de ciudades más costosas, varias ciudades del país encabezan en 2026 la lista de las más costosas para vivir, mientras otras aparecen como “más baratas”. Pero detrás de ese ranking frío y estadístico se esconde una realidad mucho más profunda: millones de trabajadores no logran cubrir sus necesidades básicas, sin importar en qué ciudad residan.
Las cifras, sustentadas en reportes del DANE, muestran variaciones significativas en el costo de vida entre ciudades. Capitales como Bogotá continúan registrando altos niveles de inflación en rubros esenciales como alimentos, arriendos y transporte. Le siguen centros urbanos como Medellín y Cali, donde el crecimiento del precio de la canasta básica supera en varios casos el aumento del salario mínimo.
En contraste, ciudades intermedias aparecen como “más económicas”. Sin embargo, el término resulta engañoso: que el promedio de precios sea menor no significa que la población viva mejor. En muchos de esos territorios los ingresos también son más bajos, la informalidad laboral es mayor y el acceso a servicios públicos de calidad es más precario.
El informe destaca incrementos en alimentos frescos, energía y vivienda. Estos tres componentes representan el grueso del gasto de los hogares trabajadores. Cuando sube el arriendo y la comida, no hay margen de maniobra: la gente deja de consumir proteína, reduce porciones o se endeuda para sobrevivir.
La inflación no puede analizarse como un fenómeno aislado. Responde a un modelo económico dependiente, atado a los vaivenes del mercado internacional y a la especulación financiera. El encarecimiento de insumos importados, la volatilidad del dólar y la concentración empresarial en sectores estratégicos inciden directamente en el precio final que paga el consumidor.
A esto se suma la precarización laboral. Aunque las estadísticas oficiales hablen de recuperación económica, en los barrios populares la realidad es otra: contratos temporales, rebusque diario y plataformas digitales sin garantías. En ese contexto, cualquier alza, por pequeña que parezca en los informes técnicos, se convierte en un golpe demoledor para el hogar obrero.
La pregunta central es quién asume el peso de la inflación. No son los grandes conglomerados ni el capital financiero. Son los trabajadores, los campesinos, los pequeños comerciantes. Mientras las utilidades empresariales se mantienen, el pueblo ajusta el cinturón.
El discurso oficial suele presentar la inflación como un fenómeno técnico que se corrige con medidas monetarias. Pero la realidad demuestra que se trata también de una cuestión política y social. Cuando el mercado dicta el precio de los alimentos y la vivienda sin regulación efectiva, se profundiza la desigualdad.
La brecha territorial agrava aún más la desigualdad. Vivir en la capital puede resultar más caro, pero en muchas de las ciudades consideradas “baratas”, los salarios son tan bajos que la proporción del ingreso destinada a cubrir lo más básico, como la comida y el arriendo, es incluso mayor. Este es un engaño estadístico: no se trata solo de cuánto cuestan las cosas, sino de cuánto gana la gente.
La inflación en 2026 no es solo una cifra: es la confirmación de que el costo de la vida sigue cayendo con todo su peso sobre quienes realmente generan la riqueza. El debate no puede reducirse a clasificar las ciudades en caras o baratas, a señalar números fríos en un informe. Es hora de abrir un debate profundo sobre el modelo económico que nos ha llevado a este punto, sobre la soberanía alimentaria y, por supuesto, sobre la justicia social.
Porque detrás de cada punto porcentual de aumento, hay familias que ya no pueden comer tres veces al día, jóvenes que se ven obligados a posponer sus estudios y adultos mayores que deben elegir entre medicamentos o comida. La inflación no es un dato abstracto ni una simple cifra en los informes oficiales: es un síntoma de la desigualdad estructural que atraviesa cada rincón del país. Es la cara más dura de un sistema que está quebrando a las bases sociales de nuestra sociedad.
