Por: Comando Central (COCE)

El 6 de septiembre venció el plazo para que los civiles involucrados en crímenes de paramilitarismo se presentaran voluntariamente ante las Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pero sólo comparecieron 869, el 7 por ciento de los sindicados.

En la jerga acuñada durante la confección de los Acuerdos de Justicia Transicional entre el Estado y las FARC, llaman Terceros a los civiles participantes del Conflicto armado interno, para distinguirlos de los combatientes de las Fuerzas Armadas estatales y de las guerrillas.

En marzo de 2015 la Fiscalía General informó que de los procesos de Justicia y Paz con los paramilitares habían surgido 14.000 noticias criminales, que fueron trasladadas a la justicia ordinaria.

Los sindicados por estos crímenes son: 11.400 empresarios, ganaderos, bananeros, petroleros, ejecutivos de multinacionales y de medios de comunicación; 1.240 dirigentes políticos y 1.274 militares.

Como se puede observar, solamente el 9 por ciento de los implicados son militares y 12.640 (93 por ciento) son civiles.

Por crímenes perpetrados antes del primero de diciembre de 2016, este 6 de septiembre ante la JEP se presentaron apenas 869 (7 por ciento) de los civiles sindicados, lo que significa que el otro 93 por ciento espera que sus procesos mueran en la gavetas de los archivos de la Fiscalía General.

Esta cifra de quienes huyen de la justicia es concordante con los niveles de impunidad registrados en Colombia, que siempre pasan del 90 por ciento de los casos. Lo que permite medir la crisis del modelo de Justicia Transicional pactado con las FARC y lo cómoda que está la élite dominante con su corrupta justicia ordinaria.

Pareciera que le huyen a una  JEP muy estricta, lo que no es cierto, porque desde el primer proyecto de Justicia Transicional acordado con las FARC, el régimen exigió dejar por fuera a los expresidentes, descartó que hubiera responsabilidad de mando por parte de los militares e incluyó amplios privilegios judiciales para los agentes del Estado; recortes con los que desconocen abiertamente el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).

Pasado el plebiscito de octubre de 2016 vino la primera renegociación de lo acordado donde terminaron de eliminar lo poco que quedaba de reconocimiento de la Jurisdicción Universal, competente para conocer delitos del conflicto que trascienden lo nacional, que se rigen por el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional.

Cuando pasó al Congreso de la República éste eliminó las conexidades e impuso que debía ser voluntaria la presentación de los Terceros ante la JEP.

Finalmente, la Ley Estatutaria de la JEP deja abierta la posibilidad para que crímenes cometidos contra personas no participantes del Conflicto armado sean incluidos en esta particular Justicia Transicional; ventana siniestra que les ha permitido a numerosos delincuentes disfrazar sus crímenes como pertenecientes al conflicto y obtener beneficios espurios.

Los casos más críticos de esta ventana siniestra son las ejecuciones de civiles inocentes por parte de militares y policías, conocidos como falsos positivos, los que presentan como guerrilleros dados de baja en combate con el fin de ganar premios en dinero y ascensos; asesinatos que les permite a las cabezas del régimen demostrar la efectividad de las Fuerzas Armadas en la guerra contrainsurgente.

La justificación que hace la JEP de por qué incluye los falsos positivos, como hechos de guerra es delirante:

“Existen razones de peso para sostener, provisionalmente, que la desaparición forzada seguida del homicidio de Diego Alberto Tamayo Garcerá (falso positivo de Soacha) se produjo por la existencia del conflicto armado (…) pues solo si existe un conflicto armado tiene sentido hacer una puesta en escena que simula un combate”.

Lo que inicialmente eran buenas intenciones de hacer una Justicia Transicional para reconocer a las víctimas y sus derechos, la clase dominante lo ha convertido en una lavandería de los victimarios, donde a las víctimas les niegan la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Como la élite no asume su responsabilidad en el conflicto y oculta la verdad, quiere decir que no se arrepiente de sus crímenes y por tanto su voluntad es seguirlos perpetrando; esto obliga a las mayorías nacionales a movilizarse y luchar para que haya una solución política del conflicto, con la que Colombia llegue tener una paz con las transformaciones que se merece.