Comando Central (COCE)

El sistema judicial y los entes de control captados por el régimen encubren sus tropelías contra el pueblo, lo que hace brillar los Informes que esta semana publicaron dos Agencias de Naciones Unidas, en los que investigaron Crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra la protesta social.

El primer informe con la asesoría y participación de la ONU saco a relucir la masacre que perpetró la Policía contra 14 personas en Bogotá y Soacha el 9 y 10 del septiembre de 2020, cuando la población se levantó en contra del brutal asesinato del estudiante de derecho Javier Ordoñez, crimen que fue observado en tiempo real por las redes sociales; también en el Informe de la Delegada de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos visibilizaron 46 masacrados por las Fuerzas Armadas durante el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de este año, convocado contra la antipopular Reforma Tributaria y la política neoliberal del régimen.

La persecución genocida que ejecuta el régimen va más allá de estos dos episodios sangrientos, porque es su política permanente contra los opositores, Defensores de Derechos Humanos (DDH), ambientalistas, periodistas y el liderazgo social en general, a quienes han convertido en el objetivo militar predilecto de esta, la actual fase de la Guerra que la élite dominante ha decretado contra el pueblo, con la que hace un escalamiento del Conflicto Interno, que contrasta abiertamente con los discursos de paz de moda luego del Acuerdo firmado con las Farc en noviembre de 2016.

En la presente campaña hacia las elecciones de 2022 todas las fuerzas analizan esta situación de violencia a su manera, muchas se quedan proponiendo nuevas fases de pacificación y otras llegan hasta plantear reformas a las degradadas Fuerzas Armadas, pero pocos abordan a fondo el debate a la de Política Seguridad imperante que clasifica al opositor, al líder social y a la izquierda como Enemigo Interno; además otros eluden plantear cambios de fondo al antisocial modelo económico que origina la protesta social, y los de más allá ni se les ocurre pensar que ante estas situaciones del Conflicto Social, Político y Armado se imponen las soluciones dialogadas y negociadas.

Las pancartas de las manifestaciones de los últimos años son reiterativas en decir que ‘el Gobierno roba, la Policía mata y la Prensa miente’, fiel retrato del Narcorrégimen que sojuzga a Colombia; ahora está por verse si lo que viene en 2022 es un cambio de caras en el Gobierno o somos capaces de ir más allá e iniciar un cambio de régimen.

INSURRECCIÓN 822