La educación como derecho fundamental: reforma a la ley 30

Por: Paula Zetkin, corresponsal de Antorcha Estéreo.

En los últimos meses el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación, ha impulsado la presentación de dos proyectos de ley que buscan reformar la política educativa, para cambiar el enfoque de ver la educación como un negocio y crear políticas que le apuesten a la educación como un derecho fundamental.

El sector estudiantil se encuentra avanzando en espacios asamblearios y de discusión política, una reforma educativa a la ley 30 que rige la educación superior desde hace 31 años. Lo que proponen es que esta reforma busque la integralidad de la educación superior, que dentro de los ejes de esta política se tenga la calidad educativa, el bienestar universitario, la excelencia académica, la financiación, la precarización laboral, género y diversidades.

Entre las problemáticas que se quieren transformar es el presupuesto que entra a las instituciones educativas, pues no ha cambiado en los últimos 30 años, mientras que la cobertura ha aumentado un 253% desde 1993, profundizando la crisis y el déficit presupuestal de las instituciones de educación superior públicas. La infraestructura, la planta profesoral y el presupuesto es el mismo, mientras cada semestre la cantidad de estudiantes que entran a la universidad aumenta.

A esto se suma que al no tener presupuesto, se precariza la labor docente, donde han ido aumentando los profesores hora cátedra, los cuales para las instituciones terminan siendo nóminas más baratas porque no se les paga todas las prestaciones y por otro lado, a los profesores de planta no solo se les exige dar clases sino también el cumplimiento de tareas administrativas que deberían resolverse con más trabajadores. Por eso la reforma y el proyecto de ley que propone el gobierno y la comunidad universitaria busca acabar con esas brechas laborales.

Para esto el gobierno nacional y el Ministerio de Educación tiene proyectado hacer una inversión presupuestal a la educación. Los objetivos de esta reforma se condensarán en dos proyectos: una ley estatutaria y otra ley ordinaria. La primera busca regular el derecho fundamental a la educación y la segunda reformar la Ley 30 de 1992, que organiza la educación superior.

Reconocemos que la reforma a la ley 30 si sigue siendo una apuesta que han querido vender como si fuera un cambio estructural, sin embargo dentro de los actuales proyectos de ley presentados por el gobierno del cambio se identifica que en uno de sus artículos sigue planteándose el Sistema Nacional de Cualificaciones, que en realidad fue el reemplazo de el Sistema Nacional de Educación Terciaria, propuesta de Santos en su momento. Donde se busca que la educación sea acelerada, de tiempos cortos o con pocos componentes académicos, para poder generar mano de obra barata, parecido al modelo educativo del Ministerio de Trabajo en la institución del SENA. Es decir, este proyecto de ley sigue impulsando la vía de Formación para el Trabajo, liderada por el SENA. Además, se sigue planteando este sistema de cualificaciones que no permite la libertad de cátedra al docente ni la autonomía universitaria.

El enfoque de ver la educación del pregrado como una experiencia más de vida y la educación técnica y tecnológica como un proceso acelerado hacia la mano de obra barata y el trabajo, no es coherente con el discurso de promover una educación integral. Mientras se le empieza a dar un enfoque más grande a los posgrados para adquirir ingreso presupuestal a las universidades por la necesidad de actualización y una supuesta «valorización» del talento humano, es decir, entre más cartones y títulos tiene el estudiante, mayores ingresos tendrá; según la dinámica capitalista actual. Esto solo evidencia que a pesar que en el discurso se quiera ver a la educación como un derecho, se sigue viendo como un negocio.

Por otro lado, se plantea que el ICETEX cambiará pero el crédito educativo ya no se está viendo como una opción para el pregrado, sino que concentre su atención en préstamos para la realización de posgrados en el exterior o para estudiar en el sector privado y así seguir alimentando a los grandes empresarios dueños de los medios de producción y de los centros de educación.

Ver la educación como un derecho fundamental pero seguir con un modelo de educación meritocrático de igualdad de oportunidades, podría ser contradictorio. Además, en esta integralidad que se pretende buscar en la educación, se deberá tener en cuenta un elemento significativo actualmente que es la salud mental, poder brindar una atención psicológica de calidad en el alma mater será fundamental para reducir las deserciones y suicidios.

Estos avances son en parte el resultado de la apuestas que desde el movimiento social y la comunidad universitaria se vienen luchando y apostando para un cambio real, que garantice una educación de calidad con bienestar universitario para toda la comunidad. Que en especial afecta las medianas y grandes ciudades, pues es ahí donde se encuentra la gran mayoría de campus universitarios.

Como ELN creemos que estas apuestas deberán seguir fortaleciéndose con todos los sectores de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes y trabajadores; para poder lograr así una verdad educación pública, gratuita y de calidad.