Por: Elizabeth García, corresponsal de Antorcha.
En una histórica resolución, el expresidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de prisión por su liderazgo en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) marca un hito crucial en la lucha por la democracia, un acto de justicia que reivindica la voluntad del pueblo brasileño, el cual en su mayoría eligió al candidato del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Este fallo no solo cierra un capítulo de impunidad, sino que también subraya el peligro que representa el proyecto político bolsonarista, alimentado por el imperialismo norteamericano, que busca socavar la democracia y restaurar la dictadura.
El contexto del golpismo en Brasil
El 8 de enero de 2023, miles de seguidores radicalizados de Bolsonaro asaltaron los edificios del Congreso Nacional, el Palacio del Planalto -sede del gobierno- y la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia. Este ataque, impulsado por el líder ultraderechista y sus aliados, fue el intento final de evitar la posesión de Lula da Silva como presidente, luego de una derrota electoral. A través de la violencia, el golpe buscaba no solo derribar al legítimo ganador de las urnas, sino también reinstaurar un régimen dictatorial en Brasil, un país que aún resiente las cicatrices de la dictadura militar que gobernó entre 1964 y 1985. La condena a Bolsonaro y a varios de sus colaboradores, incluidos altos mandos militares y exministros, pone de manifiesto la gravedad de los crímenes que cometió: intento de golpe de Estado, tentativa de abolir el Estado de Derecho, y daños a bienes públicos protegidos, entre otros.
La condena a Bolsonaro no es solo un acto judicial, sino un mensaje claro sobre la importancia de defender la democracia ante los embates de la extrema derecha. Para muchos, la figura de Bolsonaro representa la agresiva agenda imperialista de Estados Unidos en América Latina, cuyo objetivo es desestabilizar gobiernos progresistas y fortalecer regímenes autoritarios que benefician a los intereses económicos de las oligarquías transnacionales. Sin embargo, a diferencia de lo que a menudo ocurre con las persecuciones políticas que sufren los movimientos de izquierda, el caso de Bolsonaro no se enmarca dentro de la estrategia del “lawfare”, término que describe la criminalización de los opositores políticos mediante el uso de la justicia como herramienta de represión.
Es importante aclarar que, en este caso, la condena no responde a motivos políticos, sino a hechos reales y comprobados: el intento de derrocar un gobierno democráticamente electo. En un momento donde la justicia parece ser selectiva, el proceso judicial contra Bolsonaro marca una excepción, mostrando que la justicia puede actuar con imparcialidad cuando el crimen es evidente y las pruebas son irrefutables.
La justicia lenta pero imparable
El proceso judicial contra Bolsonaro es un claro recordatorio de que la justicia no es un proceso inmediato ni fácil. La impunidad de los poderosos comienza a desmoronarse, y con ella, el velo que había protegido a figuras como Bolsonaro de las consecuencias de sus actos. Esta condena puede compararse con la reciente decisión en Colombia contra el expresidente y paramilitar Álvaro Uribe Vélez, cuyo poder, también sostenido por el imperialismo y la oligarquía colombiana, está comenzando a desmoronarse. Poco a poco, los responsables de crímenes contra los pueblos de América Latina están siendo llevados ante la justicia.
Sin embargo, no podemos olvidar que la justicia no llega por sí sola. La presión del pueblo es crucial. El caso de Bolsonaro demuestra que, cuando la movilización social se organiza y exige justicia, las estructuras de poder, por más sólidas que parezcan, pueden ser derrumbadas. A pesar de la lentitud de los procesos judiciales, es indiscutible que los poderosos están comenzando a enfrentar las consecuencias de sus crímenes. El pueblo, que siempre ha tenido la verdad, debe seguir luchando y exigiendo justicia, pues solo a través de la movilización social podemos garantizar que la justicia se haga realidad. La historia lo demuestra: la justicia es ciega, pero también imparcial, y con la lucha constante del pueblo, los opresores caerán uno tras otro.
Un paso más en la larga lucha por la justicia
La condena de Jair Bolsonaro es una victoria para el pueblo brasileño, para América Latina y para los movimientos democráticos de todo el mundo. No solo es una sanción a un acto golpista, sino también una afirmación de que los crímenes contra la democracia y el pueblo no quedarán impunes. Esta decisión resalta la importancia de mantener la vigilancia social y seguir luchando por una justicia que solo puede ser alcanzada con la participación activa de la sociedad. En este camino, la lucha del pueblo por la verdad y la justicia social es irrenunciable, y como hemos visto, no hay poder que no se pueda derribar cuando el pueblo está decidido a reclamar lo que le pertenece.