Por: Margarita Giraldo Builes, corresponsal de Antorcha.
La historia del conflicto armado en Colombia debe narrarse desde las voces de las víctimas, de los campesinos desplazados, de quienes denunciaron los crímenes y terminaron asesinados, y de una justicia que durante décadas ha sido cuestionada por su lentitud, complicidad e impunidad frente a los sectores más poderosos del país, como lo es el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido el jefe de una poderosa maquinaria criminal, judicial, política y económica que por años le ha permitido garantizar su impunidad. Las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de los noventa, son el reflejo de un modelo de guerra donde el control territorial, la concentración de la tierra, la persecución política y la expansión del paramilitarismo dejaron una profunda herida en miles de familias.
Durante esos años Antioquia vivía una de las etapas más violentas de su historia reciente. Mientras el conflicto social y armado se intensificaba, numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos comenzaron a denunciar que la expansión de los grupos paramilitares no podía entenderse como un fenómeno aislado o espontáneo. Diversos informes, testimonios y procesos judiciales señalaron que, en distintas regiones, existieron graves denuncias sobre colaboración del ejército, la policía, los paramilitares y la misma Gobernación de Antioquia. Dentro de este contexto aparece repetidamente, en la sentencia de Justicia y Paz del Bloque cacique Nutibara, el nombre de Álvaro Uribe Vélez, quien era el Gobernador cuando ocurrieron las masacres de El Aro y La Granja, y ha sido vinculado a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de grupos paramilitares y los terribles actos cometidos, por ejemplo la creación del grupo los 12 apóstoles, por el cual su hermano Santiago Uribe Vélez ya fue condenado, y la creación del bloque metro de las AUC, en la hacienda la Guacharacas, una propiedad de la familia Uribe Vélez.
Según el tribunal se ha encontrado evidencia donde Uribe fue informado y tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en El Aro; incluso exparamilitares como Francisco Villalba, quien luego fue asesinado, acusó a Uribe de haber sido el autor intelectual de esta masacre, también se ha mencionado y ratificado por parte del exparamilitar Mancuso, que para esta masacre fue utilizado el helicóptero de la Gobernación de Antioquia para transportar a los paramilitares. Además de tener otras acusaciones por manipulación de testigos, fraude procesal y soborno, lo que le ha servido para silenciar la verdad de sus nexos con el paramilitarismo. Con el paso de los años, víctimas, organizaciones sociales, fiscales, magistrados y jueces han solicitado en diferentes momentos investigar el papel que desempeñó Uribe en relación con esos hechos.
Las masacres de La Granja y El Aro dejaron muertos, desaparecidos, desplazados y comunidades enteras destruidas. Los relatos de los sobrevivientes hablan de asesinatos, incendios, saqueos y el terror impuesto para obligar a los campesinos a abandonar sus tierras. Aquellos hechos no solo cambiaron la vida de cientos de personas, sino que transformaron el mapa social y económico de la región mediante el desplazamiento forzado, como muestra de estos modos operandi, está la expansión de la hacienda el Uberrimo en el departamento de Córdoba, en la cual vive actualmente Álvaro Uribe.
Uno de los hombres que decidió denunciar fue el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Mientras muchos guardaban silencio por miedo, Valle señaló la participación del ejército gubernamental y la policía frente al accionar paramilitar en Antioquia y denunció lo sucedido en El Aro y La Granja. Sus denuncias generaron fuertes tensiones con sectores del poder político y militar de la época. En 1998 Jesús María Valle fue asesinado en su oficina en Medellín. Años después decisiones judiciales concluyeron que su homicidio estuvo relacionado con las denuncias que venía realizando sobre las masacres y sobre la actuación de estructuras paramilitares, teniendo como principales sospechosos de su asesinato a Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe Vélez. Su asesinato se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos y pone sobre la mesa el riesgo que enfrentan quienes intentaba sacar a la luz la verdad en medio de conflicto.
La violencia contra quienes buscaban justicia no terminó. El abogado Eduardo Umaña Mendoza, reconocido defensor de derechos humanos, también fue asesinado después de investigar graves violaciones a los derechos humanos y casos relacionados con el paramilitarismo. Según distintas decisiones judiciales y declaraciones de exparamilitares, entre ellas las de alias “Don Berna”, el crimen fue ejecutado por integrantes de la banda conocida como La Terraza. Décadas después una jueza solicitó ampliar las investigaciones para establecer la responsabilidad de este crimen y la élite de la política regional encabezada por Álvaro Uribe Vélez.
Estas masacres y asesinatos a quien denuncian no es un asunto del pasado, son formas que aún siguen muy vigentes, donde el Estado paramilitar y la oligarquía rancia, siguen teniendo este modus operandi, para silenciar a quienes se les vuelve una piedra en el zapato y decide alzar la voz, lo vemos a diario con el asesinato de lideresas y líderes sociales en cada uno de los rincones del país, de todo esto han quedado heridas muy profundas en nuestro país, que sigue reclamando verdad, justicia y reparación. Y así muchas familias aún esperan que el Estado responda y los responsables como Álvaro Uribe Vélez paguen y estos crímenes tan atroces no queden en la impunidad.
Y así el paramilitarismo tampoco desapareció con la desmovilización de las AUC, con el tiempo logró tener grandes mutaciones, como lo que son hoy las disidencias de las ex FARC; en la actualidad puede verse su transformación y continuidad, así las viejas estructuras dieron paso, en muchos territorios, a grupos sucesores que conservan diversas formas como el control territorial, persecución y asesinato a lideresas y líderes sociales, narcotráfico, control violento de las comunidades y territorios, aunque bajo nuevas formas organizativas y distintos nombres. Esto siendo el legado de terror dado en sus inicios por el investigado y cuestionado Álvaro Uribe Vélez.
La memoria de El Aro, La Granja, de las ejecuciones extrajudiciales (Falsos positivos), de los asesinatos y de las víctimas del paramilitarismo, es una herramienta de lucha contra la impunidad y contra las condiciones que hicieron posibles estos crímenes. Las víctimas, el pueblo y las cuchas nuca olvidan y siempre han tenido la razón de quién dio la orden, y se sigue en deuda con ellos; nunca más se borrará la memoria de los pueblos, ni se desacreditará a quienes han buscado justicia. Y así mientras sigan existiendo estructuras paramilitares y Álvaro Uribe Vélez siga en libertad y dando las órdenes y cometiendo crímenes contra el pueblo, la lucha insurgente seguirá vigente.
