En los últimos 3 años Medellín ha experimentado un crecimiento de la violencia y los homicidios en particular, llegando incluso a acercarse a los niveles del pasado en el cual se catalogó a la ciudad como una de las más violentas del mundo. Las discusiones que se han dado en torno a este tema son muchas, que despiertan preocupación en la población por sus grandes afectaciones. Este es uno de los fenómenos más difíciles de entender, debido a las «inversiones millonarias» que se han hecho en la ciudad durante las últimas alcaldías sin que la violencia se reduzca. Por el contrario, se nota un círculo vicioso en el que la vida y la seguridad de la población cada vez mas está en peligro, aunque para el gobierno local de hoy, la cosa va mejorando.
Según el sistema de información para la seguridad y convivencia (SISC), en Medellín fueron asesinadas 626 personas al finalizar 2018 y en lo que va de 2019 son más de 110, lo que indica una preocupante tendencia al alza. De éstas cifras, el 60% están asociadas a enfrentamientos entre bandas organizadas que se disputan territorios, el microtráfico, extorsiones y otros negocios ilícitos. Según las autoridades de medellín, se han identificado alrededor de 12 bandas en la ciudad dedicadas a las actividades de narcotráfico, homicidios, extorsiones, hurtos y desplazamiento forzado intraurbano (violencia política). Aunque hay unos puntos o focos en la ciudad en donde es mas notoria la violencia, podemos decir que ella se ha generalizado en todo el Valle de Aburrá, que altera la seguridad de la gente y genera desconfianza en las autoridades locales y sus políticas para combatirlas.
La estrategia del actual gobierno de Federico Gutierrez es la de captura con show mediático de los líderes o cabecillas de las bandas, pero no hay una estrategia de desmantelamiento. Los negocios siguen funcionando igual, continúan los desplazamientos forzados internos, la presión militar en los territorios y la desaparición forzada. Es decir, la política represiva y de persecución a los criminales, deja en un segundo plano la prevención del crimen con inversión social, incluso la respuesta de orden nacional históricamente ha sido militar como lo demuestran las operaciones lanzadas sobre los pobladores de la ciudad en el año 2002: Operación Contrafuego, Operación Mariscal, Operación Antorcha y Operación Orión que principalmente buscaron erradicar las guerrillas y abrirle paso al paramilitarismo, presente hoy con nueva cara.
Es importante señalar que en Medellín las manifestaciones de inseguridad, violencia y criminalidad que mas visibles se hacen desde la percepción ciudadana, tienen como trasfondo un conjunto de problemas sociales estructurales no resueltos durante largo tiempo y evidencian la existencia de un orden social injusto y la permanencia y agudización de conflictos económicos y sociales, de exclusiones políticas y marginaciones culturales de amplios sectores de la población. Y es en los territorios en donde entran a terciar los conflictos por los diversos intereses tanto de la comunidad como de las bandas organizadas. En Medellín como en el resto del país lo que caracteriza a los conflictos urbanos en los últimos 20 años es su degeneramiento hacia la violencia criminal, lo que representa la expresión mas aguda de dichos conflictos. Y es que para el gobierno de la ciudad las bandas organizadas y sus actividades, les resultan funcionales a sus políticas de control social y político en tanto que atacan a las organizaciones populares y a sus dirigentes. En esa labor están principalmente La Oficina de Envigado y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Queda claro entonces que las élites económicas y políticas se hacen los de la vista gorda ante la crisis social y económica de la ciudad, pero abren sus ojos y el territorio a la inversión extranjera, a los megaproyectos viales, a la expansión de la construcción, al transporte rentable, a la tecnología, a las hidroeléctricas etc. Mientras éstos proyectos se desarrollan y acrecientan las rentas de los ricos de la región y el país, la población sigue sumergida en sufrimientos, angustias, penurias e injusticias sociales, con el agravante de la descomposición social y la matanza entre los mismos pobres. Ante esta realidad es urgente la unión, la movilización y la lucha de amplios y diversos sectores en la ciudad. Un amplio y fuerte movimiento socio-político que transite por el debate, la discusión democrática y la construcción de propuestas alternativas debe conducir por el camino de la paz con justicia social.
