Por: Omaira Montoya
“Cali incluyente” es una iniciativa de la alcaldía de Cali, que supone la vinculación laboral de los jóvenes menos favorecidos, propuesta que surgió después del estallido social del 2021. Hoy, si hablamos de una ciudad incluyente, podemos decir que la administración local está haciendo todo lo contrario, ordenando y permitiendo el desalojo violento de familias en los asentamientos del corregimiento de Navarro.
Entre el desplazamiento y el desalojo
La gran mayoría de las personas que habitan en estos asentamientos populares son sujetos que vienen de una doble victimización, son comunidades que han sido desplazadas de otras partes de Colombia, encontramos habitantes del Cauca y Buenaventura, quienes se han visto obligados a migrar por causa de las diferentes expresiones de violencia de diferentes grupos armados que se encuentran en sus territorios, y llegan a la ciudad. Cali siendo la capital del sur occidente colombiano, históricamente ha recibido la población desplazada, creciendo a partir de los diferentes asentamientos que se han ubicado en las zonas de ladera y riveras del río Cauca.
Todas estas comunidades no solo se han convertido en víctimas de la guerra, durante esta situación se convierten en víctimas del Estado, desconociéndoles el derecho a la vivienda y a una vida digna. Específicamente en el corregimiento de Navarro, en los asentamientos, El Palenque, La esperanza, Villa Victoria, Estambul, Conquista y 7 palos, encontramos un aproximado de 3000 familias que hoy en día se encuentran a la intemperie y sin tener soluciones claras por parte de la institucionalidad que le ha prometido un sin fin de garantías sin cumplirlas, condenadas al abandono estatal.
No siendo suficiente el sufrimiento que ha pasado la comunidad de estos asentamientos, con la violencia encarnizada en diferentes partes del territorio nacional y con el abandono del Estado, hoy se encuentran con un muro de imposibilidades que las instituciones que deberían de protegerlos se conviertan en su principal obstáculo. A las personas de este sector en un primer momento se les habló de la posibilidad de una interlocución con la Alcaldía local para posteriormente llegar a algunos acuerdos que les permitiesen solucionar el problema de la vivienda.
Estos acuerdos no tuvieron una buena salida, ya que la institucionalidad como nos tiene acostumbrados se dedicaron a burlarlos y romper promesas, asaltando la buena fe de la comunidad instalada en este sector. Ellos estuvieron esperando unas condiciones dignas de reubicación, pero se encontraron con la violencia estatal, siendo objeto de la más fuerte represión por agentes del ESMAD (hoy renombrado por el nuevo gobierno como UNDMO, unidad nacional de diálogo y mantenimiento del orden), que paradójicamente en el transcurso del desalojo se dedicó a hacer de todo, pero no a dialogar y mucho menos a mantener el orden.
Mafias que desvían la atención del problema
Es cierto que en medio de la problemática de la tierra y la vivienda, existen mafias y negociantes que quieren aprovecharse de la necesidad de las personas para sacar provecho a intereses particulares. Sin embargo, esto no puede llevarnos a desconocer la raíz de la situación y la complejidad del asunto a la que se enfrentan miles de familias en esta ciudad y en otros territorios del país. Situación que en buena parte es provocada por la guerra histórica de las élites hacia el pueblo, y que con un discurso de culto a la propiedad privada tratan de defender tierras y propiedades que hace años los poderosos invadieron y robaron a sangre y juego.
Los sectores populares no podemos caer en ese juego de defender al opresor siguiendo su discurso de la propiedad privada. Debemos llevar el análisis más allá de tildar a la gente como “invasora” o “vagos que no trabajan”, que “lo quieren todo regalado”, etc. Los problemas reales de esta ciudad y el país requieren debates profundos donde el señalamiento superficial es dañino para toda la sociedad, y más cuando a la par también se justifica la intervención brutal de la policía asesina y el escuadrón de la muerte, casi olvidando todo los desastres que han cometido contra el pueblo colombiano.
Para rematar, la mencionada iniciativa de «Cali incluyente» le está cancelando los contratos a todos los jóvenes que se vincularon laboralmente en este programa. Como quien dice, fue un paño de agua tibia para ayudar a desactivar las movilizaciones, y ahora se hacen los locos para cumplir las promesas que hace meses le hicieron a la comunidad.
